Por Héctor Rubini (*)
El discurso del lunes del Primer Mandatario no trajo grandes novedades económicas. Dio por sentada una futura flexibilización de tarifas públicas, sin anuncios realmente claros de mejoras significativas de los ingresos reales de trabajadores y jubilados. De baja de impuestos ni hablar. Es más que claro que la administración de la vacunación seguirá con la improvisación de los últimos meses, y que el “modelo” estatista y mercadointernista se tratará de mantener sin cambios fundamentales, al menos hasta diciembre de 2023.
A menos de 3 meses de iniciado el año, los signos de recuperación de la actividad manufacturera podrían sostenerse si también lo hacen la demanda interna y externa. Pero el futuro es difícil de prever. En el plano interno, la confianza en el agro y su generación de divisas, fundamentales para reponer reservas en el BCRA parece algo exagerada. En varias áreas de la zona núcleo sojera ciertas faltas de precipitaciones empiezan a complicar a los cultivos de soja de segunda siembra. La obra pública asoma como potencial protagonista de una reactivación sostenida que todavía está por verse. En cuanto a las obras privadas, la suba de costos y las complicaciones en el mercado inmobiliario, torna incierto el panorama futuro.
La banca oficial comenzó a ofrecer líneas promocionales para bajar el costo del crédito en segmentos puntuales, pero sigue teniendo peso el atractivo de los retornos con riesgo cero de los títulos públicos, y sin recuperación percibida como sostenible de las ventas internas y de las exportaciones, el riesgo crédito no va a bajar.
Desde el mes de noviembre en que se controlaron las últimas turbulencias cambiarias, no se observa tendencia a la baja en las tasas activas, mientras el riesgo país percibido en el exterior no deja de crecer. El indicador de riesgo soberano EMBI para Argentina era de 1.343 puntos básicos al 16 de noviembre pasado. Equivalía entonces a 3,5 veces el riesgo conjunto para Latinoamérica (EMBI “Latino”), 4,9 veces el de Brasil, y 8,8 veces el de Chile. Al cierre de febrero de este año (el pasado viernes) el EMBI Argentina era de 1.511 puntos, equivalente a 4 veces el el EMBI “Latino”, 5,5 veces el de Brasil y 10,7 veces el de Chile. Otra forma de ver la mayor preferencia en el exterior por deuda soberana de otros de la región, respecto de los títulos reestructurados de Argentina.
Los inversores en el mercado de deuda desaprobaron inequívocamente el discurso presidencial del lunes, fundamentalmente por un anuncio no económico: vuelve a ponerse en la agenda de debate político otra versión de una profunda reforma judicial, cuyos lineamientos parecen sumar más desconfianza.
Por otro lado, la anunciada investigación judicial a la deuda contraída por el Gobierno anterior con el FMI, ha generado críticas, y no sólo de la actual oposición. Claudio Loser, extécnico del organismo, formuló 3 certeras advertencias al respecto: a) este tipo de acciones si se emprenden contra el FMI no prosperan por inexistencia de instancia internacional para juzgar y eventualmente sancionarlo, b) el organismo cada tanto objeto de acusaciones de diversos países en varias oportunidades, y las percibe como ardides de los gobiernos deudores para obtener trato preferencial del FMI, c) si esta acción complica las negociaciones con el organismo, no sería improbable una cesación de pagos con el organismo y más demoras para acordar la reprogramación de los pagos adeudados.
En cualquiera de los casos, contribuye a ajustar cálculos aritméticos de capacidad de repago a la baja. La realidad muestra ya su impacto: la cotización de los bonos argentinos cayó y volvió a subir el riesgo país: al cierre de este artículo, el EMBI Argentina ayer cerraba en 1.554 puntos básicos, con bonos en dólares bajo legislación Nueva York con rendimientos entre 16% y 19% anual, y entre 17% y 21% para los títulos bajo legislación argentina.
En este contexto, estarían ya cerrados cuatro acuerdos con el gobierno chino, omitidos en el discurso del lunes. Una novedad que puede complicar las relaciones con los gobiernos de EE.UU. y otros países. Quizás haya respondido a cierta certeza de pagar parte los vencimientos con el FMI de este año con la asignación de DEGs de este año, pero no hay certeza de ninguna ayuda externa para abonar al organismo los U$S 35.000 millones que vencen en 2022 y 2023.
Ahora bien, los mercados tampoco dejan de prestar atención a la ya visible colisión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Una nueva puja por el real poder político que sigue, en cierta forma el modelo de Hugo Chávez en Venezuela: primero reformar la Justicia para subordinar la Corte Suprema a los otros poderes, y luego, reformar la Constitución. Esto es, el avance directo de los ultras del “Vamos por Todo”, para poner fin al sistema republicano vigente hasta la actualidad.
En un escenario así, nada permite augurar un sendero de sólida reactivación económica, estabilidad y recuperación sostenida de la inversión, el empleo y la solvencia fiscal. La cotización de los bonos en buena medida refleja el escepticismo de los mercados, y nada hace prever una reversión de la desconfianza actual, al menos al menos hasta los próximos comicios legislativos.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
