Democracia, auditoría e integridad en Canadá

25 de abril, 2021

Democracia, auditoría e integridad en Canadá

Por Sharon Clark Vicepresidenta de Desarrollo Profesional en CAAF

Canadá.- Cuando era adolescente, mi familia se mudó de Canadá a Argentina. Mi padre había sido destinado a la Embajada de Canadá en Buenos Aires. En ese momento,  una dictadura militar gobernaba el país. No hubo elecciones, los ciudadanos vivían con temor, sintiéndose completamente indefensos. Al año siguiente, 1983, Argentina tuvo sus primeras elecciones democráticas luego de diez años.

Me di cuenta de que en Argentina no daban por sentado la democracia, como sí lo hacíamos los canadienses. En Canadá, ni siquiera usamos el término “sociedad civil” porque se considera común que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede influir en lo que sucede en el país. Nadie está por encima de la ley, nadie tiene privilegios especiales. Y, aunque a veces somos apáticos, ningún ciudadano se ve impedido de desempeñar un papel, habiéndose informado sobre un tema específico, y tomar medidas cuando sea necesario.

Por ejemplo, cualquier persona, o grupo, puede escribir a la Auditoría General de Canadá y proponer una investigación sobre un tema en particular. El trabajo de la Auditoría es verificar si el gobierno realmente está haciendo lo que prometió que haría por sus ciudadanos. Básicamente, se trata de llevar a cabo una averiguación y luego informarles a los altos funcionarios del gobierno qué están haciendo mal y cómo deberían modificarlo. 

Como era de esperar, hay desacuerdos. Las auditorías han enfurecido a burócratas y políticos, ya que las indagaciones implican que no están haciendo un buen trabajo. Pero la sociedad civil, aunque simplemente la llamamos “sociedad”, es tan poderosa que no importa si los burócratas y los políticos se enojan. 

Independientemente de los desacuerdos iniciales, para cuando se publica un informe de auditoría, se han llevado a cabo suficientes reuniones para que los políticos, burócratas y auditores lleguen a algún tipo de acuerdo. Luego, los auditores y los funcionarios del gobierno aparecen en público para explicar, respectivamente, cuáles fueron los hallazgos de la auditoría y qué se hará para mejorar la situación.

Cuando se detecta corrupción, ineficiencia o abuso de fondos públicos, los funcionarios del gobierno se comprometen con los canadienses a tomar las medidas correspondientes para corregir los inconvenientes. Y si esto no ocurre, el proceso democrático asume la responsabilidad y, en ocasiones, se vota a un nuevo gobierno.

Todo esto presupone que los propios auditores no infrinjan las reglas, sin favores para sus conocidos o familiares. Nunca se disminuye el grado de importancia que implica una auditoría porque, por ejemplo, los niños juegan juntos al fútbol. En las auditorias se trata no solo de documentar si se siguieron las reglas, sino de hacer que efectivamente se sigan. Podría ocurrir que algún funcionario del gobierno busque argumentos para desacreditar a los auditores, pero este tipo de comportamiento no se tolera.  

Esto comentó un  exauditor general de Canadá: “Es bastante sorprendente que un país como el nuestro cuente con  una organización como una Oficina de Auditoría General, que no tiene restricciones y es capaz de decidir qué va a investigar, cuándo va a hacerlo y cómo va a informarlo. Es una democracia fuerte que puede tolerar ese tipo de invasión en la actividad gubernamental”.

 

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