Por Héctor Rubini (*)
A un año de la cuarentena más larga del mundo se inicia un ciclo que puede perfilarse como una repetición del desastroso 2020. La estrategia para 2021 completa los controles de cambio y precios con exigencias a empresas de información de existencias físicas de bienes terminados e insumos, autorización o no de faltantes, y ahora la doble novedad de intimaciones para producir a plena capacidad y amenazas de corte de exportaciones.
La economía argentina está hoy restringida por: a) controles de precios de bienes de consumo, b) controles de precios de combustibles, c) controles de precios de servicios públicos y privados, d) controles -implícitos- a los ajustes de salarios, e) control regulado a los ajustes de nuevos alquileres y prohibición de desalojos, f) control de cambios, g) control a los movimientos de capitales, h) control selectivo a importaciones, i) impuestos y ahora amenaza de prohibición de algunas exportaciones, j) presión tributaria en aumento, e k) impuestos a las exportaciones. Y probablemente la lista sea muy incompleta.
¿Sorprende? No. El discurso y las decisiones de los funcionarios refleja una visión política según la cual las actividades económicas deben estar subordinadas a los objetivos y humores de los funcionarios públicos, y redistribuir ingresos no afecta a los incentivos a producir ni al trabajo. En esa visión, la libertad de mercado y el libre comercio (sobre todo el comercio exterior) perjudican al mercado interno. Por ende, el mecanismo de “convivencia” es el del dominio y control de un grupo gobernante al resto de la sociedad para reparar o prevenir esos perjuicios.
Una visión según la cual las decisiones descentralizadas conducen a abusos y pobreza y el derecho de propiedad privada, si bien puede tolerarse, debe limitarse todo lo que sea necesario para que las decisiones empresariales y la interacción entre agentes económicos no responda a las señales del sistema de precios de mercado, sino a restricciones, prohibiciones y permisos selectivos.
En su esencia, es un retorno al mercantilismo, que tenía como objetivo consolidar un sistema económico en el que los grandes beneficiarios sean los mercaderes y artesanos locales, y en particular los de menor disidencia pública o privada con el soberano de turno. Es la base del ineficiente sistema aplicado por España en nuestro continente con la organización de virreinatos y capitanías generales rígidamente subordinada a la Corona, única proveedora de concesiones, privilegios y monopolios.
Ese reglamentarismo, extendido al proteccionismo comercial y a las restricciones nacionales para la navegación, sólo benefició a los nobles ricos y a sus aliados y amigos. El resultado lejos estuvo de ser el dinamizador de las economías europeas y reducir la pobreza. Es cierto que aun hoy el capitalismo sigue con no pocas dificultades para asegurar una mayor igualdad distributiva, pero el mercantilismo condujo a economías duales, con nobles y unos pocos “vivos” que concentraban la riqueza y los ingresos, y la gran mayoría de la población limitada a un nivel de vida no muy superior al de subsistencia.
En ese sistema, la regla suprema era la legitimidad de los monarcas absolutistas (en realidad, totalitarios) para dominar y controlar sin límite a la sociedad en base al miedo a perder derechos, los propios bienes, y hasta la vida, y la confusión entre los intereses público y privado. El “paradigma” era la no separabilidad de ingresos de los monarcas de las ganancias de los artesanos y productores primarios, y como consecuencia directa, la identificación discursiva del bienestar de los soberanos con el bienestar de una sociedad rígida, clasificable en “clases” y organizada bajo la forma de corporaciones.
Ese ideario no desapareció con la Revolución Francesa. Con sus más y sus menos, reaparece luego con propugnadores de diversas formas del corporativismo mercantilista, como Johann Fichte, Adam Muller, George W.F. Hegel, Franz von Baader, Friedrich List, Joseph Gorres, Henri de Saint Simon, Eugène Buret, Jean Charles L. Sismondi, Emile Durkheim, Ferdinand Tonnies, George D. H. Cole, Samuel G. Hobson, Adolf Wagner, Franz Hitze, y varios otros durante el Siglo XIX y las primeras décadas del Siglo XX. Su impacto se vio justamente en su adopción en experiencias de diversos resultados, con inequívocos elementos de corporativismo: la República de Weimar (1918-33), Italia (1922-45), el New Deal de Roosevelt (1933-39), varios países de Europa Oriental antes de la Segunda Guerra Mundial, España bajo Primo de Rivera (1923-30) y Francisco Franco (1939-75) y Portugal con António Salazar (1926-74).
En América Latina, entre 1930 y fines de los '80, en Argentina, Brasil y otros países, incluyendo reformas laborales fuertemente inspiradas en la Carta del Lavoro italiana de 1927, inspirada a su vez en leyes promovidas por personajes como Alfredo Rocco y Luigi Federzani. El resultado en nuestra región, lejos ha estado de ser satisfactorio. El corporativismo regulacionista mostró signos de progresivo agotamiento desde mediados del Siglo XX, con una dinámica política sujeta a las disputas y enfrentamientos entre grupos de interés, recurrentes golpes de Estado y diversas formas de autoritarismo. Tanto sus ejecutores, como sus referentes intelectuales siempre subestimaron (adrede), el problema de la inestabilidad e incertidumbre institucional sobre los incentivos y el crecimiento económico.
Una omisión, en no pocos casos, más que visible en los nostálgicos de redistribuciones populistas de ingresos que tuvieron su momento de felicidad durante los foros de Porto Alegre y San Pablo y la cumbre del ALCA en Mar del Plata.
La reaparición de una serie de controles estatales, llegando ahora al extremo de resoluciones con palabras “prohibición” e “intimación”, lejos están de inspirar confianza, o de evitar eventuales cataratas de futuros juicios al Estado y a los funcionarios firmantes de esas resoluciones. Y, por otro lado, contradice el habitual discurso de la hoy vicepresidenta, que desde hace años propugna el objetivo de “ampliar derechos”.
Una economía con altos impuestos y órdenes arbitrarias no sólo conculca derechos, genera ineficiencias, sobrecostos, cierre de oportunidades de comercio, empleo e inversiones sino que limita la economía a “comerse” el capital para sostener la supervivencia de quienes trabajan y producen en la economía informal, que a su vez son necesarios para el sostenimiento de quienes caen a la esfera de la informalidad y la ilegalidad. Lejos, lo menos recomendable para volver a crecer, generar divisas en algunos años futuros y presentar al FMI y al Club de París un programa creíble que permita reprogramar los vencimientos de la deuda con dichos acreedores.
Ahora, en la coyuntura, emerge esta novedad de forzar a empresas a producir a plena capacidad y la amenaza de prohibiciones de exportaciones. Si la demanda sigue retraída por las restricciones del propio Gobierno a la circulación de personas y mercancías, ¿alguien puede creer que restringir exportaciones y dar órdenes de producción estabilizará la actividad y los precios? ¿Cómo evitar pérdidas por producir mercancías a stockear por falta de demanda? ¿Cree un ministerio que puede administrar escaseces desde una simple oficina céntrica? ¿Con qué recursos el Gobierno va a pagar juicios de decenas de empresas puedan caer en concurso preventivo y quizás en bancarrota? Más simplemente, ¿a qué economista profesional se le puede ocurrir que desde el Estado se pueden controlar precios y cantidades, y de esa forma volver a crecer, generar divisas y reducir la inflación?
Todo indica que por este camino, el corriente año puede terminar en un escenario bastante peor que el sugerido por el optimismo de las últimas proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA. Si la decisión de continuar por este camino se mantiene sin cambios, las consecuencias en materia de empobrecimiento e incertidumbre serán inevitables. Tanto para el bolsillo de trabajadores y consumidores, como para lo que ansiosamente espera el oficialismo para las elecciones legislativas de 2021.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
