La decisión de la jueza Preska hizo volar a los cupones atados al PIB

31 de marzo, 2021

La decisión de la jueza Preska hizo volar a los cupones atados al PIB

Argentina acaba de recibir un revés judicial en la causa que llevan adelante en Nueva York distintos fondos de inversión, encabezados por Aurelius, en torno a los pagos de los cupones PBI de la deuda externa. La jueza Loretta Preska desestimó los argumentos con los que el país pretendía rechazar la demanda

Preska, sucesora de Thomas Griesa en el tribunal primario del Segundo Distrito Sur de Nueva York, sostuvo que los argumentos de la demanda alcanzan para sostener que Argentina buscó evitar el pago del cupón en 2013 al retocar los números. 

Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PIB de 2013 no supere el 3,22% y, así, no activar la cláusula de liquidación del cupón. Se habría ahorrado cerca de US$ 3.000 millones.

El Indec calculó para 2013 un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede”. Según su estimación, el crecimiento real fue 3,5%. 

La jueza ordenó ahora que Argentina y los demandantes presenten el 16 de abril un cronograma para avanzar con un “discovery”, un proceso de recopilación de información relevante, antes de avanzar con el juicio. 

Ayer, los cupones (TVPY) escalaron más de 20%.

 

El fallo de Preska de hoy es tan solo el primero de unos cuantos pendientes en las cortes internacionales contra Argentina. Hay fallos pendientes por US$ 9.300 millones y ya hemos pagado US$ 17.500 millones desde el 2000 por errores de nuestros gobiernos”, dijo el analista Sebastián Maril en Twitter. En el conteo de lo pagado, lidera cómodo el arreglo por la deuda en default en 2016.

En el caso particular de los cupones, Maril estima que el costo para Argentina, en el caso de un fallo adverso (y sumando el pleito en Londres por el mismo tema), podría ser de US$ 1.200 millones. 

El caso en cartera más grave es el de Burford Capital, un fondo inglés que compró el litigio del Grupo Petersen de los Eskenazi por YPF. En su estimación, Maril calcula un fallo potencialmente adverso en US$ 4.000 millones, pero el juicio arrancaría en unos meses y el costo, en el caso de un fallo adverso y en el peor escenario, podría escalar hasta US$ 10.000 millones, o más.