Por Alejandro Einstoss (*)
La discusión en el interior del Gobierno con relación a la política tarifaria, precios y subsidios ha tomado estado público en el marco de las recientes audiencias públicas y a través de recientes declaraciones de los funcionarios involucrados.
Por un lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene la necesidad de aplicar aumentos de tarifas, que permitan cumplir con las pautas del Presupuesto 2021, lo que implicaría aumentos con pisos del 40% en las facturas finales de gas y electricidad para el año en curso.
Sin embargo, los interventores de los entes reguladores y el Subsecretario de Energía Eléctrica (subalternos del ministro, pero alineados al Instituto Patria), tienen opiniones opuestas y manifiestan públicamente que “los incrementos de tarifas se ubicarán en la franja de entre el 7% al 9%”, “que será necesario ampliar la ayuda vía subsidios” y que “la hoja de ruta energética no la marca el Presupuesto”.
Estas declaraciones representan un abierto desafío a su superior jerárquico y revelan una preocupante falta de coordinación y visiones opuestas respecto al devenir de la política energética dentro del Gobierno.
Todo indica que el esquema de “tarifas de transición” que anunciaría el Gobierno en los próximos días no cumplirá el marco normativo ni los contratos vigentes ya que no será el resultado del relevamiento de costos eficientes de las empresas que prestan los servicios públicos, sino el resultado de decisiones arbitrarias de entes reguladores bajo intervención.
Estas intervenciones confunden sus funciones técnicas con el diseño de la política energética que es responsabilidad del Secretario de Energía y de su superior: el ministro de Economía.
Las consecuencias serán pesadas para las cuentas públicas
Las tarifas de servicios energéticos permanecen congeladas hace 24 meses. En ese periodo los costos de operación, mantenimiento e inversión de las empresas de servicios aumentaron más del 100%, una situación difícil de sostener en el tiempo.
Y así lo manifestaron las empresas en las audiencias públicas. Sin aumentos de tarifas, Edenor y Edesur necesitarán $70.000 millones para continuar funcionando con normalidad. Lo propio en el sector de gas, que plantearon una insuficiencia de fondos cercana a los $35.000 millones.
¿Cómo se financian entonces las empresas de distribución? Dejan de pagar la energía que venden y, por lo tanto, el problema escala desde las empresas de transporte y distribución al resto del sistema (producción y generación), que se encamina a la cesación de pagos.
La rueda energética no puede parar: todos los caminos conducen a los subsidios
El presupuesto 2021 prevé mantener los subsidios a la energía en línea a 2020, es decir, 1,7% del PIB ($625.800 millones), un año en que los subsidios experimentaron un fuerte impulso producto de la pandemia.
Sin embargo, existen requerimientos fiscales para financiar.
El Plan GasAR (no incluido en el presupuesto).
El aumento de subsidios a CAMMESA por dos motivos:
Aumento del precio del gas para generación.
Deudas de las distribuidoras por energía vendida
El aumento del costo de importación de gas por barco y desde Bolivia tanto en volúmenes como por precio.
Todos generarán una demanda adicional de subsidios en el orden de los $300.000 millones, casi 1% adicional del PIB y 40% por arriba de la pauta presupuestaria.
Esta estimación la consideramos conservadora y de piso, ya que no contempla la necesidad de auxilio financiero a las empresas, el costo de importación desde el puerto de Bahía Blanca que se habilita a fines de mayo, ni una posible postergación de cualquier aumento parcial de tarifas ante un cierre de la economía frente a la segunda ola de Covid.
Focalizar los subsidios a la demanda es urgente
El Gobierno transita su segundo año de gestión y todavía sigue discutiendo cómo focalizar los subsidios energéticos. Se discute la “segmentación de las tarifas”, “identificar la capacidad de pago usuario por usuario” y/o “inteligencia estatal”: todos estos temas requieren de un manejo de datos, información y logística estatal que hasta el momento no parece disponible.
En este aspecto el marco regulatorio es claro: cada usuario debe pagar un precio justo por lo que consume y prohíbe en forma taxativa los subsidios cruzados.
Por lo tanto, el intento del Gobierno de “segmentar las tarifas”, si bien es materia debatible, no responden a la urgencia que marca que el 42% de la población está sumergida en la pobreza.
El mecanismo vigente es la “tarifa social”, mecanismo que se sustenta en datos por ingresos a partir de las bases de la Anses, Afip y el sistema de identificación nacional tributario y social (SINTYS).
Por este mecanismo se aplican descuentos escalonados en el valor de la energía consumida para aquellos usuarios que cumplen con atributos sociales o no alcanzan determinado umbral de ingreso registrado.
Es urgente profundizar la aplicación de este mecanismo, focalizando el subsidio en aquellos que no pueden pagar por los servicios y abandonar los facilismos de congelamientos tarifarios generalizados que resultan ruinosos no solo para el sistema energético sino para las cuentas públicas.
El Gobierno debería abandonar la discusión estéril respecto a la segmentación de tarifas, que no solo va en contra de las leyes vigentes sino que demora la necesaria expansión y profundización del programa de tarifa social que, con alcance nacional, podría llevar alivio a un importante universo de familias en un contexto de pobreza, alta inflación y cuarentena.
Problemas con el abastecimiento de gas
En los últimos días de marzo se verificó un desbalance en el sistema de gasoductos, es decir, la demanda de gas fue mayor a la oferta y eso generó un desequilibrio en la presión del sistema de transporte de gas natural.
Esta situación anómala en particular para el mes de marzo, provocó alerta no solo en las empresas que prestan servicio sino en Enargas y el Secretaría de Energía y es el reflejo de un problema crónico: se desploma la producción de gas a un ritmo que alarma (11% interanual a febrero de 2021).
Esta situación debió haberse previsto en la programación estacional, sin embargo, una mala negociación del contrato con Bolivia (que implica menores volúmenes con precios al alza), errores de diseño y demoras en la implementación del Plan GasAR (que postergaron necesarias inversiones para abastecer el pico invernal), dilaciones en licitación de los cargamentos de GNL para el próximo invierno y la conflictividad social en la provincia de Neuquén configuran un panorama preocupante.
A esto se suma la demora en la licitación y puesta en operación del buque regasificador en Bahía Blanca, que estaría en operaciones a principios de junio, situación que podría generar un cuello de botella en el abastecimiento de gas en las próximas semanas, agravado por el descenso de la temperatura media.
Consecuencias posibles: cortes a la industria, y mayor utilización gasoil y fueloil como combustibles de generación eléctrica, lo que aumentara también la cuenta de subsidios.
Se duplica el precio del gas a la industria
Las industrias compran el gas a través de contratos directos con productores y contratan a las empresas de transportes y distribución (los denominados “peajes”) por el uso de red.
En ese contexto se espera que en las próximas semanas se renegocien contratos anuales con precios del gas que reflejarían aumentos de hasta el 100%. ¿Por qué?
En abril de 2020, la situación del mercado mostraba exceso de oferta de gas y una economía cerrada y en cuarentena. Así, los precios del gas cayeron de US$ 3,2 por unidad térmica a poco más de la mitad (US$ 1,8).
Este año la situación es la opuesta: escasez de gas y el Plan GasAR le ponen un piso alto al precio que deberá pagar la industria para cerrar su abastecimiento durante 2021, que podría ubicarse en torno a los US$ 4 por MMBTU.
Este aumento del 100% en el costo de abastecimiento de energía industrial tendrá efectos de segunda vuelta en el precio final de los bienes y, por ende, en los niveles de inflación de los próximos meses.
¿Otro cuento chino?
En una reciente entrevista el interventor del Enargas anunció “un extraordinario proyecto de expansión y optimización del sistema de transporte argentino de gas para el abastecimiento interno y la integración gasífera regional, para potenciar las exportaciones a Chile, Brasil, Uruguay y eventualmente Paraguay, pero también gas licuado (GNL)”. Se realizaría, agregó, a partir de inversiones chinas en infraestructura gasífera que se anunciarían en ocasión de la visita del presidente Alberto Fernández a la República Popular de China.
Quizás estemos a las puertas de tomar un nuevo endeudamiento para el desarrollo de una infraestructura que hasta el momento no cuenta con estudios con el suficiente estado de avance que permitan asegurar su factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental.
Esta situación implicaría repetir errores del pasado. Las represas sobre el río Santa Cruz y las centrales nucleares son dos botones de muestra que representan más de US$ 20.000 millones de endeudamiento en proyectos de dudosa factibilidad.
Pregunta sin respuesta. ¿Por qué Argentina no hace públicos los estudios de factibilidad de los proyectos de infraestructura que impulsan sus gobiernos?
Es necesario que el Gobierno ponga a disposición del Congreso el grado de avance de los proyectos en cuestión y de las negociaciones con China a fin de evitar asumir compromisos de alto costo futuro para el Estado Nacional sin el debido respaldo técnico, solo en busca de golpes de efectos en medio de un proceso electoral.
(*) Economista, Profesor (UBA y UB), consultor en energía y servicios públicos e Integrante del Instituto Argentino de la Energía Gral Mosconi
