El proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocido como “etiquetado frontal”, será debatido esta tarde en comisiones de la Cámara de Diputados. La normativa, que tuvo media sanción en el Senado el año pasado, se reactivará después de casi nueve meses de sueño en los cajones del Congreso.
La iniciativa será tratada en las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria, que se reunieron por última vez el 6 de abril. El proyecto fue consensuado entre legisladores del oficialismo y la oposición y apoyado por el Ejecutivo. La industria está en contra y pide cambios en el texto. La norma también intentará regular las publicidades de estos alimentos y su venta en entornos escolares.
El etiquetado frontal en los alimentos busca concientizar a la población sobre los componentes nutricionales de la comida envasada, a partir de etiquetas octogonales negras que dirán "Alto en grasas", "Alto en sodio", "Alto en azúcares", entre otros indicativos al frente de los paquetes, latas y botellas. Esa etiqueta deberá estar ubicada en la parte frontal del envase y su tamaño no puede ser menor al 5% del tamaño del mismo. Las características del etiquetado fueron tomadas de una ley similar, sancionada en 2016 en Chile.
Funcionamiento
El proyecto además establece que, en el caso de los productos con edulcorantes, el envase debe contener una leyenda precautoria, inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia, que señale "Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as". En tanto, los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En tanto, el texto exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, sal de mesa, aceites vegetales y frutos secos. Al tiempo que obliga a las empresas a declarar el contenido cuantitativo de azúcares, entendiéndose como hidratos de carbono simples (disacáridos y monosacáridos), en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano.
Entre otros aspectos, el proyecto prohíbe que los alimentos y las bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia, incorporen información nutricional complementaria; logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles; y personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, entre otros.
Por otro lado, el artículo 19 de la norma fija plazos para que la industria alimentaria se adapte a la ley. Se otorgará un máximo de seis meses desde la entrada en vigencia para las grandes empresas, mientras que las micro, pequeñas y medianas tendrán 12 meses más, con posibilidad de prórroga. Desde la oposición buscan extender esos plazos y criticaron que el proyecto no dice cuál será la autoridad de aplicación, algo que en esta ley será determinante.
Idas y venidas
En Juntos por el Cambio están convencidos de que el oficialismo cedió gracias a la presión de la oposición y de organizaciones civiles que militan la ley, como Unicef. Sin embargo, advierten que las “marchas y contramarchas” del Frente de Todos imposibilitaron hasta el momento cualquier tipo de diálogo.
El ala kirchnerista puja por avanzar con el texto del Senado sin cambios para no dilatar más el debate y, en todo caso, realizar los retoques necesarios en la reglamentación. Una de las abanderadas más firmes de la causa es la camporista Florencia Lampreabe, que se apresuró a decir que la “voluntad” de su bloque es no alterar el proyecto.
Del lado de enfrente, Pablo Yedlin (también del FdT), diputado por Tucumán y presidente de la Comisión de Salud, asegura estar a favor de la ley, pero pide algunos ajustes para armonizar la normativa con el Mercosur. Esa fue la postura que llevó a las comisiones el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, que también es tucumano.
Otro punto importante en la discusión es la presión que ejercen las provincias azucareras, sobre todo Tucumán. Cabe recordar que dos de los únicos tres votos en contra de la ley en el Senado fueron de representantes de esa provincia.
La exposición de Neme desorientó a los propios y marcó un punto de inflexión: en la primera reunión informativa, el funcionario de Cancillería advirtió que podría peligrar el comercio con Brasil, donde Argentina exporta “US$ 1.500 millones anuales en alimentos envasados”. El país vecino adoptó el sistema de lupa, que comenzará a regir en dos años. Por eso, algunas fuentes del oficialismo dejaron trascender que se esperó a que Argentina abandonara la presidencia pro tempore del bloque regional para avanzar con el etiquetado frontal en Diputados.
¿Es necesaria?
Existieron varios sectores que apoyan esta normativa. Entre ellos se encuentra Unicef, la Fundación Interamericana del Corazón y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por el lado de la sociedad civil, se manifestaron a favor personalidades como la chef Narda Lepes, entre otros.
“La ley garantiza un derecho fundamental que es el de la información y la salud. Por ejemplo, las empresas hoy no están obligados a informar o advertir cuánta azúcar le agregan a los productos o cuándo es excesivos en base a parámetros científicos”, comentó la periodista y especialista en industria alimentaria Soledad Barruti, ante El Economista.
Barruti rescató la necesidad de prohibir la publicidad dedicada a niños y niñas para los productos marcados con los octógonos. “Las marcas deberían apoyar estas medidas, porque las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y la obesidad infantil crece sostenidamente”, resaltó.
Por último, la especialista y autora del bestseller “Malcomidos” (2013) solicitó que la ley sea sancionada “igual a la que salió del Senado, sin modificaciones”. “La experiencia internacional marca que las empresas se pueden adaptar a estas regulaciones y que no hay peligro en términos de empleo o cierres de empresas”, concluyó.
Críticas
Para el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, el proyecto “tal como está planteado, atenta contra el desarrollo y productividad del sector”. “Entendemos que el etiquetado frontal es una herramienta clave para la toma de decisiones de los consumidores, reiteramos que nuestro sector quiere un etiquetado frontal”, dijo Funes de Rioja ante El Economista.
Para el empresario, “la normativa representa un obstáculo para una industria que no solo alimenta a argentinos, sino que también exporta al mundo”. Otro ítem conflictivo es el que asegura que el estado priorizará las contrataciones de los alimentos y bebidas que no cuenten con sellos de advertencia, “un universo muy limitado si consideramos que más del 90% de los productos quedarían alcanzados”.
Además, Copal considera imperioso involucrar al Poder Ejecutivo en el debate, quien a través de Conal, también viene trabajando con una propuesta que contempla el consenso a nivel provincial y presenta avances en el ámbito Mercosur. “Es fundamental para la industria la armonización regulatoria a nivel regional a los efectos del intercambio comercial y de las negociaciones internacionales en curso”, concluyeron.
La semana pasada, Amcham, la cámara de comercio de Estados Unidos en Argentina, manifestó una postura similar a la de Copal y advirtieron sobre el impacto negativo que podría tener la sanción de la ley para la industria. Además señalaron que se "demonizan ciertos alimentos".
"La mal llamada 'Ley de Promoción de la Alimentación Saludable' subestima la habilidad de los consumidores para seleccionar una dieta variada, imponiendo un modelo punitivo, que provoca temor e incongruencias. La imprecisión manifiesta, al determinar que un producto debe adoptar la visualización de los sellos octogonales negros, no constituye un elemento de advertencia en la comunicación sino un castigo para sus comercializadores", consignó Amcham en su comunicado.
