Los ministros de Interior y de Economía, Eduardo "Wado" de Pedro y Martín Guzmán, respectivamente, recibieron esta tarde en Casa de Gobierno al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para iniciar el diálogo en torno a los fondos derivados desde la administración central para sostener la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde las 17, los funcionarios nacionales y el funcionario porteño están reunidos en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada para avanzar en las negociaciones de acuerdo con lo indicado en la Ley 27.606 de traspaso de los servicios de seguridad a la esfera porteña. Esa legislación, aprobada en diciembre último por el Congreso Nacional, establece que el "gasto anual" de la transferencia de seguridad, así como "su mecanismo de actualización trimestral", sean acordados "en forma bilateral".
El diferendo por esos fondos tiene su origen en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, cuando el expresidente incrementó por decreto los recursos destinados a la Ciudad del 1,4% al 3,75%.
Desde el punto de vista de la administración de Alberto Fernández, esa transferencia generó excedentes que acumularon, en el período 2016-2019, $86.269 millones en favor de la Ciudad. Al poco tiempo de asumir, Fernández mantuvo reuniones con Larreta para tratar el tema y lo propio hicieron los equipos técnicos de ambos gobiernos durante varios meses, pero mucho de lo avanzado quedó en espera por el comienzo la pandemia de coronavirus en marzo de 2020. En septiembre pasado, el Presidente redirigió los fondos hacia la provincia de Buenos Aires, decisión que llevó a la Ciudad a elevar un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.
Hacia fin del año pasado, todas las jurisdicciones -salvo la Ciudad- suscribieron un Pacto Fiscal en el que, entre otros puntos, acordaron que las funciones traspasadas a cualquiera de las provincias se deben hacer por ley y no se puede utilizar la Coparticipación para transferir fondos. Casi simultáneamente, el Congreso aprobó la Ley 27.606 en la que se ordena que el "gasto anual" de la transferencia de la seguridad a la Ciudad y "su mecanismo de actualización trimestral" sean acordados "en forma bilateral".
También la Corte Suprema avaló, durante la tercera semana de abril, que la resolución del diferendo se realice en el marco de la norma dictada por el parlamento.
