Por Carlos Leyba
Martín Guzmán ha logrado sortear la valla incomoda del Club de París. Un pago mínimo de esta deuda histórica, que Axel Kicillof acrecentó notablemente, impidió que el agua llegue al río.
Un poco de plata ?lo que quieren los acreedores? y un poco de tiempo ?que es la magna política argentina en materia de finanzas internacionales-. ¿Sólo tiempo?
Guzmán o Mandrake no podrían haber hecho otra cosa ante la magnitud de las deudas, el tiempo de mora y la precariedad de los recursos: comprar tiempo.
Lo logrado por Martín no es un mérito menor, considerando el permanente asedio que sufre de las huestes de La Cámpora, el Instituto Patria, los disidentes del viejo PC y la agrupación estudiantil TNT convertida en funcionarios de control.
Todo deudor que quiere y no puede pagar tiene como objetivo obtener tiempo. Y al acreedor financiero lógico ?lo mismo para con el FMI- no le cabe otra que esperar, en el entendimiento que más adelante se incrementará la capacidad de pago.
La clave de la deuda es “la futura capacidad de pago”. Lamentablemente, ese desafío no es ni todo ni lo principal.
Tenemos una deuda externa colosal, pero más grave y con mayor capacidad de impedimento, tenemos una deuda social descomunal. Indigencia, pobreza, desempleo, empleo precario y superpoblación en distintos estamentos del sector público. La UCA acaba de informar 64% de pobreza entre los jóvenes menores de 17 años en el conurbano bonaerense.
Ambas deudas, aunque con distintas consecuencias, comprometen el equilibrio social si no comienza, en breve tiempo, un proceso de “amortización” que en ambos casos requiere un programa para terminar con ellas.
Amortizar significa, como mínimo, dar señales, expectativas que ambas deudas dejarán de crecer y brindar fundamentos para pronosticar un comienzo de su declinación.
Es obvio que el “default social” habría de significar una crisis difícilmente gobernable. De la misma manera el “default de la deuda externa” habría de significar un freno para la recuperación económica. No la tenemos fácil.
Pero además la pandemia lo ha empeorado todo. Nuestra capacidad de pago habrá disminuido como consecuencia de la pandemia. Una masa enorme de capital ha sido desorganizada o destruida, en el curso de la pandemia. Nuestro producto potencial es hoy menor que el que disponíamos antes del Covid.
Tanto la deuda externa como la “deuda social” (pobreza, desempleo y empleo de baja productividad) acusan que la mayor enfermedad de nuestra economía es la portentosa falta de inversión. La consecuencia de la ausencia, desde hace casi medio siglo, de una política pública pro-inversiones.
Seguramente no somos el único país que carece de una estrategia de larga duración y alta consistencia sistémica, de promoción de la inversión. Pero sin duda somos una “rara avis” en el concierto de las naciones. ¿Lo escuchó a Vladimir Putin o a Joe Biden?
Las estrategias en materia de inversión de la UE y de los países miembros, o la de Estados Unidos, o de todas las experiencias de desarrollo del sudeste asiático, o las de nuestro socio y vecino Brasil, son elocuentes. Es que el capitalismo es un sistema de propiedad privada de los bienes de producción en el que el Estado genera, promueve, compra condiciones para invertir. La electrónica en EE.UU. o la soja en Argentina vienen de ahí. La propiedad privada aquí existe, pero el Estado pro-inversión ha desaparecido.
La ausencia de inversiones, el desgaste del capital, el atraso tecnológico, la carencia de infraestructura económica y social, tiene como consecuencia la reducción de la productividad o, como mínimo, su escandaloso estancamiento.
Martin Rapetti calculó que en 2020 el PIB por habitante resultó igual al de 1974. La acumulación de la deuda social y de la deuda externa es consecuencia del estancamiento de la productividad y ésta, de la huelga de inversiones. La política simplemente lo ignora. Los libertarios imaginan que la algarabía de los mercados la producirá y los modosos ortodoxos ?que lo son casi todos- apuestan a que el ahorro precede a la inversión. Todos descartan el camino que ha recorrido el capitalismo occidental: la inversión incentivada generó el ahorro y todas sus benéficas consecuencias. La desinversión es la madre de todas nuestras desgracias.
¿Podemos resolver este drama de “las deudas” (objetivo), que nos amenazan con situaciones más graves aún, sin un programa (instrumento) de larga duración (lo que se hace sin tiempo no dura) que por profundidad y duración requiere de un consenso primero político (la democracia es alternancia) económico y social? La respuesta es no.
Ese Estado no explicita el objetivo y, por tanto, tampoco los instrumentos necesarios y menos aún las condiciones de consenso. Esta es hoy nuestra mayor carencia de “bien público” y la que identifica el inexplicable default de la política nacional.
El “programa” requerido por el FMI no es más que esto: “muéstrenme qué harán para pagarme a futuro”. Lo mismo ocurre con la deuda social que reclama un programa para cancelarla.
Las diferencias entre los titulares de una y otra deuda son, primero, que la deuda social no tiene un pagaré firmado para exigir la cancelación en ningún tribunal y segundo, que los titulares de la deuda social no tienen tiempo para otorgar y no hay espera posible.
La tradición del FMI es exigir un programa fiscal que informe del calendario de pagos. Ese programa implica generar un continuo de superávit fiscal. Justamente resolver la cuestión fiscal solo es posible con un programa que al mismo tiempo resuelva la cuestión social y organice la generación de esos excedentes.
El stock de deuda inicial ?a medida que pasa el tiempo? se acrecienta como consecuencia del imperio de la tasa de interés. No es una cuestión menor. Si la tasa de interés anual es del 4%, la deuda inicial se duplica en 18 años si es que no ha habido amortizaciones en el intervalo.
Cuando Cristina Kirchner y sus corifeos requieren 20 años de espera y menor tasa de interés, están solicitando algo lógico, más allá de la normativa del FMI que no contempla esas liviandades. No obstante, “el que no llora, no mama”.
Llegados a este punto cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones, que ya están contaminando todo y de mala manera, uno de los objetivos inexcusables de esta gestión de gobierno debería ser, sin lugar a dudas, incrementar la “capacidad de pago” de los servicios de intereses y capital que corresponden a la monumental deuda externa de la Nación, las provincias y algunos de los municipios y al mismo tiempo efectivizar la “capacidad de pago de la deuda social”.
Por ahora carecemos de capacidad de pago y de capacidad de demostrar que la tendremos: por eso la renegociación de la deuda con los acreedores privados (más tiempo y menos interés) no logró reducir el “riesgo país”. “El mercado” no cree en nuestra capacidad de pago en tiempo y forma, y hace imposible la refinanciación de la deuda de forma normal, es decir, refinanciar sin renegociar.
De mantenerse este trayecto de la economía (y de la sociedad) argentina, no hay destino apetecible al que podamos llegar.
Necesitamos, a futuro, generar un excedente público de la magnitud requerida en función del calendario de pagos comprometido o bien, en el caso de la deuda con el sector privado, desplegar una dinámica de la economía tal que el “refinanciamiento de las deudas” se realice más a pedido del acreedor que a demanda del deudor; y por lo tanto a tasas de interés mínimas comparadas con la tasa de crecimiento del PIB.
Las dos cosas son igual de necesarias: el excedente para atender la deuda con los organismos multilaterales y la dinámica de la economía para, por ejemplo, refinanciar sólidamente la deuda con el sector privado que, previamente implica, haber despejado plenamente el camino de la cuestión social.
¿Cuál es la apropiada dinámica de la economía? Recordemos que, en 2020, el PIB por habitante era igual al de 1974. ¿Cuál cree Ud. que sería una dinámica apropiada expresada en la síntesis del PIB por habitante?
Las tasas que alguna vez expuso Guzmán son ridículamente mínimas. Ricardo Arriazu ha manifestado que lograr un crecimiento del PIB de 4,5% anual permitiría reducir el porcentaje de pobreza al 10%: 5 millones de habitantes pobres en 2040. Es decir 6 veces más que en 1974. La pregunta es si el intervalo será sostenible.
Me cuesta imaginar que en 20 años creciendo a esa tasa hayamos podido encaminar ?no resolver plenamente? la deuda social y al mismo tiempo encaminar el panorama de la deuda externa.
Ese ritmo de crecimiento es un objetivo modesto en termino de las necesidades, que no implica ?seguramente?una profunda transformación estructural en el aparato productivo, en el valor agregado de las exportaciones y en la sustitución de importaciones imprescindible para ganar la batalla del empleo.
No tener un programa de transformación de largo plazo consensuado y que resulte en tasas que permitan duplicar el PIB per capita en 2030, será el default de la política de la próxima década.
Duplicar el PIB por habitante de 2020 en 2030 requiere crecer a una tasa anual acumulativa del 7% y sólo con ese nivel de actividad, y de inversiones implícitas, es probable el objetivo de amortización de las deudas y la generación de expectativas que alimente la confianza y el desarrollo al mismo tiempo.
Una participación proactiva de ciudadanos y comunicadores en la tarea de evitar el default de la política, que implicará el default de las deudas, es interrogar a todos los candidatos. ¿A qué tasa de crecimiento espera que resulte de su programa ycuáles son los instrumentos que propone para alcanzarlo?
Si sus respuestas nos dan confianza que, con su programa, solventaremos las deudas social y externa en una trayectoria lógica y consensuable, entonces estará amaneciendo la cancelación del futuro de default de la política. Ese default, en última instancia, es el disparador de los otros dos. De esa la política no habla porque hasta hora ha sido incapaz de ofrecer un programa y conversar para consensuar que es la misión de la política.
