El vicepresidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Gustavo López, ratificó este domingo que el Gobierno va a apelar ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que otorgó una medida cautelar en favor de Telecom Argentina en suspensión de los artículos del DNU 690/2020, que declara a las telecomunicaciones como servicio público.
“Millones de argentinos no pueden quedar rehenes de dos personas que deciden por los millones, y que vienen a suplantar al sistema político y deciden que para una empresa la ley no se aplica”, subrayó López en diálogo con radio El Destape.
“Con esta decisión, millones de personas quedan expuestas a pagar lo que no tienen y quedar afuera de un servicio esencial", expresó López.
Adelantó que mañana se publicará una resolución para que no se pueda cortar el servicio por falta de pago ante sobrefacturaciones por incumplimientos del decreto.
Además, sostuvo que hay una reflexión necesaria derivada de esto que tiene que ver con que “las empresas que no quieren ningún tipo de regulación van a la justicia”, y en ese accionar “se afecta la gobernabilidad y el sistema democrático, si cada vez que no te gusta una decisión de los poderes públicos elegidos por voluntad popular vas a buscar a un juez para que suspenda la medida”.
También contextualizó que “Telecom no está cumpliendo con la norma en cuestión desde el 1 de enero, y viene recibiendo por ello una multa diaria”. La multa tiene fundamento en que el primer día del año, “decidieron un aumento del 20% cuando debía ser del 5%".
López también dijo que el hecho de permitir que una compañía decida el precio de un servicio tan esencial afecta además a la libre competencia respecto de otras empresas del sector, y “genera un gran desequilibrio en el mercado, en que el que cumple la ley tiene un precio máximo, y el que está eximido de cumplirla cobra lo que quiere y acumula más ganancias que el resto”.
DNU y medida cautelar
El DNU sancionado declaró a las telecomunicaciones como servicio público, y definió que el precio ya no podría ser determinado de manera arbitraria por las empresas sino que el Estado iba a intervenir en su fijación. Además, se estableció una prestación básica universal por medio del mismo.
La medida fue tomada en el marco de la pandemia de Covid-19 y con el objetivo de contemplar que en este contexto el acceso a “las telecomunicaciones son una necesidad, dado que el coronavirus obligó al trabajo de forma remota, a la educación virtual, e incluso a la realización por medio de internet de trámites, pedidos de recetas médicas, e incluso de la inscripción a subsidios, y hoy hasta para inscribirte a la vacunación”, señaló López.
El viernes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió una presentación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez.
