Por Héctor Rubini (*)
En el día de hoy, el Presidente dirigirá al Congreso su mensaje inaugural de sesiones. En líneas generales, traza los lineamientos de su administración para el resto del año. A veces puede incluir algunos anuncios sorpresivos para la opinión pública, pero no parece ser el caso de este año. Algo quizá de preocupación para las autoridades, ya que los episodios de las últimas semanas han carcomido visiblemente el capital político de oficialismo.
Esto se refleja, por caso, en el Indice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, con una significativa baja entre abril de 2020 y febrero de 2021. En el mes que terminó ayer, el nivel de confianza según dicho indicador se encuentra apenas por encima del registrado en febrero de 2019 y en septiembre-noviembre de 2018, en medio de la crisis cambiaria que condujo a la derrota electoral del Gobierno anterior.
Al igual que entonces, la demanda de cambio de rumbo pareciera volver a estar presente. Las movilizaciones del sábado, luego del escándalo de las vacunas, pone al Gobierno de turno en una posición incómoda. La visible arbitrariedad para seleccionar vacunas para ciertos funcionarios, allegados y militantes políticos afines ha colmado la paciencia no sólo de la oposición. El criterio para elegir quién sí y quién no se resume en el adjetivo “estratégico”, que a todo efecto práctico no significa nada.
El secretismo de dicha práctica estalló con la denuncia de un comunicador afín al propio oficialismo, y la remoción del ministro de Salud no parece cambiar mucho. Tampoco la llegada de vacunas de la República Popular, China cuya efectividad probada pareciera ser sensiblemente inferior a la Sputnik V y otras. Peor aún, no ha completado la fase III de desarrollo hasta su versión definitiva, de modo que la inoculación de dicho producto no es garantía de igual o mayor inmunidad.
Pero también es cierto que quienes exigen cambios en gestión no logran definir propuestas alternativas. Tampoco parecen contar con liderazgo definido con peso político significativo, y potencial visible para imponerse en las próximas elecciones legislativas
Revertir el daño reputacional no será fácil para las autoridades. Las dificultades y demora para que toda la población esté vacunada y no abandone prácticas preventivas mínimas, significan mayor demora para la liberar actividades que suponen aglomeración de personas, incluido el transporte público de pasajeros. La recuperación económica no va a ser espectacular, y lo mismo vale para decenas de países -y no sólo emergentes- con problemas tanto de logística para las vacunas como de autodisciplina frente al virus. No es de extrañar que en el mes próximo el FMI, a igual que buena parte de los principales bancos de inversión de Wall Street revisen para abajo los pronósticos de crecimiento del PIB en 2021 para varios países emergentes y, entre otros, el nuestro.
La pérdida de credibilidad y de confianza en las autoridades en este escenario no tiene consecuencias efectivas visibles en el corto plazo, pero pueden tornar inviable retornar a nuevas restricciones en caso de rebrotes y saturación de los sistemas sanitarios. Un Gobierno en ese escenario se encuentra así en una encerrona: más o menos flexibilidad puede ser un error, y seguir igual genera creciente desconfianza e incertidumbre. Uno de los peores resultados de largo plazo es la caída en la tasa de inversión. Otro, que es más que visible desde hace varios meses, es el cierre de empresas y la emigración de emprendedores y recursos humanos calificados, sin futuro auspicioso.
Revertir esto exige a las autoridades abordar con la menor conflictividad posible varias cuestiones. Por un lado, la continuidad del error del Gobierno anterior de sustituir el ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en varias carteras. Fragmentadas las funciones y sus responsables, la gestión empieza a mostrar fallas de coordinación y de ejecución que restan eficacia y eficiencia, pero también debilitan la credibilidad en las autoridades. Si un ministerio entiende que no conviene aplicar restricciones y controles que provoquen desabastecimiento, y otro sí, e insiste con patrullas “informativas”, multa y amenazas de clausuras, ¿cuál es el criterio definitivo? Si por un lado se trata de alinear precios y tipo de cambio hacia una inflación más baja con atraso del tipo de cambio respecto de la inflación, y no cambia la maraña tributaria y regulatoria presente en casi todas las actividades, ¿cómo pensar en inversiones, crecimiento y generación de divisas para cumplir con compromisos externos? Y ni hablar de regulaciones que como bien sabe cualquier estudiante de economía, en no pocos casos conducen a efectos opuestos a los deseados.
Hoy a las 11 tal vez encontremos alguna sorpresa positiva, pero nada hace prever ningún gran cambio estructural ni una rápida de la caída de confianza de estos meses. En general se percibe que, con el aporte de unos U$S 3.300 millones del FMI y una nueva postergación de los pagos al Club de París, el actual sendero de políticas “paso a paso” se mantendría sin cambios hasta las elecciones legislativas sin riesgo, aparente, de una nueva crisis cambiaria. Pero todo indica que también se “pisarían” varios precios administrados y tarifas públicas, generando nuevos subsidios que empezarían a debilitar las cuentas fiscales a partir del segundo semestre del año. Por lo tanto, a precios internacionales favorables, se contrapondría una política cambiaria que deterioraría la competitividad. A una reactivación del mercado interno y de la recaudación tributaria, un aumento de subsidios a empresas de servicios, con resultado final incierto sobre las cuentas públicas. La aceleración de la reactivación exigirá más importaciones, pero, en ese caso, se contraponen las restricciones oficiales a las importaciones tanto por la necesidad de cuidar divisas y la estabilidad cambiaria, como por ciertos dogmas proteccionistas inspirados en la sustitución de importaciones de 7 ? 8 décadas atrás.
Disyuntivas como estas no son las únicas ni son fáciles de resolver, al menos en el marco de un discurso “progresista” o “populista”. Lo que sí es claro es que en todos los casos hace falta un aumento sustancial de inversiones para sostener tasas de crecimiento positivas, y crear vacantes laborales. Y esto exigirá algunas señales concretas de mayor control de la gestión y límites institucionales “fuertes” a la discrecionalidad de los funcionarios, y no sólo respecto de la vacunación contra el Covid-19.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
