1989: año cero de la municipalización

8 de julio, 2021

municipalidad de Rosario

Por Facundo Matos Peychaux 

Entre marzo y agosto de 1989 ocurrieron los dos primeros hechos que sentarían las bases de la autonomía municipal y la expansión de las responsabilidades y competencias de los gobiernos locales que llevarían a su rol actual: el fallo Rivademar, emitido por la Corte Suprema y la reforma del Estado llevada adelante por Carlos Saúl Menem.

El primer hecho dio el puntapié a la creación del diseño institucional actual de los municipios, que no nació de un consenso intelectual ni de la arquitectura teórica de especialistas sino de una serie de hechos concadenados entre sí.

En la etapa constituyente, Juan Bautista Alberdi y otros juristas habían alternado entre posiciones autonomistas y autárquicas, sin consolidar una visión determinada. Eso se reflejaría en la Constitución de 1853, que solo mencionaba a los municipios, paradójicamente, para otorgarle a cada provincia la potestad de dictar su propio régimen municipal. La Corte Suprema resolvería varias décadas después ese vacío dejado por los legisladores, estableciendo en 1911 que los municipios son “delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites administrativos, que la Constitución ha previsto como entidades del recamen provincial y sujetas a su propia legislación”.

Pero el 21 de marzo de 1989, la Corte dio un giro clave en la jurisprudencia al fallar contra Angela Rivademar, una empleada municipal de Rosario cesanteada que reclamaba su reincorporación alegando que la definición del plantel municipal era competencia del Gobierno de Santa Fe por ley provincial, argumentando que “una ley provincial no puede privar al municipio de las atribuciones necesarias para el cumplimiento de sus fines”. Este fallo sería el precedente de la autonomía municipal que incorporaría cinco años después la reforma de la Constitución Nacional en su artículo 123.

El otro hecho fundamental de la “municipalización” en ciernes fue la reforma del Estado sancionada en agosto de 1989 y llevada adelante en los primeros años del menemismo, a través del Decreto 660/96 y otras legislaciones y regulaciones.

En lo que atañe a las administraciones locales, este proceso derivaría en una mayor cantidad de responsabilidades para los municipios, entre competencias concurrentes entre los tres niveles de gobierno, otras compartidas entre el provincial y el local, y algunas exclusivas, como la construcción y el mantenimiento de infraestructura urbana y la provisión de algunos servicios públicos.

Como telón de fondo, dos fenómenos llevaban a Argentina –y otros países de la región– a practicar una descentralización de competencias y recursos a los gobiernos provinciales y municipales a finales de la década.

En el plano económico, sumidos en crisis de deuda y déficit fiscales y en el contexto del auge de las ideas económicas neoliberales, se aplicó la descentralización como mecanismo para recortar el gasto público nacional, distribuyendo los costos del ajuste “hacia abajo” al trasladar a los gobiernos provinciales – y estos, en muchos casos, a los municipales –la generación de respuestas sociales a la crisis.

Por el lado sociopolítico, el traslado de responsabilidades “hacia abajo” fue uno de los mecanismos de la “estrategia democratizadora” para la retracción del Estado fuerte y el gobierno centralista de los ’60 y ’70 en América Latina y la creciente demanda popular de participación popular.

Esta nueva tendencia, que distintos autores llamaron “municipalización”, “nuevo localismo” o “revitalización de la esfera local”, los municipios se convirtieron cada vez más en el lugar donde se centralizan las demandas ciudadanas y donde se concentran el poder y la toma de decisiones con impactos reales y directos sobre la vida de las personas en diversos ámbitos, desde el económico al cultural o urbano.

Recientemente, ese rol esencial se vio reflejado en la gestión de la respuesta a la pandemia, tanto en la difusión de los cuidados esenciales, la elaboración y el control de protocolos y restricciones, y en la coordinación de las estrategias de vacunación.

En el futuro, a medida que crece la cantidad de población en centros urbanos pero se refuerza el valor de la proximidad –con iniciativas como las ciudades de 15 minutos–, los gobiernos locales tendrán mayor impacto directo en la vida de las personas. La creación de identidades de ciudad, a través de marcas ciudad y una política comunicacional de Estado, es otra respuesta que, desde lo cultural, gana fuerza para generar lazos más estrechos con la ciudadanía.

Como correlato, los y las intendentes, ganaron poder y visibilidad en la política argentina de las últimas décadas. Exintendentes –y hasta movimientos de intendentes agrupados– han esgrimido esta experiencia de gestión local en sus carreras por cargos electivos provinciales o nacionales. Aunque la investigación no arroja todavía evidencia clara sobre el éxito de los gobiernos locales como escalera a las gobernaciones, por ejemplo.

Poco más de 30 de los más de 250 gobernadores y gobernadoras provinciales desde 1983 han pasado antes por intendencias y el número considerando solo a los que han ocupado consecutivamente ambos cargos. Pero aunque no se ve una tendencia clara y sostenida de estos casos de “carreras ejecutivas integradas” en las últimas décadas, si el renovado foco de la gestión pública en lo local diera casos de éxito, no podría descartarse un crecimiento en el futuro. Y un incentivo adicional para intendentes en ejercicio.

El autor es politólogo (UBA), periodista y consultor en Comunicación, Asuntos Públicos y Gobierno