Tecnología blockchain, una revolucionaria oportunidad para la gestión pública

19 de marzo, 2021

Tecnología blockchain, una revolucionaria oportunidad para la gestión pública

Por Julián M. Ricardi (*)

Durante el 2020 proliferaron publicaciones relacionadas con criptoactivos, incluso en medios no especializados. Su adopción fue promovida entre el público en general, argumentando su potencial de crecimiento. No obstante, en general no se puso énfasis en la difusión de información sobre la tecnología subyacente, sus aplicaciones reales y el riesgo de invertir en determinados activos.

La respuesta fue un notable incremento en la capitalización y el número de transacciones en los mercados de los principales criptoactivos, situación que puso a prueba la solidez de la tecnología y la determinación de sus alcances y limitaciones a la hora de masificar su empleo.

La experiencia en las finanzas evidenció, por caso, que su proyección representa una gran oportunidad para la gestión gubernamental. Argentina debería observar esos procesos para inscribirse entre los países que aplicarán la herramienta de forma temprana en beneficio de la calidad y eficiencia del servicio del Estado y, en definitivas, la promoción del bienestar social.

// Qué es blockchain y por qué llegó para quedarse en Argentina

La adopción de nuevas tecnologías ha resultado clave en los más recientes modelos exitosos de desarrollo económico, por ejemplo Estonia y Lituania. Por su parte, China, Estados Unidos y Europa, a su vez, han iniciado procesos paulatinos hacia la criptoconversión de sus economías, que se acelerará en los próximos años.

La tecnología de cadena de bloques o blockchain posibilita registrar una transacción, contrato o cualquier tipo de actuación de manera verificable, inviolable y transparente, sin necesidad de que un tercero verifique su validez, y almacena un completo historial de lo realizado. Es decir, posibilita mantener un sistema de registros, incluidos los contables, que se valida en forma descentralizada con cada transacción, sin la participación de intermediarios.

Adicionalmente, por su naturaleza informática estos activos pueden ser colaterizados y programados. Así, es posible limitar su oferta a un conjunto de reglas de comportamiento o bien conformar contratos inteligentes de cumplimiento automático sobre un activo subyacente (criptográfico, financiero o real).

La versatilidad de la herramienta permite alcanzar soluciones a problemas complejos en forma descentralizada con un bajo costo de administración y de acuerdo a un conjunto de reglas de comportamiento que garanticen la convergencia hacia un objetivo deseado.

Blockchain reúne, así, los elementos necesarios para revolucionar el modo en que los Estados implementan, administran y evalúan sus políticas, al reducir costos de administración, diseñar políticas con precisión cuasi quirúrgicas y aumentar la capacidad de analizar los resultados a partir de los registros recopilados.

El impacto del blockchain en la administración gubernamental argentina sería solo comparable, sino superior, al salto en la eficiencia generado por la implementación del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) en la década de 1990. Fue tan grande e indiscutible aquel avance que, a casi tres décadas, ningún gobierno posterior ha propuesto retroceder a la etapa previa a su implementación. Aún se continúa usando una arquitectura muy similar a la original.

Las condiciones para un nuevo salto cualitativo de la gestión pública están dadas con la maduración de la tecnología blockchain, que después de una década cuasi experimental en el mundo de las finanzas criptográficas, ha probado su robustez y fiabilidad. Sin lugar a dudas, los países que la incorporen dispondrán de una ventaja comparativa enorme en la gestión de sus Estados.

Argentina podría apreciar sus beneficios aplicándola sobre un importante capítulo del gasto público: los programas de asistencia social, reemplazando la tradicional asistencia directa del Estado, que se materializa dando a los beneficiarios dinero (efectivo o en cuentas bancarias), vouchers o directamente los bienes en cuestión, por un sencillo token criptográfico.

Cada uno de los medios actuales tiene ventajas y desventajas. El empleo de dinero es difícil de rastrear a través de la cadena de pagos; presenta así oportunidades para la corrupción. Ocasiona dificultades en la evaluación del impacto de la política aplicada y no asegura que los fondos sean usados para el objetivo con el cual fueron otorgados. Los vouchers mejoran la situación, pero presentan problemas de divisibilidad, por lo que a veces no son aceptados como medio de pago y resulta complejo su procesamiento para evaluar impactos de las políticas aplicadas. Finalmente, la entrega directa de bienes genera una carga logística excesiva para el Estado que atenta contra la eficiencia en la provisión y muchas veces resulta inoportuna pues compite con el propio sector privado, destruyendo valor local en lugar de generarlo.

La alternativa moderna y eficiente sería implementar políticas de asistencia social empleando como medio de pago un token criptográfico atado en valor nominal a la moneda nacional o a algún índice de ajuste. El token sería entregado a los beneficiarios para que realicen sus compras utilizando una aplicación en el celular, existente o desarrollada a tal fin.

Ventajas de la modalidad

– Accesibilidad. Los beneficiarios solo necesitan un celular.

– Trazabilidad. La asistencia es completamente trazable.

– Confidencialidad. Las transacciones no requieren un registro de los titulares y, de mantenerse uno, será independiente con el nivel de confidencialidad que se le desee otorgar.

– Programabilidad. Permite limitar el empleo de los fondos a ciertos tipos de bienes o servicios (por ejemplo, impedir la compra de moneda extranjera con recursos de asistencia social).

– Transparencia. La información del empleo que se ha dado a los fondos es pública; cualquier ciudadano puede conocerla sin acceder a los datos de titularidad de los beneficiarios.

– Evaluación de impacto. permite realizar análisis con gran precisión y establecer perfiles de comportamiento de los principales grupos y zonas geográficas sin necesidad de crear grandes estructuras de seguimiento ad-hoc.

Sin embargo, por tratarse de una nueva tecnología, posee también algunas desventajas.

– Prácticamente nulos ejemplos de implementación

– Requiere capacitar a los usuarios y funcionarios públicos

– No reemplaza la entrega directa de bienes donde no se encuentran disponibles, aunque tampoco lo hace la entrega de dinero o vouchers

La única experiencia conocida en su tipo es un subsidio aplicable solo a compras locales otorgado en España a los ciudadanos de Lebrija, e Sevilla, destinado a mitigar el impacto económico de la pandemia de Covid-19. Allí se creó un token denominado “Elio” (nombre del ciudadano más ilustre de la ciudad) atado a la par con el euro y respaldado con los fondos ahorrados por el ayuntamiento con motivo de la cancelación de fiestas populares. El costo de la implementación del plan fue de solo 12.000 euros ($108.000 aproximados al cambio oficial), destinados a la programación de la aplicación de celular empleada como billetera virtual.

El uso de esta herramienta puede ser extendido para simplificar diversos procesos o resolver problemáticas propias de la administración pública, como el control y ejecución presupuestaria, con el objetivo de garantizar que la ejecución del presupuesto se ajuste periódicamente (diariamente) a la recaudación y a los objetivos fijados en la Ley de Presupuesto, diseñar una oferta monetaria con reglas de emisión predeterminadas con el fin de mantener una situación de estabilidad monetaria y/o implementar contratos inteligentes para compras y obras públicas que reduzcan la incertidumbre y, de esta forma, minimicen el diferencial existente entre los precios de mercado y los precios licitados.

Como se ve, la aplicación temprana de esta herramienta representa una gran oportunidad dorada para que Argentina logre un impacto definitivo e inmediato en la calidad y eficiencia de la administración Estado.

(*) Licenciado en Economía (UBA) y Magister en Economía (UCEMA). Especializado en financiamiento multilateral, evaluación de proyectos y gestión pública. Actualmente es consultor.