Por Luis Domenianni
Por lo general, los gobernantes obtienen su “calificación ideológica” en razón de sus dichos previos a la llegada al poder. Luego, esos dichos suelen caer en cierto desuso, en la mayoría de los casos por obra de los hechos y las circunstancias. Cuando así ocurre, se suele hablar de “realpolitik” o realismo político.
Al realismo político suele oponerse el “voluntarismo” que, pese a su consonancia, poco y nada tiene de inocente, ni de ingenuo. Es el caso de los autócratas, potenciales o ya asumidos. Suelen no modificar el discurso inicial, y simplemente lo tergiversan en los hechos.
Hablan de democracia y reducen o suprimen los mecanismos transparentes de voluntad popular. Solo consideran pueblo a sus partidarios y reservan para sus opositores los motes de traidores, anti patrias y cuanta desconsideración se les ocurra.
El todo, generalmente acompañado de un importante grado de corrupción y de uso del Estado para satisfacer intereses personales. El círculo cierra con una retórica populista que desprecia la meritocracia y con la construcción de un clientelismo a base del reparto de dinero público entre los sectores más postergados de la sociedad.
El fenómeno suele ser descrito en política como posverdad o posrealismo. No se trata de oponer hechos contra hechos. Se trata de sostener una distorsión deliberada de la realidad. Su fundamento es que algo que aparente ser verdad es mucho más importante que la propia verdad.
Por lo general, la posverdad es utilizada como elemento descalificador hacia el otro, hacia el rival al que se convierte en enemigo?de la patria, del pueblo, de la nación, de la clase social, de la étnica o de la religión, del género y hasta del empleo tradicional del idioma.
A favor o en contra los hechos resultan ignorados o son poco relevantes. En el mejor de los casos, se los distorsiona para hacerlos alinear junto a la posverdad deseada y difundida.
No obstante, resulta válido intentar la búsqueda de la verdad, no la post -más allá de cualquier consideración de calificación ideológica-, en la acción de gobierno, en la veracidad, falsedad o tergiversación en las palabras del gobernante y en las respuestas de la oposición política.
En tal sentido, el caso Brasil es particularmente ilustrativo.
Jair Messias Bolsonaro, 66 años, es un paulista ?natural del Estado de Sao Paulo- nacido en el pequeño municipio de Glicerio, poblado con menos de 5.000 habitantes. Asumió como presidente de Brasil, el 1° de enero de 2019, tras resultar electo por el Partido Social Liberal (PSL).
Venció al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, en dos ocasiones. En primer vuelta, con 46,03% de los sufragios. Y en segunda, y definitiva, con el 55,13% de los votos. De allí que su legitimidad de origen resulte incuestionable.
El presidente Bolsonaro es un político de larga experiencia. Fue diputado federal con siete mandatos ininterrumpidos entre 1991 y 2018. Sin embargo, para la posverdad, es un político improvisado tal como el expresidente norteamericano Donald Trump quien, efectivamente, nunca había resultado electo hasta su triunfo presidencial.
Bolsonaro, a diferencia de Trump, siempre estuvo involucrado en la cosa pública. Desde 1977, año en que egresó de la Academia Militar de Agulhas Negras, en Resende, Estado de Rio de Janeiro hasta 1988 como oficial de Ejército, luego como concejal de Rio de Janeiro, inmediatamente después como diputado federal y, ahora, como presidente.
La extrema derecha
Sin dudas deben ser tomadas por válidas aquellas declaraciones que el diputado federal Bolsonaro efectuaba con relación al golpe de Estado de 1964 y los posteriores gobiernos militares que se sucedieron hasta el retorno democrático en 1985.
Bolsonaro nunca ocultó su simpatía y su justificación de aquel momento histórico y, peor aún, de los métodos de “guerra sucia” utilizados durante los primeros años del gobierno militar para vencer a la guerrilla marxista sostenida y apoyada desde Cuba y la Unión Soviética.
Fueron esas simpatías y esa justificación de la guerra sucia, los puntos centrales de la identificación con la extrema derecha que recibe Bolsonaro de buena parte de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, de la oposición política y, sobre todo, del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inacio da Silva, “Lula”.
No ocurre lo mismo con su conducta electoral. El futuro presidente Bolsonaro llevó a cabo una campaña en regla. Ganó en todos los estados del sur de Brasil, en los del centro ?Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais- y en los del oeste amazónico. Es decir un total de 16 estados. Perdió, en cambio, en los estados del noreste, once en total.
Por supuesto que las dudas sobre el eventual autoritarismo de Bolsonaro no residían en el camino electoral, sino en el desempeño posterior ya como presidente del Brasil.
Algunos hechos políticos sirven para avanzar sobre la verdad. No, sobre la posverdad. Un punto central radica en la anulación por parte de la Corte Suprema de las actuaciones que pusieron preso al expresidente Lula.
Sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, sino sobre las formas juzgadas incorrectas del entonces juez Sergio Moro, a la sazón primer ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, la Corte Suprema consideró que se produjo “colusión” entre el juez y el equipo de fiscales que investigaba a Lula y que Moro se extralimitó en su papel para juzgar.
Más allá de la interpretación que se le pueda dar al caso. Lo cierto es que la decisión de la Corte Suprema habilita a Lula da Silva a presentarse nuevamente, en la práctica, como candidato a la presidencia, dado que el inicio de un nuevo juicio y su desarrollo previsiblemente superen en tiempo cuánto resta de mandato de Bolsonaro.
Mientras, por ejemplo, en Nicaragua gobernada por el populista “de izquierda” Daniel Ortega, la Justicia se dedica a imposibilitar candidaturas presidenciales opositoras ?ya van tres más dos partidos políticos-, en Brasil, la extrema derecha “bolsonarista” acepta sin chistar un fallo de la Corte Suprema que pone en carrera al opositor con mayor aceptación.
En el ámbito de la verdad, difícil de calificar de autoritarismo de extrema derecha. En el de la posverdad?
Es posible desconfiar, pero a la hora de mover las fichas políticas, las alianzas del presidente Bolsonaro ?Brasil no cuenta con una estructura de partidos con antigüedad histórica- lo llevan al “centrao”, el centro político. Cierto es que movió recursos en obras públicas en las circunscripciones de los legisladores del “centrao”, algo utilizado recurrentemente en Brasil.
Con todo, ambas cámaras quedaron presididas por legisladores que apoyan, pero no responden directamente al presidente. Conclusión obvia en el ámbito de la verdad, un poder que no se concentra y que debe negociar cada ley con sus aliados que son tales, pero no son propios. En el de la posverdad?
En las elecciones municipales de 2020, los votantes optaron por los partidos de derecha y centro derecha que no apoyan al presidente Bolsonaro. A su vez rechazaron al Partido de los Trabajadores del expresidente Lula que perdió las dos ciudades capitales que disputaba, Recife y Vitoria. De su lado, Bolsonaro perdió su base de Rio de Janeiro.
En síntesis, desde la verdad, los movimientos habituales de la política ejercida de forma democrática.
La salud
Mucho se habló de la desaprensión del presidente Bolsonaro, respecto de la salud de los brasileños frente al Covid-19. Una desaprensión que fue caracterizada como gemela de la que exhibía el expresidente Trump.
Dichas aseveraciones se fundamentan en dos cifras incontrastables: las que contabilizan los muertos por Covid en uno y otro país. Aproximadamente, 600.000 para Estados Unidos y 480.000 para Brasil, al 8 de junio de 2021. Ambos países, al frente, tristemente, de la escala planetaria respectiva.
Si bien las cifras son correctas y graves, ciertamente, quedan relativizadas cuando se las ubica en un contexto comparativo. Por ejemplo, la cantidad de muertos por millón de habitantes. Así, Brasil con 2.276 muertos por millón de habitantes, al 8 de junio, se ubica ya no en segundo, sino en octavo lugar.
Por cierto, no es muy meritorio, pero es menor que la mortandad por dicha causa que exhiben Perú y varios países europeos como Hungría, Bosnia, República Checa, Macedonia, Bulgaria y Eslovaquia y es apenas superior a la de Bélgica, a cuyo gobierno nadie califica de desaprensivo.
A la misma fecha, Brasil muestra un aumento del promedio de la mortalidad por Covid de los últimos siete días de 7,9 personas por cada millón de habitantes. Bastante menos que sus vecinos Paraguay con 17,5; Uruguay con 16,9; Argentina, 12,6; Surinam, 12,4 y Colombia, 10,4.
Desde la vacunación, los resultados no son los mejores si se los compara con otros de la región. Brasil vacunó con primera dosis al 24,02% de su población y con segunda al 11,05%.
Chile, que es quién más vacunó, alcanza al 58,82% en primera dosis y 44,7% con segunda. Uruguay completa 58,01% con primera dosis y 31% con segunda.
Luego muy por detrás sigue un lote que encabeza la República Dominicana con 37,7 y 14,4 respectivamente en primera y segunda dosis; Argentina con 25,62 y solo 6,83; Brasil, 24,02 y 11,05% y Costa Rica con 23,9 y 13,48%, respectivamente.
Es decir que de la veintena de países que conforman la región, Brasil se ubica quinto si se establece la escala en la primera dosis y cuarto si se suman ambas dosis. Efectivamente, no se trata de un promedio brillante, pero tres cuartas partes de los países de la región están por debajo. ¿Desaprensión? No parece. Al menos, no mayor que la de otros países de la llamada América Latina.
Y en todo caso, bastante mejor que los modelos “populistas de izquierda” como Cuba con 15,65% de vacunados en primera dosis y 1,39% en segunda; o Venezuela con 11% de vacunados en primera dosis y 0% en segunda; o Nicaragua con 2,53% de vacunados en primera y 0%, en segunda.
La economía
Oponer salud y economía suele ser una falsa opción de la que nadie, en ningún gobierno, se sirve para justificar comportamientos.
Es que si o lo uno o lo otro conformaba una dicotomía válida al principio de la pandemia del Covid-19, la validez se perdió cuando los meses comenzaron a pasar, cuando las vacunas tardaron en aparecer y cuando la vacunación, desigual por cierto según la escala de riqueza que exhibe cada país, se lleva a cabo con diversos grados de lentitud.
Superados aquellos primeros meses, las respuestas a la segunda y, en algunos casos, tercera ola de contagios fueron, más o menos, contundentes pero ya no obviaron más la necesidad de asegurar cierto nivel de funcionamiento de la economía para evitar el quiebre masivo de empresas y la desocupación sin freno de trabajadores.
Es más, a riesgo de sus propias vidas quienes desarrollan trabajo informal ?y no reciben asistencia estatal- no dudaron en arriesgarlas para para mantener, aunque sea en nivel mínimo, un ingreso para sus familias.
La economía brasileña, como tantas otras, no fue ajena a estos vaivenes.
El PIB del país de habla lusitana fue de una caída importante, no superior al promedio mundial, del 4,1% en 2020, el peor resultado anual desde 1996. Las perspectivas para el año en curso orillan un crecimiento del 3,5%.
De su lado, la inflación anual (2021) es calculada en 5%, algo por encima del 4,5% del 2020, la más elevada desde 2016.
Frente a esta situación, el presidente Bolsonaro entró en pánico allá por enero pasado. Fue cuando admitió que el país estaba en quiebra y que, por ende, no estaba en condiciones de continuar con la ayuda que, durante 9 meses, recibieron 68 millones de brasileños.
Un par de meses después cuando los datos comenzaron a mostrar una mejoría en el desempeño económico brasileño, el presidente se calmó.
Otro de los temas controversiales es la actitud del Gobierno frente al clima y al medio ambiente. Más allá, del tironeo entre gobierno y oposición. Y del empleo de la posverdad por sobre la verdad. Lo cierto es que el presidente muestra actitudes, al parecer, contradictorias.
Si, por un lado, y según Global Forest Watch, Brasil, junto con la República Democrática del Congo y Bolivia ?gobernada estos últimos años por el indígena Evo Morales-, son los tres países que más deforestan, dicha deforestación no se limita al gobierno brasileño actual.
Datos: en 1970, el bosque amazónico brasileño cubría 4.100.000 kilómetros cuadrados. Hoy cubre 3.300.000 kilómetros cuadrados. Pero, en 1990, ya había quedado reducido a 3.700.000 kilómetros cuadrados. En 2000, a 3.525.000 kilómetros cuadrados. Y en 2010, a 3.350.000 kilómetros cuadrados.
Es decir que al presidente Bolsonaro se le puede imputar no haber detenido la deforestación. Pero no se lo puede acusar ni de comenzarla, ni de acelerarla, al menos en el terreno de la verdad.
“Si ustedes no quieren explotaciones mineras, no habrá más explotaciones mineras en sus territorios”, fue el compromiso que Bolsonaro el 30 de mayo pasado, a través de un video, asumió con las comunidades indígenas Yanomani que habitan los Estados brasileños de Amazonas y de Roraima.
Para hacer efectiva la promesa, no alcanzará con la finalización de licitaciones mineras en dichos estados. Deberá incluir el combate con la minería ilegal ?los garimpeiros- que atacan a las comunidades indígenas.
Y para eso deberá movilizar al Ejército, aunque la posverdad lo acuse de militarismo.
