Por Miguel Saredi Candidato a diputado por el Partido Federal
En medio de la escalada de precios, las internas dentro de la coalición gobernante y la pandemia que no da tregua, el Gobierno tomó la decisión de suspender las exportaciones de carne.
Una típica receta facilista y demagógica que a la larga no hace bajar los precios de la carne, genera pérdidas millonarias a los productores, pérdidas de fuentes de trabajo y puede convertirse en la antesala de un conflicto similar al generado por la 125.
Nadie niega que los precios de la carne están por las nubes, al igual que la mayoría de los precios de los alimentos de la canasta básica, porque si se va a los números del Indec y se miran los aumentos, se dan en todos los rubros.
El Gobierno eligió al sector agropecuario como enemigo, a la carne como símbolo, al igual que ya hicieron en el 2006, y aplicó sobre éste las viejas recetas que está comprobado que no funcionan. Esto puede provocar una escalada del conflicto que luego no van a saber cómo manejar, perjudicando a los mismos de siempre.
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Esta medida tiene un efecto directo muy duro para el sector que, de sostenerse en el tiempo, perderá US$ 200 millones por mes.
En lugar de producir más y generar más oferta, este tipo de decisiones restringe la demanda, baja la producción y provoca una caída abrupta de la cantidad de cabezas de ganado.
Las entidades del campo, que miran absortas como se repite la historia, usan la única herramienta que tienen a disposición y salen a las rutas para expresar su enojo y su rechazo a la medida. Creen que no hay diálogo posible con un Gobierno que demostró en varias oportunidades haber abandonado esa bandera.
Esto afectará principalmente a provincias como Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis y Salta, donde la frontera agrícola se corrió dejando paso a la producción ganadera. No solo perderán los productores, sino también los miles de empleados que serán despedidos o suspendidos en el marco de una crisis social sin precedentes.
Como decía, este conflicto es muy similar al ocurrido en el 2006, cuando el Gobierno decidió cerrar las exportaciones, afectando seriamente a los productores ganaderos y sin conseguir lo que esperaban: que bajaran los precios.
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En ese momento, yo era presidente del grupo político Pampa del Sur cuya figura más conocida era la exdiputada nacional María del Carmen Alarcón, quien fue expulsada de la Comisión de Agricultura y Ganadería al expresar su desacuerdo con la medida.
Hasta presentamos nuestras inquietudes al mismísimo Alberto Fernández, que aquel entonces era jefe de Gabinete, pero no fuimos escuchados.
Desde ese 2006, que nosotros alertamos al Gobierno, hasta el 2008, se fueron movilizando productores de base, entidades, comunicadores, y miembros de la cadena agroindustrial, que terminan estallando con la resolución del entonces ministro Martín Lousteau.
Por eso decimos que esa medida fue la antesala del conflicto que explotó dos años después con la resolución 125.
Un triste conflicto que quedó grabado en la historia de este país, que dividió fuertementente a los argentinos, y que fue la muestra cabal de la incapacidad de la política para llegar a un acuerdo.
Llamo al presidente Fernández a que reflexione sobre el impacto de sus decisiones y sobre las consecuencias que puede ocasionar.
