Por Maximiliano Campos Ríos (*)
Según datos de Naciones Unidas (2017), alrededor del 50% de la población mundial vive en ciudades, y el nuevo paradigma de los ODS impone repensar las ciudades del futuro a partir de las agendas globales y sustentables. En ese sentido, ya se ha establecido en la agenda global el rol preponderante que tendrán las ciudades intermedias, y los nuevos enfoques que los gobiernos locales deberán tomar en términos de respuesta y cercanía para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
La reconversión de las ciudades como entornos sustentables, y acordes a los cambios de paradigma que la inteligencia artificial y la bioética han traído a nuestras vidas no es un tema nuevo. Nos encontramos con nuevos patrones de producción, distribución y consumo. Sin embargo, especialmente en los países en vías de desarrollo, se continúa con los antiguos desafíos estructurales de las economías urbanas que dificultan la inclusión económica y el acceso universal a bienes y servicios públicos.
Como bien señala Lucas Jolías, Iberoamérica tiene más de 70 ciudades con más de un millón de habitantes, lo que plantea enormes desafíos en términos de sostenibilidad, urbanismo, empleo, demanda hídrica, salud, educación, calidad del aire, movilidad e igualdad. No obstante ello, esta distribución urbano-rural, no guarda armonía con el desarrollo económico. En este sentido, la Cepal indica que el 80% de la actividad económica global se concentra en las ciudades y aún así la desigualdad urbana es un fenómeno persistente.
Por supuesto que estos problemas complejos demandan respuestas integrales e innovadoras por parte de los gobiernos locales. Soluciones locales para problemas globales, teniendo en cuenta que las mismas deben cumplir con estándares de transparencia y rendición de cuentas, compliance público, así como planificación y ejecución de programas focalizados en el crecimiento económico y social, sustentable y sostenible a lo largo del tiempo. A esta dicotomía, se le suma el rol determinante y relevante que comienzan a tomar las ciudades intermedias, quienes según estadísticas de la CAF, están ganando cada vez más protagonismo en el desarrollo socioeconómico de nuestra región.
En estas ciudades viven el 32% de los latinoamericanos; y algunas estimaciones indican que pueden concentrar hasta el 17% del PIB, jugando un papel determinante en el entramado logístico y de consumo de bienes y servicios. Asimismo, es importante destacar, que la brecha que se genera en estas ciudades es menor que en las grandes ciudades metropolitanas.
Por otro lado, e históricamente, las políticas públicas locales han sido protagonizadas por “parches” que van tapando necesidades parciales y de corto plazo sin una visión integral. Por ello, y para que estas iniciativas sean sostenibles a largo plazo, se necesitan nuevos modelos de gestión pública local, en los que la ciudadanía tenga un rol importante a la hora de instalar los problemas en la agenda pública y pueda involucrarse en su solución.
Las preguntas que desafían al Estado local son muchas pero podemos elegir tres.
¿Cómo alcanzar una participación ciudadana efectiva en el proceso de desarrollo de nuestras ciudades?
¿Cómo resolver o mitigar las inequidades estructurales?
¿Cuáles deberían ser las políticas públicas para avanzar hacia la transformación social-ecológica real?
La primera respuesta es la más obvia, y sin embargo es posiblemente una de las más difíciles de lograr, porque implica generar un equilibrio entre la visión de los “expertos”, la visión de los políticos y la visión de los ciudadanos. Quizás, la co-creación de políticas públicas, en conjunto con la ampliación de la información y la participación en los asuntos públicos que provee la matriz del “Estado Abierto” (Oszlak) permitan elevar esta vara. Aunque aún resulta un desafío enorme que los individuos encuentren el tiempo y la motivación para hacerlo en lo que Byung-Chul Han llama la “sociedad del cansancio”.
En segundo lugar, el desafío de la inequidad estructural pasa en gran parte por resolver las brechas que comentábamos más arriba, fomentando el desarrollo de ciudades intermedias, y al mismo tiempo trabajando fuertemente sobre los problemas que aquejan a las megalópolis.
La tercera cuestión, la de la sustentabilidad, es quizá en donde se ven más iniciativas, ya que muchas ciudades están trabajando para integrar la sostenibilidad en los códigos y reglamentos de construcción, por ejemplo con el apoyo del “Acelerador de Eficiencia Energética en Edificaciones” (BEA), una red público-privada vinculada a la iniciativa de la ONU Energía Sustentable para Todos (SEforALL).
En América Latina hay decenas de ejemplos de buenas prácticas incipientes en ese sentido: Ciudad de México ha incluido medidas de eficiencia energética para los edificios nuevos. En Salvador (Brasil), a los constructores se les ofrecen exenciones impositivas si se utilizan tecnologías sostenibles y se reducen emisiones. En Santiago de Chile, se ha invertido en mejoras de eficiencia energética y energías renovables, incluidos proyectos de energía solar en los techos, y en Buenos Aires, existe una legislación sobre la posibilidad de no pagar Ingresos Brutos si se tienen terrazas verdes, autos híbridos o eléctricos.
En conclusión, la crisis del Covid- 19 demuestra que es urgente repensar la administración pública local y al espacio público, los modelos de movilidad existentes y el desarrollo y provisión de bienes y servicios. Necesitamos de manera urgente repensar la sustentabilidad, el crecimiento y la expansión de las telecomunicaciones, en cumplimiento de los nuevos requerimientos ciudadanos y los servicios de cercanía. Es el momento de invertir en tecnología, capacitación e infraestructura para la modernización del Estado local, que sea inclusivo, integrador, innovador y sustentable.
(*)Especialista en administración y políticas públicas (UBA ? Georgetown)
