Estas semanas se puso de manifiesto cierta interna dentro del Gobierno sobre cómo comenzar con el proceso de actualización de las tarifas de energía, luego de dos años de congelamiento. Finalmente, se decidió que los aumentos sean de 9% para electricidad y de 6% o 7% para el gas.
Para la consultora Ecolatina, “dadas las características de los subsidios energéticos en la actualidad, el diseño de la transferencia es progresivo, pero pro-rico y (eso) no representan el mejor uso posible de estos recursos”.
En su último informe, consignó que los subsidios económicos crecieron más de 100% en 2020 y casi 80% interanual en el primer trimestre de 2021, duplicando la inflación. En tanto, se desprende de estos números cómo vienen ganando peso como porcentaje del PBI, pasando de 1,6% en 2019 a más de 3% en 2021.
La Administración Pública Nacional paga actualmente subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas y al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial, entre otros. El año pasado, “los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del PIB”, explicó Ecolatina.
Los movimientos en los costos (vinculados a las condiciones de producción, el tipo de cambio y los precios internacionales) generan subas directas en las tarifas de estos servicios. Los subsidios, entonces, se utilizan para que las boletas finales no lleguen con ese impacto. Para esto, el Estado paga una porción de esas facturas, que varía según la evolución de los distintos factores y el precio del servicio pagado por el público.
Subsidios pro-ricos
Para Ecolatina, por su carácter pro-rico, los subsidios actuales no representan el mejor uso posible de estos recursos. “Si el objetivo fuera ayudar a los sectores vulnerables o estimular su demanda, existen herramientas más idóneas para hacerlo. Por llevarlo al extremo, si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, podría recortarse en 7 puntos la alícuota del Impuesto al Valor Agregado o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos”, dijeron.
Por otro lado, la consultora señala que el gasto en subsidios impacta directamente en las cuentas públicas. “Pensando en el bajo nivel de reservas netas y los compromisos con organismos multilaterales de crédito que hay por delante, podemos afirmar que los subsidios son un gasto ineficiente, costoso en pesos y dólares, en un país con un déficit fiscal y una necesidad de divisas importantes”, agregaron.
Por este motivo, al elevar el precio de estos servicios se reduce el monto total a financiar por el Tesoro. En tanto, al necesitar menos gas y electricidad debido a la baja en el consumo que generan los aumentos, la demanda puede cubrirse con producción local, achicando la necesidad de importarlos, lo que es mucho más costoso e insume divisas en poder del BCRA.
El informe de Ecolatina señaló que, actualmente, “los subsidios vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una distorsión de precios poco sostenible, que eventualmente deberá corregirse”. Así, a principios de 2016, los usuarios minoristas de electricidad pagaban alrededor del 15% del costo monómico de generación. Ya en 2019, los usuarios pagaban el 63%, pero con efectos importantes en la inflación y la actividad.
Luego de las PASO de 2019, se decidió congelar los aumentos y eso estuvo vigente hasta abril de este año. “De esta forma, a dos años del inicio del congelamiento, las tarifas de los servicios públicos perdieron la mitad de su valor en términos reales, generando un desequilibrio relevante”, afirmó la consultora.
Ahora bien, aunque aporta sostenibilidad a la dinámica de las cuentas públicas, subir las tarifas de gas o electricidad no es inocuo: tiene impactos sobre los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria. “Desde este punto de vista puede comprenderse el motivo para postergar las actualizaciones, ya que las mismas agravarían la caída del salario real en una economía muy golpeada y a poco de las elecciones. A la vez, sumarían tensiones a una inflación que no da tregua”, consideró Ecolatina en su informe.
Dadas las características de los subsidios energéticos en la actualidad, el diseño de la transferencia es progresivo, pero “pro-rico”, consignó el trabajo. “En primer lugar, esto significa que el monto recibido por los usuarios de menores recursos representa un porcentaje mayor de sus ingresos, en tanto las tarifas tienen un peso mayor en su canasta de consumo”, destacaron. A la vez, quienes más poder adquisitivo poseen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad.
Para Ecolatina, una solución sería la famosa “segmentación”, ya que “este problema de equidad podría ser resuelto diferenciando a los usuarios”. Considerando las experiencias del IFE y la Tarifa Social Eléctrica, las bases de datos de AFIP y de ANSES, entre otros, esto pareciera ser viable técnicamente. “Este procedimiento agudizará la progresividad y ayudaría a corregir el carácter pro-rico de dicho gasto”, estimaron.
Aumentar las tarifas puede ser indeseable en lo inmediato y afectar al humor electoral. “Sin embargo, si su congelamiento demanda crecientes recursos fiscales y de dólares, el resultado podría ser incluso peor: mayores expectativas de devaluación o un salto de los tipos de cambio paralelos afectarían más al humor electoral que una actualización del precio de los servicios públicos”, concluyó Ecolatina.
Enre y Conicet
Días atrás, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) firmó un acuerdo de asistencia técnica con el Conicet con el objetivo de asesorar en el diseño de políticas públicas en el marco de la segmentación tarifaria que lleva adelante. Asimismo, Flacso aportará investigadores a los equipos de trabajo. El Enargas iría por la misma línea.
La secretaría de Energía, que lidera Darío Martínez, los presiona en esa dirección. De hecho, envió una carta a los entes para que avancen en hacer “más eficiente la identificación” de los usuarios. La idea posterior es avanzar con la redacción de un decreto que habilite a la AFIP a que los ayude a segmentar los datos de los usuarios.
La tarea parece compleja.
El Gobierno
El viernes pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el país tiene "un sistema de subsidios energéticos que es pro-ricos", y planteó la necesidad de focalizar los recursos donde más hacen falta. Esas declaraciones se dieron en el marco de una reunión (con el Presidente a su lado) y luego de la polémica por la interna con la subsecretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Federico Basualdo, a raíz de los aumentos en las tarifas energéticas. Fue un mensaje, también, hacia el sector de Basualdo.
“En un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba esas transferencias”, subrayó el ministro. “Los subsidios terminan en barrios en donde vive gente de altos ingresos, cuando estos recursos tienen que ser utilizados para aquellos que más necesitan", enfatizó Guzmán.
El Presupuesto 2021 tiene proyectado, en subsidios a la energía y al transporte, partidas por un total de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del PIB. De ese total, el 77,4% deberá ser destinado a subvencionar al sector de gas y electricidad.
En el encuentro, Guzmán planteó que es necesario "ser autocríticos" respecto al tema de los subsidios energéticos "en los cuales se gasta una parte importante del presupuesto" y que reconoció se presenta en estos días como "un debate público importante". En ese sentido, el ministro consideró importante "focalizar los recursos en aquello que más hace falta, en aquello que más sano es desde el punto de vista del desarrollo social".
Guzmán quiere subir las tarifas nuevamente en 2021. El 9% no alcanza para contener los subsidios. Ahora, sumó el argumento distributivo, más caro al ideario kirchnerista. Segmentar podría permitir cuidar la caja y quitarle el sesgo “pro-rico” a la política energética.
