Por Agustín Maza
La segunda ola ya es una realidad concreta, con Argentina superando los 20.000 contagiados de coronavirus por día. Mientras tanto, se implementaron nuevas medidas de restricción a la circulación y todo parece indicar que son las primeras y que no durarán 3 semanas.
En ese contexto, el Gobierno reconoce que no hay margen fiscal para llevar adelante una asistencia parecida a la de 2020 y la preocupación está en saber cuál será el impacto sobre la economía de estas medidas.
Ante esta situación, en la Ciudad, los locales gastronómicos cerrarán sus puertas a las 23 y los comercios no esenciales, por otra parte, deberán abrir a las 10. En el conurbano de Buenos Aires, los locales comerciales no esenciales deberán cerrar a las 20 y los restaurantes a las 23, y se restringirá la circulación entre la medianoche y las 6 de la mañana. Sin embargo, la profundización de restricciones dependerá de la evolución de una pandemia tan terrible como impredecible.
En la última gira que realizó por Estados Unidos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó previsiones que mejoraban las proyecciones del Presupuesto 2021. Allí dijo que el PIB crecería casi 7% en 2021 y el déficit primario se ubicará más cerca del 3% que del 4,5% de la ley de leyes. Por la pandemia, en 2020, la economía cayó 9,9% y el déficit fiscal se ubicó en 6,5%, con un primario casi idéntico.
Dificultades en el frente fiscal
Las metas para 2021, sin duda, no contemplaban un recrudecimiento tan violento de la situación sanitaria. Las nuevas restricciones, incluso sin una vuelta a una cuarentena estricta como la de marzo de 2020, tendrán un impacto en la coyuntura económica. Un informe de Consultatio estimó que estas medidas tendrán un costo de entre 0,5% y 1,5% para el crecimiento del PIB, “lo que redundaría en un aumento de 0,9% en el déficit fiscal respecto del previsto en el presupuesto”.
“No todos los sectores económicos enfrentan el mismo riesgo respecto de medidas de aislamiento. En general, los servicios se encuentran mucho más expuestos que los sectores que producen bienes”, dice el trabajo. Las actividades que representan el mayor grado de riesgo (hoteles, restaurantes y otros servicios), especialmente afectada por las nuevas restricciones, asegura el informe, “representan sólo 4% de la actividad económica”.
Asimismo, los comercios también se encuentran altamente expuestos a un cierre. La apertura sólo de locales esenciales pondría en juego a los ingresos del sector que más participación tiene en el PIB (18%). En 2020, el comercio tuvo una suba de 10% interanual gracias a la apertura en el segundo semestre.
Esta baja en las actividades podría redundar en una menor recaudación, que dejaría más frágiles las necesidades fiscales planteadas por el Gobierno. Un informe de la consultora GMA Capital, sentencia que “cualquier restricción podría ser un obstáculo para la consolidación de la recaudación, que ya acumula 7 meses con variaciones reales positivas”. Basta con recordar que la cuarentena de 2020 implicó una pérdida de ingresos por 0,7% del PIB, agregar.
Por otro lado, aumentar el gasto implica, ante la situación actual, más emisión monetaria, con cierto correlato en la presión cambiaria y los precios. “Las reservas netas del Banco Central también son mucho menores. Entonces, si hay un exceso de pesos y una posterior corrida, como el año pasado, los resultados cambiarios podrían ser peores”, destacó el economista en jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, ante El Economista.
Medidas
Durante 2020, las medidas de asistencia implicaron aumentar el déficit en alrededor de 2,5 puntos del PIB. En tanto, diversos funcionarios del Gobierno han dicho públicamente que no habrá una nueva etapa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), los programas más significativos de ayuda económica. Es cierto que la situación no es la misma a la del año pasado, sin embargo, con una pobreza del 42% y una inflación que está por encima del 3% mensual, ninguna iniciativa es suficiente.
Para 2021 (por ahora, al menos), el Gobierno mantendrá el programa de Recuperación Productiva (Repro II) como forma de asistencia a las empresas afectadas por la pandemia. El programa es una continuación del ATP, en un principio para empresas consideradas en situación “crítica”. La asistencia consiste en el pago de una suma mensual a los trabajadores y trabajadoras a cuenta de sus correspondientes remuneraciones. Dentro de los sectores críticos están considerados las empresas de gastronomía, hotelería y turismo.
Según cifras oficiales, actualmente hay 45.000 trabajadores de estos sectores críticos beneficiados, y seguramente esa cifra se elevará con estas nuevas restricciones. Los montos, a partir del próximo pago, serán de $18.000, 50% en relación a los anteriores. Los que soliciten el Repro II deberán acreditar en marzo una facturación 20% inferior, en términos reales, a la del mismo mes de 2020.
En otra línea, las tarifas son un factor importante. Desde la Secretaría de Energía no descartan que las tarifas eléctricas de AMBA (Edenor y Edesur) continúen congeladas. Gas y transporte son otras posibilidades. “Según nuestros cálculos, congelar tarifas de luz, gas y transporte hasta 2022 cuesta 1,1% del PIB de mayores subsidios, o sea, casi U$S 5.000 millones”, dijo un informe de FMyA. Así, se evitarían 3 puntos de inflación.
Más allá de la discusión macroeconómica, el propio Guzmán dio por finalizado el IFE y el ATP. “Hay ciertas medidas que se adoptaron en el contexto de las restricciones más fuertes para la circulación. Esas restricciones hoy no están presentes, han cambiado. De modo que las medidas deben ser otras,” dijo el ministro. Aunque la presión interna podría desbordarlo: es un año electoral.
Panorama
“Este año la situación fiscal es mucho más acotada que en 2020, el 2020 el déficit era casi 0%, el año pasado terminó en 6,5%, las asistencia este año será más limitada”, explicó el director de C&T, Camilo Tiscornia, ante El Economista. “Si crece el gasto habrá más inflación, porque el circulante creció 70% y, si se suma más gasto, los precios lo van a sentir”, aseguró.
“Las medidas tomadas son menos duras que las del año pasado, aunque van a tener una repercusión haciendo más lenta la recuperación, el espacio fiscal es nulo para aumentar el gasto”, dijo el economista en jefe del Foro Empresario Argentino (Foema), Ariel Coremberg, ante El Economista. “El aumento del gasto trae consecuencias inflacionarias, ya no en el mediano y largo plazo, sino en el corto. El esfuerzo que hizo Argentina, de 2,5% del PIB, fue poco comparado con el mundo y duró, también, poco tiempo”, expresó.
“El objetivo de reducir el déficit no es compatible con la asistencia que se dio el año pasado, el Banco Central tuvo que asistir al tesoro con $312.000 millones en concepto de adelantos y transferencias para paliar la crisis”, remarcó el economista jefe de Analytica, Claudio Caprarulo, ante El Economista. “Sacar el IFE, moderar el ATP y la disciplina fiscal tuvo que ver con dar señales al FMI sobre cierto rumbo”, concluyó.
