A través de la resolución 237/21, el Gobierno estableció el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre). El objetivo sería “transparentar la cadena de comercialización de bienes en el mercado interno”, según aseguraron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Sin embargo, la mayoría de los sectores empresarios mostraron su desacuerdo con la medida.
El Sipre es un mecanismo por el cual las grandes empresas deberán informar mensualmente, ante la Secretaría de Comercio Interior y bajo declaración jurada, los precios promedio de venta vigente de sus productos, las cantidades vendidas y el stock disponible. Esta información será reservada y confidencial, aseguraron desde el Gobierno.
La primera presentación deberá realizarse entre el día 1° al 10 de abril. Esta vez, se deberá informar todo lo referente a los meses de enero, febrero y marzo del 2021. Será solo por única vez, porque las presentaciones mensuales posteriores deberán contener la información del mes inmediatamente anterior.
En particular, la resolución alcanzará únicamente a grandes empresas de tres sectores en los que el Gobierno viene manteniendo reuniones para alinear precios y salarios, en busca de cumplir con lo establecido en el Presupuesto 2021 (IPC de 29%).
En concreto, deberán aportar esta información aquellas compañías del sector de la construcción que facturen más de $965.460.000 por año; las del sector comercio que facturen más de $2.602.540.000 por año y las dedicadas a la actividad industrial que registren una facturación anual mayor a $2.540.380.000. Esta primera etapa llegaría a unas 500 empresas grandes y, la segunda, que incluiría a las de químicos generales y metalmecánica, agregaría otras 500 más.
En esta primera etapa, quedarían alcanzadas mil empresas de diferentes rubros. A saber, los sectores serán: alimentos, bebidas y artículos de higiene y limpieza; química y petroquímica; construcción y electrónica. Estas tendrán la obligación de cumplir con el Sipre si coinciden con la facturación mencionada.
Desde Desarrollo Productivo, comentaron que el espíritu de la medida es “obtener información para evitar desequilibrios en la cadena de comercialización entre los distintos eslabones que la componen y prevenir faltantes de productos e incrementos injustificados de precios”.
“El objetivo es dotar al Estado Nacional de una herramienta de monitoreo para disponer de alarmas tempranas ante los faltantes de mercadería que puedan producirse, para evitar la escasez”, agregaron.
“También permitirá optimizar la planificación de políticas públicas dirigidas al mercado interno con el fin de generar incentivos específicos y focalizados para los sectores económicos. Busca fortalecer el mercado interno y proteger el derecho de las y los consumidores”, concluyeron desde el Ministerio.
Empresarios
En febrero, la Secretaría de Comercio Interior imputó a grandes empresas de alimentos. En base a lo argumentado por los funcionarios, la causa había sido “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización". También había intimado a las compañías que elaboran insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción.
Otro dato a tener en cuenta es que el Sipre se creó en el marco de la Ley de Abastecimiento, que fue sancionada en 1974 y modificada en 2014, la cual genera cierto resquemor dentro del sector empresario. “Esto implica una nueva carga para las compañías, que estamos en crisis al igual que el país, sin tener en cuenta que la Ley de Abastecimiento es inconstitucional”, expresó el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, ante El Economista.
“No se piensa en la utilidad de la información, en la industria de alimentos estamos con Precios Máximos y Cuidados desde marzo pasado por lo que la rentabilidad se atrasa, sumado al encarecimiento de los costos por el efecto pandemia”, añadió Funes de Rioja.
Mientras tanto, el vicepresidente de la empresa dedicada a la producción y venta de café Cabrales, Martín Cabrales, consideró que generará un escollo burocrático. “Para remitir esa información necesitás gente y dinero en épocas de pandemia, cuando las empresas están trabajando con 70% u 80% de su dotación. Más que control, se necesitan medidas que incentiven la producción y la inversión”, subrayó.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo que preocupan estas medidas “porque la injerencia estatal sobre la operatoria de las empresas bajo apercibimiento en el marco de la Ley de Abastecimiento no es una buena señal”.
“Los antecedentes muestran que nunca funcionaron este tipo de controles. Buscamos objetivos compartidos con el Gobierno, pero la medida no colabora”, agregó el ejecutivo.
“Esto que pide (Paula) Español ya lo intentó (Axel) Kicillof en 2014 y no sirvió de nada. De hecho, el ministerio ni siquiera abría la información que le enviaban y para las empresas, significaba, en palabras de Juan Carlos De Pablo, 'la diferencia entre trabajar y estar ocupado'”, dijo el economista Iván Baumann Fonay en Twitter.
