El incierto futuro de la política exterior de Estados Unidos

10 de mayo, 2021

El incierto futuro de la política exterior de Estados Unidos

Por Atilio Molteni  Embajador

Tras culminar los primeros cien días de Gobierno, el nuevo Presidente de Estados Unidos se instaló con habilidad y mérito en la conducción protagónica de la vida política del país. Tanto su ambiciosa campaña de vacunación contra el Covid-19, como la audacia que exhibió al enfrentar los graves e irresueltos problemas internos, hicieron de Joe Biden una figura inesperadamente fuerte y respetable. De ahora en más le toca entender que está por finalizar la época de los enunciados, para dar comienzo al día a día de una complejísima gestión.

El pasado 28 de abril, el jefe de la Casa Blanca llevó al Congreso un discurso de detalle. Tras superar la etapa de negociación del gigantesco paquete de doble estímulo financiero a la economía que presentó en marzo, Biden desplegó un enorme y necesario plan de infraestructura y un nuevo sistema de seguridad social, con los que comenzaron las dudas acerca de los riesgos potenciales de carácter inflacionario del sano financiamiento de cada proyecto.

El Presidente también propuso abonar las cuentas de esos planes con la parcial reimposición de algunos de los impuestos a las grandes fortunas, a las empresas, a las inversiones y a las ganancias, propuestas que están dando lugar a un gran debate parlamentario. En pocas palabras, deshizo de un golpe una cuota de la alquimia populista que armó Donald Trump, sin rendirse ante las recetas ortodoxas de corrección política. Dado que los analistas de la vida monetaria y fiscal ya están sobre el asunto, el veredicto de la realidad está en buenas manos o en las manos de costumbre y habrá que mirar el veredicto de los hechos.

En política exterior Biden llevó algunas gotas de racionalismo al mundo multilateral, con el reingreso de Washington a la OMS, el vigoroso replanteo de las ideas sobre el Cambio Climático que barateó e improvisó Trump, el refuerzo de los vínculos con sus aliados naturales y el comienzo de complejas negociaciones destinadas a reestructurar y recomponer el programa Nuclear de Irán (el PAIC), una política vigorosa frente a Moscú y la reposición de las banderas vinculadas con el pleno respeto de los derechos humanos. En muchos otros temas existe, por el momento, una política de continuismo o incertidumbre, como es el caso de las relaciones con Cuba y, además, su equipo de Gobierno va muy lento en materia de política comercial, sector en el que no se esperan verdades revolucionarias.

En esa estantería, su decisión del retiro total de las tropas estacionadas en Afganistán (el próximo 11/9/2021), al cumplirse el 20° aniversario del ataque a Estados Unidos por parte de Al-Qaeda, terminando con las acciones más prolongadas de su país en toda su historia, tiene muchos respaldos y muchos detractores.

El público no suele recordar que Trump, especulando sobre la posibilidad de ganar votos en las futuras elecciones presidenciales, buscó una solución negociada con el Talibán, y a fines de febrero de 2020 llegó a un acuerdo sobre el repliegue de los soldados, el que debía completarse en mayo de este año, a cambio de contrapartidas que no fueron demasiado específicas en cuanto a su implementación. Tal decisión fue heredada por la nueva Administración con plazos muy estrechos.

Biden no efectuó ningún cambio copernicano. Se limitó a postergar la resolución de Trump por unos meses, a pesar de las objeciones de la cúpula militar, que sostiene que la diplomacia no se puede desarrollar sin una presencia efectiva. En consecuencia, advirtieron que la partida de 2500 soldados (que ya comenzó y está sincronizada con el paralelo repliegue de la fuerza internacional de la OTAN), podía significar el colapso del Gobierno afgano y el restablecimiento del poder del Talibán en Kabul, con graves efectos en la lucha contra el terrorismo y en el avance de otros intereses geopolíticos regionales, como los que se plantean en Rusia, Paquistán, India y China.

El actual ocupante de la Oficina Oval, al cerrar este capítulo de la historia estadounidense tuvo en cuenta distintos objetivos que los de su antecesor, al sostener que no se podía continuar con la presencia militar a la espera de las condiciones más favorables, ya que, así como no existieron cuando se desplegaron 98.000 soldados (por Barack Obama en 2012), ni fueron alcanzadas en este momento, tal decisión resulta necesaria para concentrar los recursos militares ante conflictos potenciales vinculados al crecimiento de China y no seguir las guerras del pasado.

Así comenzó en Washington un debate entre quienes consideran que el fin de la cooperación con el Gobierno de Kabul afecta los intereses de seguridad nacional y quienes la aprueban, aún sin haber logrado la victoria. Estos últimos entienden que se alcanzó el límite de la acción militar, que la ayuda a Afganistán va a continuar, que la paz sólo se puede alcanzar a través de un acuerdo negociado e inclusivo entre los afganos y que este conflicto perdió vigencia para los estadounidenses, que ven en el horizonte preocupaciones más inmediatas.

Biden tampoco se quiere apartar del camino emprendido por Trump en lo que se refiere a dirimir los intereses antagónicos que Estados Unidos tiene con China. El actual mandatario estima que Beijing es una nación adversaria, cuyas autoridades efectúan tangibles acciones contra el régimen económico y democrático de Hong Kong, Xinjiang, el Tíbet y visible coerción económica sobre aliados de Washington, hecho que la convierten en una severa amenaza global y a su propio país. La semana pasada la reunión ministerial en Londres del G7 (los países más industrializados), acompañó estos postulados en una extensa declaración, que Beijing calificó como una intervención en sus asuntos internos.

No obstante excluir de ese tétrico paisaje la cooperación en temas de interés común (como el medio ambiente, la actual pandemia y el desarme nuclear), los especialistas opinan que la nueva Administración no ve con buenos ojos el replanteo de los vínculos bilaterales, ni va a dejar de lado algunas de las políticas de su predecesor, salvo aquellas que estima confusas o contradictorias, debido a que China intenta ser la potencia prioritaria debido a su participación en la economía global y al deseo de expandir su propia esfera de influencia regional, con la ayuda de las estadísticas que revelan que para muchos países es el socio comercial indispensable.

Biden prometió “ganar” el Siglo XXI, concentrándose en una acción colectiva en lo que describe como la batalla entre las democracias y las autocracias que dañan al orden global.

Uno de los objetivos del mandatario demócrata es combinar sus capacidades con aliados como los que integran la OTAN, para quienes el orden internacional basado en la “regla de la ley” (the rule of law) debe alcanzar nueva fortaleza para así condicionar las acciones chinas, un proyecto que incluye la reformulación del equilibrio geopolítico del Asia-Pacífico. Este enfoque es visto como una competencia racional y no una nueva “Guerra Fría”. Tanto que el Gobierno de Biden propone competir la “ruta de la seda” china con un enfoque de equivalente o mayor envergadura, administrado y dirigido por las potencias occidentales.

Para los analistas Taiwán es la situación más peligrosa y el nervio más sensible de este diagnóstico estratégico.

Mientras la confrontación ideológica que originó la Guerra de Corea se superó en 1972, mediante un compromiso por el que Nixon aceptó la política de una sola China y el posterior establecimiento de relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. Desde entonces Washington desarrolló y respetó una política de “ambigüedad estratégica”, con el objetivo de que China no tratara de unificar la isla militarmente y el Gobierno de Taipéi no declarase su independencia. En ese andarivel, Washington continuó suministrando armamentos a Taiwán para su defensa, mantuvo una relación oficial limitada y su Séptima Flota patrulló el Estrecho en momentos de tensión.

Y a pesar de que la reunificación pacífica de la isla pareció ser el resultado natural, en estos momentos tienen vigencia con mayor vigor dos realidades contrapuestas: el Gobierno taiwanés y la mayoría de sus 24 millones de habitantes no aceptan esa opción, tras lograr un sistema democrático y un amplio crecimiento económico y tecnológico.

El régimen de Taipéi pretende continuar con la situación actual, mientras se prepara para resistir una invasión de China Continental.

Por su lado, el gobierno del presidente Xi Jinping buscaría reunificar a la isla, por razones políticas y alcanzar su integridad territorial, demostrando en la práctica su creciente poderío militar.

Mientras ello sucede en Asia, los militares estadounidenses aprecian que China puede desencadenar una acción en un plazo no demasiado largo y Taiwán devenir en el próximo Hong Kong.

Algunos especialistas estadounidenses sugieren aplicar una nueva política de “claridad estratégica”, dejando de lado toda ambigüedad para incrementar la disuasión. Su idea es formular una declaración explícita afirmando que Washington responderá con acciones concretas ante cualquier utilización de la fuerza contra Taiwán.

Al hacerlo imaginan que el control de la isla por China afectaría las relaciones de Washington con Japón y Corea del Sur, su capacidad de acción en el Pacífico y su preponderancia regional.

Pero la cosa no es tan sencilla. En otros círculos oficiales del Gobierno de Estados Unidos se considera que tal política tendría desventajas y desestabilizaría las relaciones entre las dos Potencias, debido a que Beijing podría considerar que Washington está decidido a condicionar su crecimiento apelando a toda clase de medios, inclusive los militares, y tal convicción los induciría a responder con iniciativas agresivas contra Estados Unidos en todo el planeta. Estos funcionarios entienden que el futuro de Taiwán debería solucionarse en el campo de la diplomacia y mediante la búsqueda de consensos.