Por Pablo Maas
El déficit fiscal de Estados Unidos apunta a cerrar el 2021 en el 15% del PIB. Por eso, la administración Biden decidió no financiar con deuda el segundo paso del rescate de la economía (el primero fue el plan estímulo de US$ 1,9 billones). Se trata del plan de inversión en infraestructura de más US$ 2 billones, que se prolongará durante 10 años.
Para pagar este y otros costos de la pandemia, el Gobierno está proponiendo una reforma impositiva que elevará las tasas de impuestos a las empresas y a los individuos muy ricos, exceptuando a los que ganen hasta US$ 400.000 al año. Se trata de un debate muy interesante para mirar desde Argentina, en donde se discute la reforma a la ley del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y todavía resuenan las protestas contra el aporte solidario (léase, impuesto a la riqueza) para los patrimonios que superan los $200 millones.
La reforma de Biden en la práctica revierte otra de Donald Trump en 2017, que rebajó el impuesto a las ganancias corporativas del 35 al 21%. En aquel momento, el argumento para la rebaja decía que así se estimularían las inversiones. Pero allí tampoco hubo lluvia de inversiones. Más bien, muchas empresas aplicaron las ganancias por la rebaja de impuestos a la recompra de sus acciones en la Bolsa, o repartieron dividendos a sus accionistas. Ahora, la propuesta de los demócratas de subir la tasa de ganancias del 21 al 28% rápidamente encontró la oposición del establishment empresarial. La Cámara de Comercio, la “Business Roundtable” y otras instituciones dijeron que les parecía bien el plan de Biden para mejorar la infraestructura, pero que preferían no pagarlo. Los mayores impuestos, dijeron, afectarían la competitividad de las empresas estadounidenses en el mundo.
La primera respuesta provino de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. “La verdadera competitividad”, dijo el lunes, “es asegurarnos de que los gobiernos tengan sistemas impositivos estables, que recauden ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis”. Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, confirmó que Washington está impulsando acuerdos con los países de la OCDE para crear un impuesto mínimo global para evitar que las grandes corporaciones multinacionales eludan el pago de impuestos en sus países utilizando refugios fiscales de baja tributación. El FMI anunció ayer que se suma a esta iniciativa.
Las declaraciones de Yellen fueron precedidas por un informe demoledor para la fiscalidad de las empresas presentado por Kimberly Clausing, una alta funcionaria del Tesoro, ante el comité de finanzas del Senado, el 25 de marzo.
Clausing dijo allí que el Gobierno federal recauda impuestos por apenas el 16% del PIB. Los impuestos que pagan las corporaciones representan solo el 1% del PIB (comparado con 3% en promedio en la OCDE), pero sus ganancias son el 10% del producto. El problema para el fisco estadounidense, agregó, es que las empresas transfieren buena parte de esas ganancias al exterior, privando al IRS de unos US$100.000 millones al año. A una tasa máxima del 21%, además, las empresas terminan pagando menos impuestos proporcionalmente que un maestro o un bombero. Según Clausing, “el impuesto a las ganancias de las empresas es uno de los más progresivos en nuestro sistema impositivo, mucho más progresivo que el impuesto a los ingresos personales o el impuesto a la nómina salarial”
Tal vez por eso, la reforma impositiva de Biden no alterará las tasas del impuesto a las ganancias personales, salvo a los que ganen por encima de US$400.000 al año. Para ellos, el impuesto subirá del 37% al 39,6%. Además de los impuestos federales, en Estados Unidos se pagan impuestos a las ganancias a nivel estatal (que pueden deducirse de los primeros). Y esta semana, Nueva York decidió aumentar los suyos para los que ganen más de un millón de dólares al año. Según The New York Times, como resultado de los cambios, los millonarios de la ciudad pagarán los impuestos personales a los ingresos más altos de todo el país. Tan mal están las finanzas de Nueva York (la ciudad en que murieron más de 30.000 personas a causa de la pandemia) que se está considerando la idea de permitir la instalación de casinos.
Es sabido que muchos de los ricos más ricos del mundo viven en Nueva York, donde los precios de las propiedades pueden alcanzar cifras estratosféricas, como los US$ 238 millones que pagó recientemente el CEO de un fondo de inversión por un penthouse con vista al Central Park.
Ahora, los progresistas de la ciudad, como la representante Alexandria Ocasio Cortez, quieren que los millonarios paguen la mayor parte de los abultados gastos para reconstruir la ciudad, en la que han cerrado miles de negocios y se han perdido medio millón de empleos. De hecho, muchos ya lo están haciendo: el 0,05% de los contribuyentes de la ciudad (unos 1.800 individuos) ya representan el 16% de la recaudación de ganancias local.
Muchos de estos superricos están tentados de irse a vivir a Florida o Texas, donde los impuestos son cero. Durante la pandemia, algunos se instalaron allí y ahora podrían no volver. Salvo por el aburrimiento, claro. Los teatros de Broadway están planeando una reapertura a toda orquesta para septiembre. Si París valía una misa, la gran manzana, con todos sus encantos, vale sus millones.
