Guzmán anticipó una inflación alta para marzo y reducción desde abril

15 de abril, 2021

Guzmán anticipó una inflación alta para y reducción desde abril

El Gobierno aseguró ayer que la inflación de marzo será la más alta del año y se ubicaría por encima del 4%. En ese contexto y con el ojo puesto en la evolución del rubro de los alimentos, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ordenó a inspectores de AFIP que controlen precios en los supermercados.

Según varias estimaciones privadas, la variación de precios en alimentos y bebidas para el tercer mes del año estaría en torno al 4,5% y 5%. En el marco de la reunión del gabinete económico, realizada ayer al mediodía, Cafiero ordenó que, a partir de ahora, los inspectores del organismo recaudador salgan a controlar el cumplimiento del programa Precios Máximos. Además, se dispuso avanzar en el control de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y un aumento de las sanciones para las empresas.

El Indec dará a conocer hoy el IPC correspondiente al mes pasado. “En marzo la inflación va a ser la más alta del año, pero esperamos una reducción a partir del mes de abril”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que participó de la reunión de manera virtual desde la ciudad eterna. “Del lado de algunas empresas, seguimos viendo comportamientos que se basan en una expectativa de mayor inflación y el estado profundizará las acciones de políticas de precios para favorecer esos objetivos”, agregó. 

Hay circunstancias coyunturales que han estado afectando a los precios, incluyendo la inflación en alimentos, que es un problema en el mundo y en particular, en esta pandemia”, agregó el ministro. 

Los sindicatos, diferenció Guzmán, “han mostrado un accionar responsable y alineado con los objetivos de la política macroeconómica”, en alusión a las paritarias que se cerraron en la zona de 30%. Sin embargo, Guzmán no explicó porque la inflación tenderá a bajar. 

En la reunión participaron, además, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Trabajo, Claudio Moroni. También están el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont y el secretario de Política Económica, Fernando Morra, experto en inflación.

Tensiones

En los últimos meses, los contrapuntos del sector empresario con este tipo de decisiones del Gobierno. Los controles con empleados de AFIP ya se habían utilizado para la fiscalización de cumplimiento de Precios Máximos en marzo de 2020 cuando comenzó la cuarentena. 

En el último tiempo, varias medidas generaron bastante malestar del sector empresario. Una de ellas fue la implementación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) que obliga a las grandes compañías de consumo masivo a detallar precios, cantidades vendidas y stock de todos los artículos. También, hace dos semanas se creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), que promueve cambios en los etiquetados de los productos. 

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, imputó ayer a las empresas Nestlé, Agropecuaria Paso Viejo y, nuevamente, a Mondelēz, por presuntas infracciones en los etiquetados de los productos que podrían inducir a la confusión de las y los consumidores.

Comercio Interior acusa a Nestlé y Mondelēz de modificar mínimamente una propiedad y/o el contenido neto de algunos productos, para luego incrementar sustancialmente los precios, en algunos casos del 40%. Por su parte, Paso Viejo fue imputada por la comercialización del producto Viejo Olivar que se presenta como “Aceite de Oliva Extra Virgen”, cuando en realidad en la letra chica de los ingredientes indica que contiene aceite de girasol y de oliva.

En esa línea, el viernes pasado, la secretaría intimó a 1.000 grandes empresas a “fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras dure la emergencia sanitaria”. La medida rige para aquellas compañías del sector industrial que facturen más de $3.955.200.000 por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a $3.698.270.000.

Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), aseguraron, ante El Economista, que las medidas generan “costos burocráticos que perjudican el funcionamiento de las empresas”. Además, expresaron su preocupación por los Precios Máximos, “a los que el Gobierno permitió aumentos muy por debajo de la inflación promedio, algo que atenta contra la rentabilidad”.

Desde la cámara de compañías estadounidenses en nuestro país (AmCham), se expresaron duramente contra el programa Precios Máximos.  “Los riesgos son la pérdida de rentabilidad de las empresas, imposibilidad de generar nuevos empleos, limitación en nuevas inversiones, desabastecimiento de productos en el punto de venta”, explicaron. Además, pidieron la derogación de la Resolución 100/2020, que estableció el congelamiento, y permitir a las empresas alcanzadas realizar aumentos escalonados durante los próximos meses.

Preocupación oficial

La inflación terminará por encima del 12% en el primer bimestre del año, con un arrastre muy alto para abril, que tendrá aumentos en precios regulados presionando el promedio hacia arriba. Lo mismo sucederá en mayo, con combustibles y tarifas de servicios públicos a la vista. 

Durante el encuentro del gabinete económico también se examinaron las estadísticas del índice de las materias primas que elabora el BCRA. Estas arrojaron que, para el primer trimestre de 2021, tuvieron un incremento del 17,1% interanual, la mayor variación desde el segundo trimestre de 2009 (17,8%). Esto preocupa al oficialismo, ya que atribuyen cierta relación entre esta dinámica y los precios que pagan los consumidores finales.

Asimismo, al comparar con el mismo trimestre del año anterior, la variación interanual fue de 35,4%, algo que no se observaba desde el segundo trimestre de 2011 (39,9%). Con respecto al mes de marzo, la variación anual del índice fue de 45,3%, la máxima desde julio de 2008 (58,9%).

Profundizar los controles

Finalmente, la titular de Comercio Interior, Paula Español, anticipó la contratación de entre 300 y 500 inspectores a la brevedad. “Vamos a llevar adelante todo lo que son las fiscalizaciones de política de precios en general: Precios Máximos, Precios Cuidados y también vamos a sumar la Ley de Góndolas”, sentenció.

Restará ver la evolución. Para el Gobierno es fundamental que la inflación baje a niveles más tolerables, cercanos a 2%, sobre todo en alimentos, que viene registrando una dinámica superior a la dinámica general. Si se tiene en cuenta la pauta del 29% planteada en el Presupuesto y que el primer trimestre ya acumuló 12%, el IPC debería estar en el 1,6% mensual hasta diciembre para conseguir ese objetivo. Muy difícil.

Ayer, hubo un debate entre economistas sobre el impacto de las restricciones a la circulación sobre el IPC. Varios señalaron que, como en 2020, serán un facto “deflacionario” (en abril y mayo de 2020 la inflación fue de “solo” 1,5%), pero otros señalaron que, si aumenta la emisión monetaria del BCRA como respuesta a un mayor necesidad de gasto y/o una baja en la recaudación, la presión sobre los precios se sentirá.