Por Fernando Domínguez Sardou (*)
Este domingo, Perú va a las urnas, en la máxima expresión de su “grieta política” en el posfujimorismo. En el marco de una profunda inestabilidad política (destituciones y renuncias presidenciales como moneda corriente, crisis económica y escándalos de corrupción son moneda corriente en los últimos años en el país), a la que se le suma el resultado electoral con mayor fragmentación del período mencionado, son los dos candidatos con el mayor nivel de rechazo social los que pugnarán por ocupar la casa de Pizarro: por “derecha”, Keiko Fujimori y por izquierda, Pedro Castillo. Uno de los dos será quien llegue a la presidencia del Perú este domingo.
El 11 de abril solamente el 18,9% de los peruanos votó a Castillo y 13,4% a Fujimori. El primero, candidato más cercano a la izquierda, a quien se le endilga ser cercano al Gobierno venezolano, es un docente del interior, con arraigo en el mundo sindical.
Propone una modificación de la Constitución, y ha llevado adelante una campaña con una retórica de enfrentamiento con las clases altas y los grupos empresarios, a quienes acusa de “fugar del país las ganancias” de las empresas peruanas.
Para la segunda vuelta, Castillo no ha conseguido muchos apoyos notables desde el mundo político, donde destaca la excepción de la excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza.
En los últimos días, la campaña de este dirigente sindical ha girado en torno a la idea de “calmar las aguas”: se ha esforzado públicamente en señalar que el proceso de nacionalización que pretende no busca afectar a los individuos, así como también ha suscripto a múltiples posiciones conservadoras, sobre todo en términos sociales, de forma tal de acercarse más a los intereses del electorado “del centro”, que es el que está en disputa.
Fujimori, en cambio, ha sido a lo largo de los últimos procesos electorales la catalizadora del rechazo del electorado, por la vinculación con el Gobierno de su padre, Alberto, quien fue presidente entre 1990 y 2000. Este es recordado por su autogolpe de 1992, y múltiples escándalos de corrupción. La polarización política en el Perú, desde los años '90, es entre fujimorismo y antifujimorismo.
En el segundo bloque, encontramos desde referentes de la derecha peruana (como el Nobel de literatura Mario Vargas Llosa) hasta dirigentes de los partidos tradicionales (Acción Popular y el Partido Popular Cristiano). En las distintas elecciones en las que Keiko Fujimori ha llegado a segunda vuelta, sus oponentes (en 2011, Ollanta Humala, en ese entonces más ligado a la izquierda y en 2016, Pedro Pablo Kuczynski, exponente del liberalismo peruano) han obtenido el grueso de los votos del antifujimorismo.
La novedad en estas elecciones es que Keiko ha conseguido el apoyo de los sectores del establishment político y económico, así como también del grueso de los medios de comunicación.
Es notable, incluso, el reiterado apoyo que ha recibido la candidata de parte de Vargas Llosa, en una clara referencia a los fundamentos de por qué votar a esta candidata: al establishment no los une el amor a la propuesta de Fujimori, sino el espanto ante lo que -para ellos- podría implicar Castillo.
Los problemas principales para analizar el escenario peruano son dos.
En primer lugar, el alto nivel de rechazo que generan ambos candidatos. Según distintos estudios de opinión pública, más del 40% de la ciudadanía manifiesta que no votaría al menos a uno de estos dos candidatos. Castillo es percibido con temor por las clases en las clases medias y altas, y en las grandes ciudades. ¿El fundamento? El temor a una ruptura democrática y a un cambio de raíz en el modelo económico. Fujimori, por su parte, es percibida por muchos sectores -clases medias y bajas, sobre todo en el interior del país- como una clara amenaza a la democracia (dados los antecedentes de su fuerza política), y un retroceso a la política anterior al 2000.
En segundo lugar, lo que podríamos llamar “la política del empate”. No hay niveles de consenso en el aparato político peruano que permitan visualizar con claridad la orientación del escenario, así como también la elevada fragmentación en el Congreso eleva el costo para armar coaliciones. En cualquiera de los casos, la clase política espera al resultado de las elecciones para bajar las cartas. A esto, le podemos sumar el “empate técnico” en el que se encuentran ambos candidatos en los últimos estudios de opinión pública (según la encuesta de IPSOS publicada el pasado domingo 30 de mayo, Castillo tendría una intención de voto del 51,1% y Fujimori, del 48,9%). La escasa diferencia entre ambos muestra el rol que el “voto oculto” puede llegar a tener: ¿pueden las encuestas, en un contexto de tal polarización, captar adecuadamente el estado de la opinión pública?
En la práctica, la incertidumbre sobre el caso peruano se da a partir de la remontada en encuestas que tuvo Fujimori: ¿el apoyo del establishment y de la clase política a la lideresa otrora denostada por ellos servirá para el triunfo de la opción de derechas? ¿O acaso será su lastre? ¿Podrá Fujimori recibir el voto del antifujimorismo clásico ante el rechazo a Castillo? ¿A dónde irá a parar el voto del desencanto con el presente peruano? ¿Existe un voto oculto a Castillo o a Fujimori? Ese 20% de los votantes el que, en última instancia, marcará el destino del Perú en los próximos años.
Esa incertidumbre recién cesará cuando se abran las ánforas (como llaman en el país andino a las urnas) electorales el domingo, y los más de veinticinco millones de peruanos hayan decidido.
Perú comenzará una nueva etapa: el fujimorismo 2.0 o su primer Gobierno “antipolítica” tendrá que lidiar con una marcada minoría en el Congreso, y la inestabilidad preexistente encontrará, necesariamente, nuevos cauces para su desarrollo.
(*) Politólogo, investigador y docente (UCA/USAL/UNTREF) y especialista asociado del Centro de Estudios Internacionales (UCA). Las opiniones vertidas en este texto son personales.
