Presionado por un escándalo de vacunas cada vez más profundo y viendo cómo sus índices de aprobación caen a nuevos mínimos, el presidente brasileño Jair Bolsonaro promulgó hoy la ley que privatiza la estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina, con algunos vetos que permiten eliminar una protección social por un año para los trabajadores que sean despedidos, que había sido aprobada por el Congreso.
La sanción de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y los 14 vetos aplicados por Bolsonaro configuran un mensaje hacia el mercado financiero, que reclamaba por una mayor reducción de exigencias a los futuros nuevos accionistas de Eletrobras.
Entidades de consumidores consideran que el costo de la energía eléctrica será un 15% mas caro que el actual con la privatización, a raíz de que el oficialismo en el Congreso, con ayuda de liberales derechistas opositores, han retirado medidas de control de impacto de precios.
El Gobierno, en cambio, indica que la tarifa se puede reducir en hasta 7,36%, aunque la privatización ocurre en un duro momento de la energía hidroeléctrica de Brasil, su principal fuente, a raíz de la peor sequía de los últimos 91 años en las cuencas del sur y sudeste del país, incluida la del Río Paraná.
La ley determina que la privatización será por venta de acciones de la empresa, que tiene capital abierto y cotiza en la Bolsa de San Pablo, aún siendo estatal: el plan es que Eletrobras deje de tener el 60% del paquete accionario y lo reduzca al 45%.
Bolsonaro, con la promulgación de la ley, retiró toda la cobertura social por despidos que generará la privatización que había articulado el Congreso, incluso su base oficialista, en un contundente mensaje al mercado financiero.
El presidente prohibió que los futuros despedidos puedan adquirir acciones de la empresa con descuento como parte de su indemnización y también eliminó la cláusula que permitía que los futuros despedidos pudieran ser empleados por otras empresas u órganos del sector público vinculado a la energía por "aumentar costos".
La venta de Eletrobras se concreta mediante paquete accionario, como ocurrió también con la gigante de las estaciones de servicios de la petrolera Petrobras, llamada BR Distribuidora, hoy en manos de fondos de inversión que poseen la mayoría accionaria.
Entre vacunas y encuestas
El Senado de Brasil ha estado llevando a cabo audiencias televisadas sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno, durante las cuales se supo que el gobierno de Bolsonaro ignoró las repetidas ofertas para comprar vacunas, incluso de Pfizer.
Más explosiva aún fue la afirmación de un testigo de que, a pesar de que se le advirtió que un acuerdo de vacuna propuesto estaba lleno de dinero extra para funcionarios corruptos, Bolsonaro hizo la vista gorda.
Bolsonaro lo niega, pero un juez de la Corte Suprema aprobó recientemente una investigación sobre el asunto.
Bolsonaro viene enfrentando semanas de protestas callejeras y una encuesta de Datafolha sugiere que, por primera vez, la mayoría de los brasileños ahora apoyan su juicio político, aunque es poco probable por ahora.
Las encuestas también lo muestran detrás de su probable rival en las elecciones presidenciales de octubre de 2022: el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Una figura polarizante por derecho propio, Lula no pudo postularse en 2018 debido a una condena por corrupción, pero fue autorizado para desafiar a Bolsonaro el próximo año.
Bolsonaro sigue siendo amado por los evangélicos, los nostálgicos del gobierno militar y muchos en áreas agrícolas donde la economía está en auge a pesar de una recesión en otras partes del país.
Lo que viene
El Gobierno planea que el Congreso apruebe a fin de año la venta de la estatal Correios, la empresa de logística más grande de América Latina, fundada hace más de tres siglos por el Reino de Portugal, mediante una subasta, en un negocio en el que oficialmente los funcionarios admiten interés de la multinacional argentina Mercado Libre y la estadounidense Amazon, además de los players locales brasileños.
La presidenta del opositor Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, había dicho que en caso de que gane las elecciones de 2022 el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva se iban a revisar medidas como la venta de las empresas públicas.
