La enseñanza del DNU de Alberto a los economistas

21 de abril, 2021

La enseñanza del DNU de Alberto a los economistas

Por Jorge Colina (*)

El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) imponiendo restricciones a la circulación, a la actividad comercial y la presencia escolar no es un tema sólo de constitucionalistas. Por el contrario, tiene mucho que enseñar a los economistas argentinos.

En la visión del Gobierno, el DNU es constitucional porque la emergencia sanitaria de la pandemia justifica tomar facultades extraordinarias para decidir sobre temas de salud, educación y la libertad de circular. Pero lo cierto es que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 121° que “…las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal”. Es decir, que si la provincia no delegó expresamente una facultad a la Nación, dicha facultad es de la provincia.

Luego, en el artículo 5° de la Constitución Nacional, las provincias se arrogan para sí la administración de justicia y la educación básica. Por esto, hay Policía y Justicia provincial y las escuelas primarias y secundarias son de las provincias.

Por el lado de la salud, si uno coloca en el buscador de una versión digital de la Constitución Nacional la palabra “salud”, no encuentra nada. Pero si uno baja de Internet las 24 constituciones provinciales y pone en el buscador la palabra “salud”, en todas aparece. En el artículo que aparece dice que la provincia se reserva para sí las funciones de salud pública. Por esto, los hospitales públicos son de las provincias.

En este marco, la Corte Suprema tiene que dirimir el destino del DNU.

¿Qué enseñanza deja esto para los economistas?

La lección es que cuando piensen un plan de desarrollo económico y social para la Argentina hay que tener presente que la parte económica del plan no depende sólo del Gobierno Nacional. También depende de los 24 gobiernos provinciales. Por lo que se necesita una elevada capacidad de coordinación y responsabilidad de los 25 actores.

Por ejemplo, el Gobierno Nacional es responsable de la política macroeconómica y el desarrollo de rutas nacionales, la navegación y los vuelos comerciales, que es lo que atrae las inversiones. Pero las inversiones también requieren seguridad jurídica a la propiedad y rutas secundarias (que son las que parten desde la ruta nacional, los puertos y aeropuertos hacia los lugares de la producción), que son responsabilidad de las provincias. O sea que si una o más provincias no ponen lo suyo, el desarrollo económico va a ser regionalmente desigual. Si ninguna provincia pone lo suyo, directamente el desarrollo económico no va a ocurrir.

La parte social del plan de desarrollo es todavía más complicada. Por la misma limitación que hoy está sufriendo el DNU. El desarrollo social necesita promover el capital humano. Para esto se necesita atender la pobreza, salud, educación y seguridad, todos ingredientes que son responsabilidad de las provincias. Aquí, a diferencia del plan económico, el Gobierno Nacional no tiene ningún rol. Entonces, si una o más provincias tampoco hacen los deberes, el plan de desarrollo económico y social será un rotundo fracaso.

Para tratar de salvar esta limitación, el Estado Nacional entonces creó ministerios nacionales en funciones provinciales. Estos son los ministerios nacionales de Salud, Educación, Desarrollo Social, Vivienda, etcétera, que –al igual que el DNU– no tienen facultades de imponer decisiones a las provincias. Entonces arman lo que se llama los “programas nacionales”.

Estos son presupuestos de los ministerios nacionales para repartir “ayudas” entre las provincias, esto es, reparar alguna escuela, una ambulancia, un patrullero y/o la construcción de algunas casas en algunos lugares del interior. Nada que revierta los malos resultados sociales producto de la inacción de las provincias. Pero, además, para repartir estas “ayudas” entre gobernadores e intendentes se formó en los ministerios nacionales una enorme burocracia administrativa de empleados públicos.

Este gasto de los “programas nacionales” (en “ayudas” y en burocracia administrativa) hoy ocupa una porción –no las más grande, porque allí entra el gasto previsional y los subsidios a las tarifas– importante en el déficit fiscal. Lo que es peor, es que no hay ningún estudio serio que demuestre que estos programas tengan algún impacto social en lo que les corresponde hacer a las provincias y no hacen.

En la decadencia económica y social de Argentina mucho tiene que ver esta confusión de roles entre lo que le toca a la Nación y lo que le toca a las provincias. Los “programas nacionales”, lejos de ser la solución, son parte del problema. Porque profundizan la confusión.

(*) Idesa