Por Daniel Montoya
“Tenemos la obligación política y moral de distinguir entre los que se benefician del lomo barato y los que no alcanzan a ingerir un mínimo de proteínas animales”, aseveró el historiador Roy Hora en una reciente columna en Clarín.
Por cierto, una idea muy en sintonía de aquella que planteó hace pocos días el ministro Martín Guzmán, en visible contraste con el kirchnerismo, respecto a los subsidios a la energía. “Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-ricos”.
Vale aclarar, ambos aluden a diferentes herramientas de intervención estatal. Por un lado, el cierre de frente mar a las exportaciones de carne. Por el otro, los subsidios a los productores de servicios públicos. No obstante, los dos dispositivos deberían conseguir el mismo efecto para los consumidores: abaratar la cuenta de carne, luz, gas, agua y transporte.
Subrayo, deberían. La prueba ácida de los servicios públicos es mucho más sencilla. Llegan las facturas, enciendo la hornalla, subo la llave de luz, sale agua de la canilla, me cortaron la electricidad, cargo la SUBE, pasa el colectivo o el tren cada 10 minutos, llego tarde al trabajo. El precio, cantidad, calidad y disponibilidad del servicio es bastante transparente, quizás con la única excepción de un terreno donde el Gobierno intentó poner un pie el año pasado: los servicios de telecomunicaciones.
En ese ámbito, el Ente Nacional de Telecomunicaciones concurrió a la Corte Suprema de Justicia a los fines de revertir una cautelar a favor de Telecom Argentina que bloquea la declaración de servicio esencial de una serie de servicios donde la verificación de calidad implica desafíos técnicos más complejos. En particular, ¿cuántos consumidores examinan la velocidad de subida y bajada de Internet?
Lo mismo vale para la telefonía celular, un servicio plagado de polémicas respecto a áreas de cobertura, calidad de la señal y comportamiento de las compañías proveedoras pero que, al igual que el resto de los servicios públicos, continúa siendo fácil de controlar en virtud de la provisión centralizada, habitualmente monopólica u oligopólica. Si el Estado no tuviese capacidad de monitorear los precios y la cobertura básica al menos en las áreas metropolitanas de Claro, Movistar y Personal, pues el último que salga que apague la luz.
Por ello no resulta extraño que, aun estando hoy pasadas de moda, siempre emerja en la agenda pública algún debate sobre nacionalización, estatización o regulación de servicios públicos cuya propia definición de esencial varía en función de época y lugar. Sin ir más lejos, la crisis derivada de la pandemia trajo a la luz esta discusión en el seno de varios países europeos.
Por el contrario, en el ámbito de la ganadería no hay casi margen para enfoques de ese tipo. De entrada, la producción está repartida en su base en más de 200.000 establecimientos cuyo tamaño no supera las 100 cabezas de ganado. A partir de allí, se forma una larga cadena donde participan diversos actores, cabañeros, criadores, invernadores, feedloteros, frigoríficos, mataderos, hipermercados, supermercados y, por último, las carnicerías de barrio a las que muchos consumidores vintage todavía concurrimos. Dentro de este panorama, la única excepción donde cabe lugar para un mano a mano con “los dueños de la pelota”, es en el segmento exportador, una mesa chica de 10 empresas que acaparan el 75% del récord de un millón de toneladas de carne que exportamos en 2020.
En pocas palabras, donde hoy está concentrada la pelea, con el telón de fondo de un país que pasó de exportar un quinto a un tercio de su producción de carne.
El mantra K de los alimentos y tarifas
Si alguien piensa que ambos debates surgieron por casualidad en simultáneo, debería desechar la idea. La propia Cristina se encargó de abonar el terreno, ¡oh coincidencia!, en un acto en diciembre pasado en La Plata acompañada por Alberto Fernández y Axel Kicillof. “Hay que alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. ¿A qué alimento puede hacer referencia la conductora indiscutible del Frente de Todos sino a aquel donde ocupamos el podio mundial de consumo per cápita?
Si tiene color rojo, hueso y va a la parrilla es carne. El oscuro objeto del deseo argentino que fue central en la plataforma electoral del Frente de Todos y que hoy activa el conflicto con una parte del sector agropecuario, en una suerte de remake de la resolución 125 de 2008. Precisamente, decía Néstor Kirchner un par de años antes de aquel episodio, “no nos interesa exportar a costa del hambre del pueblo”.
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En este plano, vale decir que tanto los subsidios a los servicios públicos como la interrupción abrupta de las exportaciones de carne, forman parte del ADN del kirchnerismo. Más aún, sería más fácil imaginarse a Diego Maradona jugando con la camiseta de Inglaterra que al kirchnerismo impulsando una política económica tendiente a promover la generación de divisas vía la ganadería o recortando los subsidios energéticos que hoy, de imponerse la postura de Cristina implementada por su espada Federico Basualdo, comprometen casi todo el superávit comercial extraordinario generado por la soja pisando los U$S 600 la tonelada. En tal sentido, la proclama de este 25 de mayo (“Primero la salud y la vida, después la deuda”) expresa con nitidez una concepción política donde está ausente cualquier tipo de encadenamiento entre hechos del pasado y consecuencias en el presente.
Puntualmente, la voluntad política de cortar las exportaciones de carne o de no revisar la política de subsidios deja flotando la idea de que encontramos un agujero negro donde el déficit del sector público o la evaporación futura de los súper precios de la soja, no terminará haciendo correr nuevamente el taxímetro de la deuda y la necesidad de entrar en un nuevo repechaje con acreedores privados o públicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). En cierto sentido, esa visión política mágica donde la deuda de los argentinos es un plato volador que no tiene nada que ver con la salud y la vida de los argentinos es una apuesta a que cualquier cambio vendrá por vía de mejores condiciones en el contexto externo, sean precios internacionales, mejor predisposición de nuestros acreedores o aprovechamiento de la feroz competencia entre Estados Unidos y China. ¿Cambios internos? Retroceder nunca, rendirse jamás.
Ni hablar del principal drama económico actual de nuestro país al costado del sanitario: la inflación. Si algo diluyó y hasta evaporó los eventuales beneficios para el consumidor de acceder a alimentos y servicios baratos fue la inflación. Parafraseando el adagio de Juan Manuel Fangio, “lo que se pierde en la macro, no se recupera en la micro”. ¿Qué aumentos de salarios podrían neutralizar la variación de precios en algunos productos que alcanzaron casi el 2.000% solo entre 2003 y 2015? La carne por empezar: 1.827% entre ambos extremos. El kirchnerismo volvió, pero todavía no comprendió que no volvieron ni volverán las circunstancias imperantes al momento de su irrupción en la escena política.
Al día de hoy, esta versión de época del peronismo, perdón Julio Bárbaro, sigue con la asignatura pendiente de alumbrar un nuevo libreto que incluya un capítulo central respecto a la generación de riqueza en un contexto internacional complejo y, en el plano político, un guión que incorpore la idea de un gran acuerdo nacional que comprometa a todos los actores que deberán acomodarse a este nuevo escenario devastador generado en parte por la pandemia pero, más aún, por la ausencia de una hoja de ruta adaptada a esta época inédita.
(*) Analista político @DanielMontoya_
