Por Nadav Rajzman (*)
Argentina cuenta con un considerable grado de desarrollo. En efecto, el Programa de las Naciones Unidas, en su Índice de Desarrollo Humano (IDH), ubicó al país en el puesto 46 de 189, con una ponderación 20% superior a la media mundial y segundo en el ranking regional, únicamente por debajo de Chile (puesto 43). La medida es un resumen de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, acceso a educación y un nivel de vida digno.
Lo anterior se correlaciona, sin dudas, con las capacidades acumuladas en el país. No casualmente contamos con la mayor cantidad de premios Nobel de la región y, de estos, tres son por sus desarrollos en áreas científicas. Formamos parte además de clubes selectos de países que colocaron satélites de desarrollo propio en el espacio, que exportan reactores nucleares y hasta contamos con producción local de vacunas para el Covid-19, como lo demuestra la experiencia de producción del principio activo de AstraZeneca y que, esperemos, se amplíe a la formulación local de la Sputnik V.
Claro que, así como las capacidades acumuladas durante la historia nos permiten posicionarnos entre los países de mayor desarrollo, es también innegable que la película de los últimos años es la de estancamiento e incluso de retroceso en algunos aspectos. La pobreza es uno de ellos. Si bien nunca se logró disminuir por debajo de ciertos umbrales, viene mostrando un incremento persistente y en el segundo semestre 2019, justo antes de que la pandemia golpee a nuestro país, se ubicaba en 35,5% de las personas. Hoy en día, al menos unos 18,5 millones de compatriotas se encuentran con dificultades para conseguir un trabajo digno y alcanzar un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas.
Otro de los aspectos que más perjudica a Argentina en el cálculo del IDH es el ajuste por desigualdad, lo cual hace referencia a la concentración del ingreso y acceso desigual a la salud y educación. La desigualdad es también geográfica. Quizás un ejemplo claro de esto lo muestra el hecho de que en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que representa menos del 0,5% de la geografía del país, vive alrededor del 35% de sus habitantes. Esto, sin duda, se debe a la falta de oportunidades en otras regiones del país, que obliga a los lugareños a migrar a los grandes polos urbanos, donde se ubican las actividades productivas y comerciales y donde, por ende, más oportunidades existen para conseguir un trabajo que permita alcanzar condiciones de vida dignas.
Un ejemplo que quizás constituye la contracara de la concentración geográfica, es Chubut. Con un territorio 17 veces más amplio que el AMBA, cuenta con poco más de medio millón de personas. Su principal actividad económica es la explotación de petróleo y gas, que tiene su eje en la ciudad de Comodoro Rivadavia. No por nada, Escalante es el departamento más poblado de la provincia y concentra unas 235.000 personas. Otro polo productivo de la provincia lo constituye la producción de aluminio, con eje en Puerto Madryn, que contribuye a que Viedma sea el tercer departamento más poblado. Rawson es la cabecera administrativa de la provincia y ocupa el segundo lugar. También se desarrolla la pesca industrial, la agricultura (existen algunos valles fértiles donde se producen frutas finas como cerezas y berries) y, por supuesto, el turismo. No obstante, hay que resaltar que los polos productivos se construyen a partir de un núcleo de actividades económicas a las que se le complementan servicios (agua, gas y electricidad), comercios y otras.
Ahora bien, hacen falta más y mejores actividades que permitan crear nuevos polos de actividad y la radicación de más personas en la provincia. Esto mejoraría la vida de los que viven allí y también en los grandes centros urbanos del país, al disminuir la migración interna. Gastre es uno de los departamentos menos poblados de la provincia. Se estima que viven allí unas 1.300 personas, que tienen a la cría de ovejas como principal actividad, aunque la tendencia a la disminución de habitantes señala que no es pujante.
En ese contexto, existe un fuerte debate en torno a la minería, vinculado principalmente al proyecto de plata, plomo y cobre, denominado Navidad, que desarrolla en la actualidad la empresa canadiense Pan American Silver. La ley provincial 5.001, sancionada en 2003, luego de protestas en contra de la actividad que tuvieron su epicentro en Esquel, prohibió su desarrollo en las modalidades a cielo abierto y que incluyeran uso de cianuro como método de recuperación de minerales. Lo que se discute en la actualidad es la zonificación del territorio, en áreas donde serían viables algunas modalidades y otras donde no.
Uno de los principales cuestionamientos a la minería está representado por el posible impacto ambiental, en especial en el agua. Por un lado, existe preocupación en torno a la utilización intensiva del agua, que pudiera perjudicar a la agricultura u otras actividades, aunque la minería usa poca agua en relación a otras. En una provincia minera, como lo es San Juan, consume menos del 1%. El proyecto de Navidad consumiría tan solo el 1,5% de la recarga anual que posee el acuífero Sacanana, y no tendrá vinculación alguna con el Río Chubut.
Otra inquietud suele estar relacionada al uso de soluciones cianuradas para la recuperación de la plata (durante el proceso de lixividización) y que esta pudiera contaminar napas o ríos de agua potable. Aunque Navidad utiliza métodos alternativos a los cianurados (para adaptarse a la legislación provincial), las soluciones cianuradas que se utilizan se componen 99,9% de agua, razón por la que los derrames como el ocurrido en la mina Veladero en 2015 no tuvieron consecuencias negativas para la salud o el ambiente, sin perjuicio de la pertinencia de la cuantiosa sanción económica que recibió la empresa. Finalmente, cabe mencionar que el cianuro es un compuesto que en contacto con el agua tiende a convertirse en gas, por lo que, cuando ocurren derrames, gran parte se evapora y no se mantiene en los cauces de agua.
Los cuestionamientos de este tipo están relacionados a la imagen que la minería dejó en épocas pasadas. La realidad es que la actividad cambió mucho desde entonces y hoy en día hace uso intensivo de tecnologías y equipamientos, a la vez que funciona con estándares ambientales internacionales y regulaciones, mucho más elevadas que otras. De hecho, fue la primera actividad en incorporar una legislación ambiental acorde con la reforma constitucional de 1994, con la Ley 24.585 de 1995. El control del Estado es fundamental y contempla fuertes sanciones en caso de incumplimiento.
La otra gran preocupación trata acerca de si la actividad tendrá el potencial para mejorar la vida de la población de una manera sostenida en el tiempo. El primer dato aquí es la inversión inicial, que se encuentra prevista en aproximadamente U$S 710 millones para la construcción de infraestructura, compra de maquinarias, mano de obra y contratistas e incluyen mejora de caminos y accesos al proyecto. Casi tres cuartas partes de este dinero irán a proveedores nacionales, mientras que el restante corresponde a equipamiento especializado que por el momento no se consigue a nivel local.
Durante los 18 años de vida del proyecto, se contrataría a 800 personas. La minería es una actividad con elevados niveles de formalidad y salarios, únicamente comparables a los petroleros, por lo que introduciría en Gastre un flujo de dinero que revitalizaría el comercio de la región. Se estima que Navidad destinará U$S 170 millones al pago de sus empleados durante su vida útil. A esto deben añadirse los contratistas y el empleo indirecto, que rondaría las 1.800 personas, además de las 1.400 personas que se necesitarán para la etapa de construcción.
Respecto a la vida finita del proyecto, es importante remarcar en primer lugar que lo más común es que se incumplan las previsiones originales de cierre. Algo interesante de la minería es que el avance de la tecnología permite mejorar la recuperación de minerales y hacer viables yacimientos que antes no lo eran. En efecto, es paradójico que las reservas mundiales, económicamente viables para su explotación, lejos de disminuir, suelen ser cada vez mayores, a pesar de los incrementos de la producción. Por otro lado, los proyectos destinan importantes cantidades de recursos para explorar zonas aledañas: Veladero (San Juan) contemplaba 14 años de vida al momento de arrancar en 2005 y hoy en día se espera que las actividades se extiendan más allá de 2030; Pirquitas (Jujuy) continuó sus operaciones con el yacimiento de Chinchillas, a 30 kilómetros, utilizando las inversiones realizadas y algo similar se pretende hacer con Agua Rica (Catamarca), aprovechando las instalaciones de Bajo la Alumbrera. Finalmente, Gastre se ubica en una región con mucho potencial geológico, y relativamente inexplorado.
Las exportaciones se estimaron sobre una base de un precio de US$ 18,5 por onza de plata, aunque la pandemia elevó los precios de referencia y hoy se encuentran 50% por encima de este valor. De esta manera, las ventas podrían rondar un escenario más optimista y superar los U$S 400 millones anuales, en vez de los U$S 350 millones previstos originalmente. Si lo comparamos con las principales actividades de la provincia, equivaldría a una tercera parte de las exportaciones petroleras originadas en Chubut o la mitad de las que Aluar realizó en 2019.
Por su magnitud, podemos imaginar un flujo económico suficiente como para hacer de Gastre un nuevo polo de actividad: la empresa contempla en su presupuesto unos U$S 170 millones anuales promedio de costos operativos, que podrían ser cubiertos por empresas locales. Sin ir más lejos, existen proveedores petroleros en la provincia que encontrarán puntos de contacto con las actividades que brindan o firmas que ya trabajan con la minería de Santa Cruz, que estarán interesado en expandir sus operaciones. Además, pagará alrededor de U$S 80 millones cada año en impuestos provinciales y nacionales (el Impuesto a las Ganancias es el principal, seguido de los Derechos a la Exportación y las regalías).
Ante las dificultades económicas del país y las adicionales que impone la pandemia, cabe replantearse el rechazo a la zonificación minera en Chubut. La minería es una actividad perfectible, como todas, pero, según lo expuesto, muestra mucho potencial para mejorar la vida de los argentinos. En ese sentido, existen experiencias interesantes en nuestros vecinos chilenos o peruanos, que con ayuda de la actividad pudieron reducir pobreza y desigualdad. Más cerca tenemos los ejemplos de San Juan y Santa Cruz, con una trayectoria de dos décadas trabajando con la minería: la provincia cuyana, especialmente, logró mejorar significativamente condiciones de vida y converger hacia el nivel nacional (e incluso mejorarlo en algunos casos) y en ambos casos se logró creación de empleo formal. La minería puede constituir un motor de desarrollo para muchas regiones alejadas de los principales centros de actividad del país y es una herramienta que se encuentra al alcance de nuestra mano. Claro que no es instantáneo, y requiere de nuestra agudeza para aprender y aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se nos presentan.
(*) Economista
