España: la unidad nacional, en jaque por independentistas y por el ex rey Juan Carlos

26 de abril, 2021

España: la unidad nacional, en jaque por independentistas y por el ex rey Juan Carlos

Por Luis Domenianni

No son pocos los españoles que se preguntan para qué sirve la monarquía. Sostienen que es antigua, que es cara y que poco y nada aporta. Sin embargo, parece indispensable en aquellos países donde la unidad nacional se presenta como quimérica dado el predominio de algunos regionalismos.

Sí, en Dinamarca, en Suecia o en Noruega o en Japón, la razón de ser de las monarquías debe buscarse en la tradición. Dinamarca no cuenta con ninguna minoría étnica. Su población es toda danesa exceptuada, claro, la inmigración relativamente reciente.

En Noruega o en Suecia, la única minoría nacional –no inmigrante- es la Sami, más conocida como Lapona. Ubicados en el extremo norte de ambos países, los Sami suman menos de 20.000 integrantes en Suecia y algo más de 40.000 en Noruega. Son cristianos y hablan idioma sami. Sus reivindicaciones solo alcanzan al reconocimiento como pueblo originario.

En Japón, los Ainu del extremo norte no suman más de 15.000 con reclamos de reconocimiento específico y con religión étnica e idioma propio, pero los okinawenses o tyukyuenses del extremo sur, alcanzan a 1.200.000 individuos, también con lengua propia y religión étnica, que exhiben un pasado independiente hasta la colonización japonesa en 1879.

Un caso intermedio es el Reino de los Países Bajos. Allí una minoría nacional reconocida, los Frisones –cristianos con lengua propia-, agrupa aproximadamente 700.000 integrantes, de los cuales cerca de 400.000 se expresan en el lengua propia. Existe un Partido Nacional Frisón que no reclama independencia sino mayor autonomía para Frisia.

Distinto es el caso de Bélgica, del Reino Unido y de España. En los tres países, la unidad es puesta en entredicho.

En Bélgica, conviven los Vlaamse (flamencos) de lengua neerlandesa -6,6 millones de personas- convive con los Wallon (valones) -3,6 millones- de lengua francesa. No son pocos los Vlaamse que reclaman la separación –independencia incluida- de su región frente al Reino al que atribuyen una preeminencia francesa.

En Gran Bretaña, los Scots Fawk o Albannaich (escoceses) -5,5 millones- y los algo más de 3,1 millones de Cymry (galeses), naciones constitutivas del Reino Unido, muestran aspiraciones nacionales que van desde la independencia hasta la mayor autonomía.

Caso aparte, los irlandeses del Norte, divididos casi por mitades entre Irish (católicos) que persiguen la unión con la República de Irlanda y unionistas, protestantes descendientes de colonos ingleses que desean mantener la unión con la corona británica.

Y por último España. Con múltiples regionalismos pero con dos que aspiran a una identidad nacional plena, con independencia incluida. Se trata de los Catalá (catalanes) con 3,8 millones de personas que no se reconocen españoles –aproximadamente la mitad dela población de la región- y los Euskaldun (vascos), con 2,5 millones de individuos.

Pues bien, tanto en Bélgica como en el Reino Unido como en España, la corona aspira a personificar la unidad nacional frente a las tendencias centrípetas de los regionalismos. En los tres países, no es la tradición la que cuenta sino la reacción frente al separatismo.

En España, el avance del separatismo es desigual según se trate de catalanes o de vascos. Los partidos independentistas catalanes buscan una separación pacífica a través de la convocatoria a elecciones de autodeterminación, hasta ahora no reconocidas por el gobierno español.

Los vascos, en cambio, luego de los años de plomo de la Euskadi Ta Askatasuna –ETA- (1958-2018), transitan por un andarivel de autonomía creciente mediante acuerdo. Cuentan para ello con un partido histórico, el Euzko Alderdi Jeitzalea, Partido Nacionalista Vasco en idioma castellano.

Catalunya

Tras la derrota y el final de las operaciones militares de la ETA vasca, la intensidad del independentismo disminuyó en el Euzkadi casi proporcionalmente a como aumentó en Catalunya.

La última batalla se libró en el Parlamento Europeo. Allí, el ex presidente de la Generalitat –gobierno- catalán (2016-2017) y eurodiputado Carles Puigdemont (58 años) perdió su inmunidad junto a otros dos eurodiputados, sus ex ministros Toni Comin y Clara Ponsati.

Si bien se produjeron excepciones, conservadores, socialistas, socialdemócratas y liberales del Parlamento Europeo votaron por la pérdida de la inmunidad. Verdes e izquierdistas radicales votaron contra, con el argumento de la imposibilidad de ordenar la cuestión catalana por vía judicial.

Dentro de la propia España, el voto de los populistas de Podemos en el Parlamento europeo, el partido socio del gobierno socialdemócrata, a favor de la continuidad de la inmunidad de los cuestionados levantó particular polvareda. Es que la interpretación del voto es la de un partido de gobierno que pone en riesgo la unidad española. No es poca cosa.

Los antecedentes inmediatos del caso parten de la convocatoria y realización de un referéndum sobre la independencia llevado a cabo el 1° de octubre de 2017. Previamente, el 7 de setiembre, su convocatoria por las autoridades catalanas fue considerada ilegal por el Tribunal Constitucional español.

No obstante, la elección se llevó a cabo bajo un marco legal que establecía que en caso de un triunfo del sí, la independencia será declarada tan solo dos días después de la publicación oficial de los resultados.

La votación resultó altamente favorable al independentismo que obtuvo el 90,18% de los sufragios emitidos. Pero los sufragios emitidos solo alcanzaron el 43,03% del padrón. El 56,97% no votó.

Tales circunstancias, además de la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional, relativizan por completo el triunfo del sí, al que manifiestamente apoyan solo el 39% de los votantes, si se contabilizan los votos por el sí sobre el total de ciudadanos en condiciones de votar.

Los observadores internacionales consideraron, además, una serie de irregularidades previas. Tras los resultados, el presidente de la Generalitat (Puigdemont), declaró la independencia pero suspendió sus efectos para intentar un acuerdo con el gobierno español.

De su lado, el gobierno español, finalmente, intervino la región autonómica y convocó a elecciones que ganó el partido de orientación liberal Ciudadanos aunque la suma de legisladores de partidos catalanistas determinó la constitución de un nuevo gobierno de corte independentista.

La situación actual es de nueve líderes independentistas que purgan penas de prisión que van de 9 a 13 años y de los eurodiputados sin inmunidad que habitan en Bruselas y que son objeto de una demanda de extradición formulada por la justicia española. Los delitos imputados son sedición y malversación de fondos.

Es posible que el gobierno socialista-populista otorgue algún tipo de gracia a los independentistas condenados y que modifique la definición del delito de sedición para beneficiar a aquellos que aún no fueron juzgados.

Una decisión que pretende calmar los ánimos y pagar una deuda: la del socialismo español que alcanzó la mayoría para formar gobierno gracias a la abstención de un partido independentista catalán: Esquerra Republicana de Catalunya.

Por último, en las elecciones del pasado 15 de febrero del 2021, el conjunto de los tres partidos independentistas, por primera vez, superó el 50% de los votos emitidos para alcanzar 74 bancas, aunque el más votado por partido resultó ser el socialista, ex ministro de Salud, Salvador Illa, con 23% de apoyo.

El todo, relativizado, una vez más por la concurrencia a las urnas de solo el 53% de los empadronados, frente al 79% de la anterior elección del 2017.

A la fecha, los independentistas no formaron aún gobierno, fruto del desacuerdo entre ellos, solo acordaron renovar la vía insurreccional a partir del 2023, tras una etapa de negociación abierta con el gobierno español del socialista Pedro Sánchez.

Euzkadi

Completamente diferente es la situación en el País Vasco. Desde la democratización de España, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, las tres provincias vascongadas –Aláva, Guipúzcoa y Vizcaya- son gobernadas, con una excepción de tres años (1209-2012), por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Fundado en 1895, el PNV cuenta además con una ramificación nacional en Navarra y otra en las provincias vascas de Francia. Su ideología reconoce raíces nacionalistas y demócratas cristianas. La mayoría de sus votantes se autodefinen como de centro en el espectro político.

El PNV reivindica la idea independentista pero proclama desde siempre su apego a la voluntad popular emitida a través de elecciones libres y su rechazo a “cualquier forma de violencia”.

Dado que, en su historia moderna, el PNV nunca alcanzó una mayoría de votantes, pese a ganar las elecciones, es que su demanda independentista resulta siempre postergada. En la última elección, en 2020, obtuvo el 39,12% de los votos emitidos y consagró 31 diputados al Parlamento de Euzkadi sobre un total de 75.

La actitud del PNV contrasta con la de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), fundada en 1958 y disuelta en el 2018.

Para la ETA, el pensamiento independentista, albertzale –nacionalista-, socialista y revolucionario debía ser puesto en práctica mediante la lucha armada, entendiendo como tal un accionar delincuencial que incluía, además de asesinatos contra civiles, secuestros y extorsiones.

Si bien surgió como organización enemiga del franquismo, el 95% de sus asesinatos fueron cometidos durante el período democrático de gobierno en España. Sus pretensiones excedían las tres provincias vascas y alcanzaban a Navarra y a la Baja Navarra, Labort y Sola en Francia.

Desde la política, ETA participó en las contiendas electorales a través de varias organizaciones vinculadas. La principal de ellas, fue Herri Batasuna, brazo político de ETA, disuelta en el 2003 por sentencia del Tribunal Supremo español.

En la actualidad, los dirigentes de la ETA o cumplen condenas en España, o afrontan procesos judiciales, la más de las veces relacionados con extradición, en Francia, o “cabalgan en la clandestinidad, o si no tienen cuentas pendientes, viven en el exilio.

Recientemente falleció en Francia, el 7 de abril 2021, Julen Madariaga uno de los fundadores de la ETA, quien rompió con la organización en 1995, tras el asesinato del consejero municipal de San Sebastián, Gregorio Ordoñez, representante del Partido Popular español.

Al igual que Catalunya, Euzkadi es hoy una comunidad autónoma de España con lengua propia que exhibe una de las economías más dinámicas del país. Su índice de desarrollo humano y su ingreso per cápita encabezan los respectivos ordenamientos del Reino.

El ReinO DE ESPAÑA

No son pocos quienes opinan que frente a las tendencias centrípetas que muestra España, la corona representa un escollo y un freno que pretende garantizar la cuestionada unidad del país.

Claro que para que ello pueda verificarse es requisito “sine qua non” una conducta intachable de parte de quien ejerce el rol de monarca, constitucional, pero monarca al fin.

Sin dudas, es el caso del Reino Unido, cuya jefa de Estado, la soberana Elizabeth II no transgredió ningún límite ético en su ya larguísimo reinado que se acerca a las siete décadas. Elizabeth es, además, la Jefe de Estado de 16 Estados independientes que forman parte de la Commonwealth británica.

Si bien algunos escándalos rodearon a la familia real británica, ninguno surgió de la persona de la reina, sino de su hermana o de sus hijos.

El caso belga es mucho más discutible. El ex rey Alberto II, padre del actual y discreto rey Felipe, tardó 52 años -27 de enero del 2020- en reconocer como hija a Delphine Boël, ahora apellidada Sajonia-Coburgo-Gotha, tras la sentencia de la Corte de Apelaciones de Bruselas que validó el test de ADN positivo al que se sometió el rey Alberto.

Si bien se trata de una cuestión privada, el independentismo flamenco de habla holandesa aprovecha la cuestión para cargar contra la monarquía belga, siempre acusada de favorecer a los valones de habla francesa, en su reclamo por una independencia republicana del Vlaams

Como bastante más grave aparece el caso español. Nada resulta reprochable al actual rey Felipe como nada resulta reprochable a su homónimo rey de Bélgica. La diferencia radica en las “faltas” de sus respectivos padres. Frente a la cuestión de la paternidad de Alberto II, el ex rey Juan Carlos de España debe afrontar acusaciones e investigaciones por corrupción.

Quién fuese un ejemplo y un elemento clave para el afianzamiento y la continuidad de la democracia española, tras la dictadura franquista y el intento de golpe de Estado conocido  como “tejerazo”, arriba a la vejez mientras la justicia española lo investiga por una fortuna no declarada depositada en Suiza y por el cobro de “comisiones” provenientes de Arabia Saudita.

El deterioro en la consideración pública de la imagen del ex rey Juan Carlos fue tal que su propio hijo, el actual rey Felipe, debió cancelarle la asignación real a que era acreedor como ex jefe de Estado y monarca.

Pese a la ejemplaridad de la conducta del rey Felipe, el independentismo republicano catalán sacó provecho de las faltas y eventuales delitos del ex rey español para justificar sus calificaciones de colonialismo y dictadura con las que acusa a la corona y al gobierno español.

Para acallar críticas, probablemente influenciado por exigencias de su hijo, el ex rey Juan Carlos abonó al fisco español casi 700.000 euros en diciembre 2020 y otros más de 4 millones por deudas de ejercicios anteriores, pagado en febrero del 2021.

El todo rodeado por una conducta de dispendio, con amante despechada incluida, con viajes, cacerías y lujos, que la buena conducta democrática de otrora no logró “tapar” para siempre. Actualmente, el ex rey Juan Carlos vive en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.