Empresas y Estado: se precisa un diálogo permanente e institucional

2 de junio, 2021

Empresas y Estado: se precisa un diálogo permanente e institucional

Por Claudio Blanchart (*)

Estamos atrapados en un debate estéril como si la salud y la economía fueran mutuamente excluyentes y afectara a universos diferentes. Mientras tanto, el notable deterioro de las variables sociales y productivas generan alarmas que es necesario atender con urgencia.

Se vuelve central el diálogo entre el Gobierno y el sector empresarial, en un escenario en el que más de 150.000 pymes y comercios cerraron sus puertas; miles de trabajadores están imposibilitados de ser autosuficientes; una inflación imparable que a este ritmo se proyecta al 60% anual; más una década de destrucción de la capacidad industrial instalada; la pobreza que sigue batiendo récords y que alcanza casi al 70% de los niños y podemos seguir enumerando.

Para encarar ese diálogo se debe revisar un vínculo cargado de desconfianza mutua y signado por el implacable sometimiento a la coyuntura.

A nadie escapa que en un año electoral un gobierno piense en término de elecciones, pero también es cierto que la excepcionalidad de la situación de desastre obliga a desplegar conductas excepcionales para enfrentarla.

Si se pusieran tres temas básicos de discusión inmediata, sin dudas que el empleo, la pobreza y la inflación están a la cabeza. Sin embargo, es medular debatir sobre el desarrollo, con un enfoque de largo plazo, superando las visiones mínimas, economicistas o desprestigiadas de un significante muchas veces vaciado de contenido real.

El momento de dar esta discusión es ahora. O se encara de una vez por todas un acuerdo general y estratégico con una base concertada, o la reconstrucción productiva será nula y seguirá el descenso en esta espiral hacia niveles cada vez más generalizados de pobreza.

Desde el cambio de Gobierno proliferan convocatorias a diálogos o mesas de discusión sobre el desarrollo con expertos. Pero todas las iniciativas se encuentran atadas a la coyuntura y estereotipadas por una antítesis innecesaria -Estado versus empresas-, que termina marcando en exceso una relación ya tensionada.

Es necesario trascender las visiones estadocéntricas o mercadocéntricas que caracterizan a la ortodoxia descalificante.

Las empresas son condición necesaria para la generación de riqueza y empleo pero encuadrar a todo el ámbito empresarial de manera uniforme es, al menos, inexacto. El sector es heterogéneo, muy diverso. Un capítulo aparte son las grandes empresas, cuya capacidad de presión es mayor que el universo pyme, pero de ahí a generalizar hay un abismo.

¿Es posible gestionar ese vínculo sin conjugar pluralidad? ¿Es posible generalizar un enfoque de interpelación permanente planteando que las empresas solo aspiran a obtener beneficios contables, sin reconocer que la supervivencia hace años se convirtió en un objetivo central?

La figura del empresario es vital en esta emergencia, y también es cierto que los empresarios deben reconocer la expectativa social que el rol exige y ocupar responsablemente los espacios de interlocución positiva que deben sostener.

Por otro lado, el discurso que construye una épica del Estado en defensa del pueblo contra el empresario, solo expresa un sentido de reivindicación ideológica poco realista.

Lo grave de esta situación es cuando se construyen decisiones públicas desde esa posición confrontativa y termina prevaleciendo la idea de las empresas como entidades especulativas en la relación con el Estado, en el que buscan ganancias y protección, o del Estado como predador de recursos privados. Todo queda bajo sospecha y con clima de confrontación.

Lo cierto es que el Estado no es un cuerpo monolítico impermeable, sino que es bastante poroso y posee una estructura con cierta autonomía funcional, pero los órdenes institucionales y prácticas sociales muchas veces se definen en interdependencia con otros factores de poder.

No obstante, el Gobierno posee la autoridad suficiente como para impactar positivamente o no en el entramado empresarial mediante el rol de armonizador de incentivos a la inversión, así como en el fortalecimiento de la producción competitiva mediante la mejora de la calidad de la intervención estatal, la integración de las agencias públicas en un proyecto común de desarrollo, articulando con el sector privado.

Ambos sectores tienen responsabilidad, pero el ejercicio legítimo de la autoridad es del gobierno. En consecuencia es más responsable aún, y resulta evidente que es quien debe tomar la iniciativa de institucionalizar caminos de diálogo transparentes, inclusivos de todos los sectores productivos. Los empresarios, por su parte, no deberían dejar de exigirlo.

Las acciones colectivas de las asociaciones empresariales de tono reivindicativo deben dar paso a la construcción de propuestas de desarrollo y una vinculación más proactiva con el Estado que no implique connivencia ni simple aceptación o rechazo de las decisiones públicas

Hay que construir mecanismos permanentes de diálogo institucionalizado en la que se vaya definiendo progresivamente un set de reglas que no se modifiquen por crisis recurrentes o cambios de gobierno, y construir un esquema productivo previsible. El diálogo debe ser con todos, incluso con la oposición.

Argentina debe superar la enorme incapacidad de gestionar las diferencias y salir del conflicto como forma de relación. Es un enfoque que sólo suma voluntades en lo coyuntural y sostiene un sistema perverso que termina en la rueda del fracaso sistémico.

El diálogo y la construcción bidireccional de consensos son más importantes que nunca. Debemos reaccionar seriamente y con responsabilidad generacional para forjar el desarrollo competitivo e inclusivo que Argentina necesita.

 

(*) Director del MBA – Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad del Salvador (USAL)