El Gobierno le dio un fuerte apoyo a Integración Energética Argentina (Ieasa), la ex Enarsa, a partir de un decreto donde fortaleció la capacidad de desarrollo de la empresa estatal en el sector energético nacional y derogó la decisión de la administración anterior de avanzar con privatizaciones de determinadas áreas energéticas.
En el mismo decreto, el Gobierno consideró que "resulta oportuno implementar y garantizar políticas que aseguren un rol activo y estratégico en el sector energético a las empresas del Estado Nacional cuyas misiones y funciones estén vinculadas a éste".
Al respecto, indicó que "para la consecución del mencionado rol, es necesario retomar los lineamientos y proyectos que otorguen presencia activa al Estado Nacional en los segmentos y áreas que determinan el crecimiento equitativo de la economía".
El decreto 389/2021, publicado en el Boletín Oficial, le dio mayor poder a Ieasa en varios aspectos, como en las tratativas comerciales para la compra de gas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en el manejo de las utilidades producidas por las empresas donde participa. También le asignó participación en dos centrales termoeléctricas y en dos áreas de exploración hidrocarburífera costa afuera (off shore), de Cuenca Malvinas.
A través del mismo decreto, el Gobierno determinó que las obras públicas del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz retomarán sus denominaciones de Presidente Néstor Kirchner, la ubicada en Cóndor Cliff; y de Gobernador Jorge Cepernic, la ubicada en Barrancosa.
Respecto de Ieasa, le otorgó avales del Tesoro Nacional por US$ 200 millones para las operaciones de crédito público a su favor, para la adquisición de gas natural desde Bolivia.
Además, exceptuó de lo previsto en el artículo 37 de la Ley 24.065 a las centrales y empresas de generación y transporte de energía eléctrica de propiedad total o mayoritaria de Ieasa. Y se estableció que las utilidades a favor deberán ser invertidas en proyectos de infraestructura de energía eléctrica.
El artículo 37 determinaba que las empresas de generación y transporte de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional tenían derecho a recuperar solamente sus costos operativos y de mantenimiento que les permitan mantener la calidad, continuidad y seguridad del servicio, y los excedentes pasaban a integrar un fondo de la Secretaría de Energía.
El decreto actual también derogó los artículos 6, 8, 9, 10 y 11 del decreto 882/2017, que limitaba al mínimo posible la participación del Estado Nacional en sectores estratégicos de la cadena productiva de la energía.
