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Cannabis: tras media sanción en Senado, se demoraría en Diputados

Luego de la media sanción obtenida en la Cámara Alta, el receso invernal y las elecciones legislativas van a demorar el avance del proyecto que presentó el Gobierno para regular el sector.

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20 julio de 2021

El jueves pasado el Senado dio media sanción, por amplia mayoría, al proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis para uso medicinal y de investigación científica, además de la producción industrial del cáñamo. Sin embargo, el proyecto quedaría paralizado y no se sabe cuándo se tratará en Diputados debido al receso invernal y la cercanía de las elecciones.

Una fuente legislativa del Frente de Todos explicó ante El Economista que las reuniones en la Cámara Baja recién se retomarán a partir de agosto y que “no está definido qué proyectos van a tratarse primero”. Como sucede cada año electoral, el Congreso concentró la actividad en el primer semestre y hay que tener en cuenta que las PASO serán el 12 de septiembre y las elecciones generales del 14 de noviembre. Es de esperarse que, en ese contexto, se retrase la actividad parlamentaria.

Cannabis industrial

La iniciativa para crear un marco regulatorio para la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis para uso medicinal y de investigación científica y la producción industrial del cáñamo, ahora deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. La normativa dispone que la misma regirá en todo el territorio de Argentina con carácter de orden público.

“Las actividades reguladas estarán sujetas a la jurisdicción federal y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudieran surgir de la aplicación de esta ley será competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal”, resalta el texto del proyecto. La intención del Gobierno, o lo que espera con la aprobación de la ley, es que el acceso a terapias basadas en cannabis medicinal sean mucho más accesibles para quienes las necesitan.

Por otro lado, se especula con la creación de 10.000 puestos de trabajo en los próximos tres años vinculados a la producción industrial. Un gran porcentaje de esos empleos estarían relacionados con la investigación y desarrollo, por lo que Argentina podría aprovechar y expandir su gran capacidad de investigación científica.

En ese mismo plazo se podrían vender productos derivados del cannabis por U$S 500 millones al mercado interno y U$S 50 en exportaciones. De todas formas, Desarrollo Productivo confiesa que esos cálculos son “muy cautelosos”, por lo que los beneficios económicos podrían ser todavía mayores. Además, se abriría la puerta para generación de conocimiento en la industria del cannabis, el desarrollo federal de ese producto y la oportunidad de crear productos derivados del mismo durante la cadena de producción.

Ariccame

El proyecto crea además la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que funcionará como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, será el organismo que “regulará y controlará el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales, de manera coordinada con el los ministerios de Desarrollo Productivo, de Salud, de Seguridad, de Agricultura, Ganadería, de Ambiente, la Anmat, el Senasa, el Inase, el Inta, el Inti, la Afip, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) y organismos públicos con competencia específica en la materia”.

La Ariccame estará integrada por 5 miembros con rango y jerarquía de secretario o secretaria. El presidente será designado a propuesta de Desarrollo Productivo, y el vicepresidente a propuesta del Ministerio de Salud. Los restantes miembros del directorio serán propuestos por los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Seguridad.

Presupuesto

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en base a datos preliminares que brindó Desarrollo Productivo, se prevé que la puesta en marcha de la Ariccame implicará un gasto en el ejercicio 2022 de $159,1 millones. Se destacan por sus montos, los gastos en personal y en la adquisición de un software informático.

El informe presupuestario resaltó que la Ariccame contará, de ser aprobada la ley durante 2021, con una dotación de 28 empleados para el próximo año, para las cuales se proyectó un gasto de $91,8 millones. Respecto al software de trazabilidad, su costo total estimado ascenderá a $80 millones, de los cuales el 50% se pagará el año próximo y el saldo restante el siguiente.

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