El problema de Cuba es el sistema de planificación estatal

El Gobierno cubano parece seguir sin cambios, y radicalizar la represión y el terrorismo de Estado para acallar toda protesta. Pero esto sólo conducirá a más pobreza, descontento y una inestabilidad económica e institucional cada vez más difícil de manejar.

19 de julio, 2021

El problema de Cuba es el sistema de planificación estatal

Por Héctor Rubini (*)

Después de la caída del Muro de Berlín, varios países bajo el sistema socialista optaron por las instituciones económicas del capitalismo y el giro hacia las instituciones políticas bajo la forma (a veces real, a vece solo aparente) de una república gobernada por funcionarios electos bajo el sistema conocido como democracia.

Cuba se mantuvo sin cambios el socialismo y el régimen de partido único, pero la pérdida del sostén financiero y comercial de la exURSS la debilitó en su persistente enfrentamiento con los EE.UU.

Una de las adaptaciones forzadas a la globalización posterior a la Guerra Fría fueron las reformas al régimen monetario-cambiario. Cuba padeció una gran caía del PIB (superior al 50%) entre 1989 y1993 con tasas de inflación anuales superiores al 150%. La crisis económico-social estalló en agosto de 1994 con el histórico “maleconazo en La Habana.

Fue la primera rebelión contra el régimen desde 1959, impulsada por la escasez de alimentos, los cortes de energía eléctrica y de transporte, y la falta de medicamentos, pero sobre todo por la esperanza de romper las barreras para salir de Cuba.

La protesta de la semana pasada es algo diferente. Se inició en San Antonio de los Baños, cuya población ya se hartó de los cortes de energía eléctrica. Sigude inmediato una rebelión nacional gracias a las comunicaciones vía teléfonos móviles en 41 centros urbanos desde Guantánamo hasta Pinar del Río, a casi 1.100 kilómetros de distancia.

El enojo general también obedece a la escasez de alimentos y medicamentos, el manejo de la pandemia del Covid-19 y la falta de libertad política y de expresión. No es un clamor para huir de Cuba, sino para que cambie un régimen político y económico que de exitoso no tiene nada.

En 2020, la caída del PIB fue de 11%, la segunda mayor en el último medio siglo, superada sólo por el derrumbe de 1994 (-14%). La principal fuente de divisas es la exportación de servicios profesionales, básicamente médicos. Pero los cambios políticos de los últimos tres años redujeron su demanda en Brasil, Bolivia, Ecuador y El Salvador.

Además, las restricciones al ingreso de turistas por la pandemia del Covid-19 se han mantenido. Entre enero y mayo de 2021, año Cuba recibió 1.000.000 de turistas menos que en igual período de 2020 (-89% interanual), y también han caído los ingresos por remesas de emigrados.

El Partido Comunista sigue renuente a abandonar la planificación estatal centralizada, y mantiene el predominio del Estado para la extracción de petróleo y gas, y la producción de medicamentos, tabaco y azúcar. La oferta de alimentos sigue siendo limitada por el ineficiente modelo agrícola, con el 80% de la tierra de propiedad estatal, en su mayor parte arrendada productores y cooperativas.

Desde 2018, los productores pueden arrendar por primera vez sólo hasta 27 hectáreas, mientras que las cooperativas no tienen límite. Mas allá de las reformas ensayadas desde los años ’70 sigue siendo un sistema ineficiente prevalecen los controles y mandatos el Gobierno, que impide alcanzar economías de escala y un mínimo de rentabilidad y solvencia financiera.

La consecuencia permanente, no transitoria, es la insuficiente oferta local de agroalimentos: el país importa aproximadamente el 60% de sus alimentos (principalmente arroz, maíz, soja, pollos, porotos y leche en polvo) por unos U$S 2.000 millones anuales. Sin aumento en inversiones, producción y productividad en el sector, hay alimentos sólo si se cuenta con divisas para importarlos.

En el “período especial” (los años posteriores a la caída de la URSS) se permitió una dolarización parcial de la economía: apertura de cuentas bancarias, créditos y ventas minoristas de empresas estatales. Las remesas de emigrados, el turismo y cierta inversión extranjera permitieron evitar un colapso cambiario.

Sin embargo, el déficit de las empresas estatales se financió con emisión monetaria, y ante la suba de los precios, cayó el ingreso real de trabajadores y jubilados, dado que el gobierno mantuvo sus haberes nominales congelados. La presión sobre el tipo de cambio no cedió.

A fines de 1994, el Gobierno introdujo una nueva moneda: junto al peso cubano no convertible a dólar (CUP) pasó a coexistir el peso cubano convertible a dólar (CUC).

El CUP fue utilizado por el Gobierno para pagar salarios, impuestos, servicios públicos, alimentos en mercados de bienes agropecuarios y alquileres y el CUC para servicios turístico, y compra de bienes importados. El tipo de cambio se fijó en 1 CUC por dólar hasta 2004, luego 1,08 y en 2005 se retornó al 1 a 1. Esta nueva moneda se usaba para el pago por servicios turísticos y bienes importados.

En 2004, el Gobierno prohibió la circulación del dólar, permitiendo sólo el CUC en su lugar. En noviembre de ese año se aplicó un control de cambios estricto, y un impuesto de 10% a toda compraventa de dólares (no a los depósitos en dólares preexistentes), vigente hasta julio del año pasado.

Estas medidas incentivaron una desdolarización de depósitos para canjearlos por CUC provistos por el Gobierno, que así logró aumentar sus reservas internacionales. El público utilizó las dos monedas y se permitió la expresión de precios en CUP y CUC. El tipo de cambio oficial oficial quedó fijo en 24 CUP por CUC y 1 CUC por dólar.

Algunos bienes se podían comprar sólo CUC, otros sólo con CUP, y los turistas al cambiar dólares por CUP debían pagar el gravamen del 10%. El Gobierno toleró el uso del CUP, para acceder a bienes y servicios de origen importado en mercados informales. Y también la aparición de múltiples cotizaciones que además generaron distorsiones en el registro de los balances de diversas empresas estatales.

En enero, se lanzó la unificación monetaria convirtiéndose CUC en CUP a razón de 1 a 1 y el de 24 CUP por dólar. Esto significó un salto de 2.300% del precio en moneda local de todos los bienes y servicios de origen importado. Preventivamente se aplicó una suba de 450% a los asalariados estatales y de 500% a las jubilaciones. Un paliativo parcial y que solo llega al 60% de la población. Además, algunas estimaciones no oficiales prevén para este año un aumento de los precios de los alimentos entre 500% y 900% y para los precios al consumidor, una inflación entre 400% y 500%.

La subsistencia sigue, inevitablemente, atada a la fluidez de los mercados informales. El periodista Marc Frank de Reuters mostró el fin de semana las diferencias de precios entre los oficiales y los del mercado informal: lámparas LED (sin stock en tiendas del Gobierno) con un precio oficial de 30 CUP, se vendían en el mercado informal a precios entre 400 y 500 CUP. La leche en polvo, racionada para niños y ancianos, se vende oficialmente a 2,5 CUP por bolsa, pero los vendedores callejeros la venden a 300 CUP. Y el dólar no es una excepción: la cotización oficial del dólar es de 24 CUP, pero en el mercado paralelo cotiza a 70 CUP.

En junio, el Gobierno suspendió el ingreso de dólares y su depósito en cuentas bancarias, como respuesta a una sanción de Estados Unidos del año pasado. Puede complicar en el corto plazo las transferencias de emigrados, pero pueden utilizarse otros canales y monedas, como el euro. Otra moneda escasa cuyo tipo de cambio es de 29,2 CUP, pero en el mercado paralelo cotiza en torno de los 80 CUP.

La evidencia disponible muestra que las sanciones de EE.UU. per se no son tan relevantes como sostiene la propaganda del régimen. El problema fundamental es la ineficiencia del sistema de planificación estatal centralizada y la renuencia a reformas estructurales para permitir la propiedad privada de tierras y de bienes de capital, y la asignación de recursos según mecanismos de mercado, y no de órdenes del Partido Comunista.

El Gobierno cubano parece seguir sin cambios, y radicalizar la represión y el terrorismo de Estado para acallar toda protesta. Pero esto sólo conducirá a más pobreza, descontento y una inestabilidad económica e institucional cada vez más difícil de manejar.

(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)