Hoy la Mesa de Enlace declaró que el sector agropecuario está “alerta” por las nuevas restricciones que el Gobierno en el registro de exportaciones para la carne vacuna. A su vez, pidió una reunión con las autoridades para llegar a un consenso.
“Ante la escalada de declaraciones públicas por parte de funcionarios de Gobierno nacional acerca de la reinstauración de mecanismos de probada ineficiencia como el registro de exportaciones que dan lugar a la arbitrariedad manifiesta de las decisiones gubernamentales, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias alzó su voz de alarma”, sostuvo la Asociación conformada por Coninagro, Confederación Rural Argentina (CRA), Federación Agraria Argentina y lA Sociedad Rural Argentina (SRA) a través de un comunicado.
Frente a esta situación, la Mesa de Enlace pidió reunirse con “los ministros con injerencia en el tema”, esperando una respuesta a partir de la promesa del presidente Alberto Fernández en su último encuentro. Sin embargo, indicaron que aún no hubo respuestas por parte de los funcionarios sino que, “contradiciendo su compromiso una vez más, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de hoy la puesta en marcha de una nueva 'Declaración Jurada de Operaciones de Exportaciones de Carne'”.
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El Gobierno determinó hoy que las exportaciones de carnes y productos derivados deberán ser informadas e inscriptas, a través de una declaración jurada, en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de evitar posibles desequilibrios en cuanto a abastecimiento, precio y calidad.
“Esta medida nos recuerda a los nefastos ROE (Registro de Operaciones de Exportación), por medio de los cuales se restringían y direccionaban discrecionalmente las exportaciones de biene de origen agropecuario, y causaron un daño irreparable a la producción”, evaluó la Mesa de Enlace. También subrayó la sanción de la Resolución 6o, “que establece una serie de resoluciones y cumplimientos para quienes deseen exportar”.
Además, observaron que estas normativas suman políticas implementadas antes “de forma inconsulta” y que perjudican siempre al productor “que necesita incentivos promocionales para seguir produciendo bienes y colocarlos en el mercado interior y exterior”. “Todo esto demuestra que no existe un compromiso real de diálogo ni tampoco se busca articular consensos por parte del Gobierno nacional en pos de generar desarrollo productivo, social y económico”, afirmaron.
Por último, insistieron con su pedido para tener una audiencia con gobernadores, legisladores y fuerzas políticas, “con el fin de transmitirles nuestra visión acerca del sector y las políticas que consideramos virtuosas para la producción, la actividad económica y la generación de empleo”.
“No deja de asombrarnos que, en el momento en que el país más necesita la cohesión para salir del atolladero en el que se encuentra como consecuencia de la grave crisis sanitaria, económica y social en la que se encuentra, el Gobierno nacional decida cerrarse así sobre sí mismo. Porque es lo que hace cuando decide prescindir del diálogo y de la búsqueda de consensos, que es a nuestro entender la única forma de lograr la construcción colectiva de la Argentina que todos deseamos”, concluyó el texto.
