Alarma entre los privados por la nueva etapa de la Hidrovía

Ahora la mira está en la hidrovía Paraná-Paraguay, que estará bajo el control del Gobierno Nacional por los próximos 12 meses.

2 de julio, 2021

Alarma entre los privados por la nueva etapa de la Hidrovía

Finalmente, el Gobierno oficializó el traspaso por un año a la Administración General de Puertos (AGP), en la órbita del Ministerio de Transporte, el control y administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Esta es la vía navegable más importante del país, abarca 3.500 kilómetros y por allí transitan el 80% de las exportaciones nacionales.

Así, la empresa Belga Jan de Nul y su socia local, Emepa, dejarán de estar a cargo de la Hidrovía después de 25 años. La medida fue oficializada ayer a través de un decreto firmado por el Presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el titular de Transporte, Alexis Guerrera. Esta decisión había sido anticipada hace algunas semanas por varios funcionarios, pero faltaba todavía la rúbrica de Fernández.

Guerrera también viene comentando públicamente que el Gobierno está preparando otro decreto para la creación de un ente estatal para supervisar todas las vías navegables del país. También estaría bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Estas medidas son fruto de varias discusiones internas dentro del Frente de Todos sobre qué hacer con estas rutas marítimas y, particularmente, la Hidrovía. 

Alcances del decreto

El Decreto también contempla que “la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje que percibirá la AGP en el marco de la Ley N° 17.520 y sus reglamentaciones, sin perjuicio de las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado Nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, a los fines establecidos en el contrato. El procedimiento para la eventual revisión de tarifas y/o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”.

Por otro lado, en los considerandos del decreto se señaló que la AGP “posee la capacidad técnica para planificar la ejecución, por sí o por terceros, de los actos y obras necesarias para la adecuada prestación de los servicios de dragado, balizamiento y control hidrológico de la Red Navegable Troncal, asegurando la presencia estatal en el cumplimiento de las prestaciones que actualmente se realizan a riesgo empresario”. También sostienen que el organismo “cuenta con el formato jurídico y técnico apropiado para cumplir con los mencionados cometidos hasta tanto se desarrolle la licitación pública prevista en el Decreto N° 949/20″.

Licitación para mantenimiento

En los últimos días, el ministro Guerrera, en diálogo con El Destape Radio, adelantó que la AGP tomará el mando de la “licitación corta” previa a la “licitación larga” para la Hidrovía. “Por 12 meses tendrá un control estatal y comenzará a funcionar el cobro del canon por parte del Estado para pagarle a las concesionarias las tareas realizadas, pero no altera y modifica la obra de lo que hoy se viene haciendo”, comentó el funcionario. 

En tanto, en el Congreso, el Frente de Todos promueve la creación de una Comisión Bicameral para el seguimiento y control de la Hidrovía. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado, y en los últimos días se aprobó el dictamen en comisión de Diputados. 

Habrá que esperar para ver cómo evoluciona este proyecto y otras medidas que van en ese sentido. Un ejemplo es la reciente decisión de Transporte de no renovar la prórroga  de las concesiones de trenes de carga. Desde la oposición acusan que existe un plan oficial para avanzar en ese sentido con el ferrocarril Urquiza (en manos de Metrovías) y el Belgrano Norte (Ferrovías).

Internas

La interna dentro del Gobierno sobre este tema no es algo nuevo. Sin embargo, se renovó a principios del año cuando el senador Jorge Taiana envió un pedido de informes al entonces titular de Transporte, Mario Meoni, con el objetivo de revocar la concesión a la belga Jan de Nul. 

Cabe recordar que en 1995 las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Río Paraná quedaron en manos del consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga y la argentina Emepa. Dicha concesión venció el 30 de abril último y se estableció una prórroga de 90 días para iniciar un proceso para definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.

Tanto Meoni como su sucesor Guerrera resistieron de modo diplomático la idea de una reestatización, con un argumento central: el Estado no puede “improvisar” y hacerse cargo de la compleja tarea del dragado permanente del río, ya que no posee ni la maquinaria ni el expertise necesario para hacerlo de inmediato. Para ganar tiempo, y en el intermedio entre el fallecimiento de Meoni y la asunción de Guerrera, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, firmó la extensión de la concesión que venció antes de ayer.

Repercusiones

Luego de conocerse el decreto, diferentes sectores empresariales, sindicales y políticos marcaron su posición respecto a la decisión del Gobierno nacional de retomar el control sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay. Como era de esperarse, hubo apoyos y rechazos a la iniciativa oficial.

Para la Federación de Empresas Navieras Argentinas (Fena), “la expectativa es que el pliego de la concesión garantice el funcionamiento competitivo y eficiente del sistema, sin interrupciones, los 365 días del año”. 

“Es trascendente, a nivel local, regional y geopolíticamente mejorar la competitividad de nuestro comercio exterior, repotenciando nuestras exportaciones e incrementando el valor agregado de nuestros productos en beneficio de las economías regionales y el desarrollo sustentable de la Nación”, expresó la entidad al mismo tiempo que marcó como “fundamental que las eventuales contrataciones se hagan en base de resultados exigidos”.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Daniel Nasini, dijo que la medida “genera preocupación, porque no da certidumbre ni lineamientos de largo plazo que aseguren la continuidad de la vía de navegación más importante que tiene el país”. 

Nasini señaló que “es imperioso garantizar la continuidad del servicio a corto plazo, especialmente dadas las circunstancias extraordinarias de la bajante histórica del Paraná”. 

Además resaltó que para ello es indispensable que las obras sigan en manos de empresas especializadas, seleccionadas bajo un riguroso y transparente proceso de licitación. “El Estado no tiene ni la experiencia ni la capacidad técnica para realizar estas tareas, pero sí ejercer sus funciones indelegables de control”, concluyó Nasini.

Según Luis Zubizarreta, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), el tema preocupante de la norma es el cobro de los peajes por parte del Estado. Una demora en el pago a la concesionaria por sus servicios, estimó, impactaría directamente en los usuarios.

“Creemos que eso va a encarecer necesariamente el sistema porque eso va a generar un riesgo para quien gane la licitación porque en vez de cobrar directamente del usuario, como es hasta ahora, va a necesitar correr con el riesgo argentino, donde todo sabemos que el riesgo país es alto. Eso hará que algunas empresas ni se presenten y otras que si lo hagan pongan una prima de riesgo en esa tarifa que cobren. Eso impacta en todas las cadenas agroindustriales porque le quitan eficiencia y competitividad y se les da un hándicap a los países competidores en el mundoHagámosla atractiva a la licitación para que vengan las mejores compañías”, dijo, según La Nación.

“Lo que buscamos es que, en la licitación corta, el cobro de la tarifa vaya en forma directa al concesionario, sobre todo en una situación en la cual la bajante del río Paraná es tan profunda, lo que torna al servicio de dragado en una cuestión muy delicada y urgente”, dijo Gustavo Idígoras de Ciara-CEC, según consignó Bichos de Campo. Es decir, de la empresa exportadora hacia las que hagan las obras.

Un poco menos elegante fue el exministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. “Adiós Hidrovía! El gobierno da otro paso firme hacia la decadencia y la corrupción. Se sumarán costos para productores a partir de la ineficiencia y falta de medios del Estado para gestionarla. Motivo real? Manotear una caja”, dijo en sus redes.

A su turno, el secretario general del Centro de Patrones Marítimos, Fluviales y de Pesca de la República Argentina, Julio González Insfrán, sostuvo que “el Estado siempre tuvo el control de la Hidrovía” y que en la actualidad lo que no queda claro es “con qué elementos se hará cargo de la misma”. 

“Lo más probable es que AGP se encargue de cobrar el peaje y con esa recaudación le pague los servicios de la empresa contratista que está operando ahora. Esa va a ser la estatización de la Hidrovía, porque el Estado no tiene dragas, ni equipamiento suficiente como para hacer el trabajo. Es bastante confuso”, objetó González Insfrán. También dijo que “concesionar el dragado no es ceder soberanía, pero no tener flota mercante sí”.

Por su parte, la diputada nacional Fernanda Vallejos, una de las referentes del Grupo 25 de Mayo, que pedían una decisión en esa línea, subrayó que “la decisión de nuestro Gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el Río Paraná. Es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”. La legisladora ponderó “las implicancias, también estratégicas, en relación con la integración y la planificación territorial y del modelo de desarrollo que queremos para la Argentina”.