Por Atilio Molteni Embajador
Al igual que en el resto de América, los votantes de Perú se aprestan a definir su próximo Presidente eligiendo al menos malo de los candidatos, y no al que hubiera preferido su raciocinio o su corazón. El hoy emigrado Mario Vargas Llosa llamó a votar a Keiko, la hija de Fujimori, la versión oriental y moderna del nepotismo andino. Fue su manera de encogerse de hombros y decir “es lo que hay”.
La primera vuelta de elecciones generales del pasado 11 de abril, sólo dejó en el aire gran incertidumbre y ansiedad acerca de cómo se definirá la segunda y última de las rondas previstas. El 6 de junio el votante tendrá la opción de alinearse con los que no quieren al fujimorismo y los que están en contra de una versión vernácula de un izquierdismo feudal que implantaron líderes como del tenor del ecuatoriano Rafael Correa o el boliviano Luis Arce.
Al defender su enfoque, el Premio Nobel de Literatura, quien en 1990 perdió su intento de ser primer mandatario contra el papá Alberto Fujimori, lanzó hace pocos días la antedicha tesis del mal menor, ya que si Keiko llega al poder tendrá más voluntad y posibilidades de salvar la democracia que las que parece ofrecer el contendiente Pedro Castillo.
En la primera vuelta ninguno de los 18 candidatos a la Presidencia alcanzó la mayoría requerida para evitar la segunda ronda electoral. La absurda y excesiva fragmentación generó la mayúscula división de los votantes, 30% de abstención (a pesar de que el voto es obligatorio) y un alud de votos en blanco y nulos que orilló el 17%. Una fuerte imagen del alto grado de rechazo que hoy prevalece hacia la clase política.
Tal desintegración se agudizó a partir de 2016 y escaló al grado de cenizas bélicas al exponer la impotencia dirigente para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, cuyos efectos hicieron trizas las instituciones de la democracia y a muchos pilares centrales de la economía. Al igual que en el resto de América Latina, el fenómeno provocó un enorme torrente de desocupados. La pandemia fue un brutal testimonio de la desorganización sanitaria peruana.
Hacia el balotaje
La segunda vuelta de las elecciones medirá la tracción política de los dos candidatos que representan a los extremos del arco político y tienen visiones totalmente opuestas. De un lado está el izquierdista Castillo, de Perú Libre, quien obtuvo el 19% del caudal electoral y, a pesar de ello, resultó el personaje más votado.
Del otro lado emergió la líder derechista Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien sólo alcanzó el 13,3% de los votos en la que fue la tercera tentativa de alcanzar la presidencia. Entre ambos sólo colectaron algo más del 30% de los votos, un cupo exiguo para emerger como la opción democrática de todo el electorado peruano.
El respaldo de Castillo se originó en el centro, el sur y en la región de Cajamarca, ubicada en el norte del país, de donde es oriundo. El hombre viene de ser un maestro rural y ex dirigente de su gremio, sin otra experiencia burocrática y, como sucedió en otras naciones, no figuraba en las encuestas como un posible finalista hasta pocos días antes de la elección.
Su validación más prominente fue la participación que le cupo en la huelga del 2017 contra la dirección del Sindicato de los docentes, una victoria que tuvo gran trascendencia nacional, debido a la importancia que se otorga a la educación por la alta proporción de analfabetos. Está apoyado por una fuerza política marxista-leninista regional que busca un modelo económico alternativo y pretende representar al “Perú Profundo”. Castillo también logro el apoyo de sectores no representados por otros partidos, bajo el eficiente lema “no debe existir pobreza en un país rico”.
Su propuesta reside en establecer una “economía popular con mercados”, inspirada en el modelo boliviano de Evo Morales, en la propuesta de nacionalizar los yacimientos mineros, gasíferos y petroleros; en recrear las empresas del Estado, en derivar los centros del poder del gobierno limeño hacia los Estados locales y a los pueblos comunales, campesinos y nativos, así como en desplegar una política social conservadora.
También patrocina el intento de adoptar una nueva Constitución, orientada a modificar los sesgos y contenidos neoliberales y una profunda revisión de todos los tratados internacionales.
Keiko llega con otro CV y una larga experiencia política. Probó su suerte por primera vez en 2011 al disputarle la primera magistratura al nacionalista de izquierda Ollanta Humala, quien la venció en la segunda vuelta utilizando una plataforma moderada. En 2016 hizo un segundo intento y fue igualmente derrotada en iguales circunstancias por Pedro Pablo Kuczynski, un exministro de Economía y tecnócrata de derecha. Durante el mandato de este último se acentuó la confrontación del Poder Ejecutivo con el fujimorismo, debido a que esta fuerza política controló el Congreso. Debió renunciar ante denuncias por corrupción en 2018, que llevaron a su posterior procesamiento.
En la elección del 11 de abril, Keiko logró un menor respaldo que en las elecciones anteriores debido a la fragmentación de los partidos de derecha y en virtud del amplio rechazo electoral que hasta ahora rodeó a su figura (55%).
Pero esta mujer no aflojó. Con la estrategia de hacer pie en el combate a la creciente delincuencia y en la necesidad de domar la crisis económica, Keiko prometió volver a las políticas duras de su padre, quien fue presidente entre 1990 y 2000. A papá Fujimori se atribuye el éxito de haber derrotado a la insurgencia maoísta y en la imposición del proceso de populismo neoliberal, con la aplicación de políticas económicas en favor del mercado que continuaron sus diferentes sucesores. El personaje se caracterizó por su vocación autoritaria y por caer en diversos delitos de corrupción y violación de los derechos humanos que originaron la pena de prisión de 25 años que cumple en la actualidad.
Keiko no ocultó que, de llegar al sillón presidencial, se propone indultar a su padre.
Muchos analistas sostienen que la actual crisis política y sistémica se debe a que la dirigencia del Perú no solucionó ninguno de sus problemas estructurales ni organizó Partidos políticos fuertes, prefiriendo promocionar sus expectativas personales. Durante el último quinquenio el país se vio obligado a designar dos diferentes cuerpos legislativos y cuatro Jefes de Estado.
Uno de los afectados por esa intolerancia social fue Martin Vizcarra, quien, a pesar de su agenda reformista y popularidad terminó destituido por el Congreso en noviembre de 2020, cuyos integrantes resultaron de la disolución del anterior que él propició para disminuir el poder del fujimorismo. Sin embargo, en los nuevos congresistas primó una orientación populista.
La propia candidata actual de la familia Fujimori tiene un proceso en marcha una acusación legal por el presunto delito de lavado de activos en el marco de las elecciones de 2011 y 2016. Concretamente se la vincula con el escándalo Lava Jato de la empresa brasileña Odebrecht, cuyos tentáculos llegaron a muchos países del hemisferio Occidental.
La crisis peruana contrasta con el crecimiento económico registrado en las dos últimas décadas, el que se caracterizó por la continua expansión del PIB, la apertura del comercio exterior y la disminución del índice de pobreza en 50%, mientras los casos de extrema pobreza descendieron de 3.75 millones a sólo 625.000 personas, un proceso en gran medida sepultado por la pandemia iniciada en 2020.
Los observadores no descartan la posibilidad de que los votantes acepten el cambio y opten por una figura como Castillo, un hombre ajeno a la elite política tradicional, a la que se cuestiona la economía liberal, y cuenta con sugestivo apoyo en las zonas rurales (un sector que el nuevo caudillo trata de acentuar utilizando un poncho y un sombrero de alas anchas para identificarse con los campesinos).
Al igual que sus vecinos, Perú es un país que tiene grandes diferencias de clase, étnicas y geográficas. Para sus estratos sociales altos, una mayoría de la clase media y gran proporción de los votantes de Lima, Keiko significa la continuidad, ante la preocupación del descalabro que puede producirse en la economía y por la pérdida de toda inversión privada.
Un dato antepuesto sugiere, quince días después de la primera vuelta, que Castillo lidera en las encuestas por más de 11 puntos a Fujimori, un escenario en el que se destaca que el número de votos en blanco e indecisos sigue siendo muy elevado.
Otra característica de la futura elección que, en muchos sentidos es un plebiscito, es que ninguno de los candidatos tendrá mayoría en los 130 miembros de la única cámara del Congreso (ya fueron elegidos el 11 de abril), donde están representados 9 Partidos, lo que puede resultar en un freno a las tendencias autocráticas que algunos analistas encuentran en los dos contendientes. Hoy no está claro cuan transaccionales serán sus políticas al enfrentarse a las realidades del poder.
