Birmania: un golpe de Estado para garantizar el poder de los militares

15 de marzo, 2021

Birmania: un golpe de Estado para garantizar el poder de los militares

Por Luis Domenianni

El 1° de febrero de 2021, voló en pedazos el lento avance de la Unión de Myanmar, nombre oficial de Birmania, hacia una democracia plena. Ese día, el Ejército birmano, mediante el consabido golpe de Estado militar, tomó el poder y encarceló o detuvo en sus domicilios a los principales dirigentes civiles electos del país, tras acusarlos de fraude electoral.

El justificativo inmediato del golpe de Estado –según la versión militar- es el resultado de las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 2020, cuando el partido Liga Nacional por la Democracia alcanzó el 58,6 por ciento de los votos y un total de 258 legisladores sobre las 315 bancas que conforman la Casa de los Representantes.

Más allá de algunas formaciones étnicas con representaciones de no más de cuatro legisladores cada una, el partido opositor nacional, Partido de la Unión Solidaria y el Desarrollo, solo obtuvo el 5,8% de los sufragios y consagró una débil representación de 26 bancas.

El problema es que el Partido de la Unión Solidaria y el Desarrollo no es otra cosa que una formación cuasi militar, dada la profesión de la enorme mayoría de sus legisladores, funcionarios y adherentes.

Semejante “paliza” electoral generó pánico entre los militares. El entonces jefe del Ejército y hoy jefe de la Junta Militar, el general Min Aung Hlaing (64 años), días antes del golpe, advirtió al Gobierno que dicho resultado fue producto del fraude respecto de 8,6 millones de votos.

La Comisión Electoral calificó las afirmaciones militares como “absurdas” y, tras una reunión sin acuerdo con la consejera de Estado –cargo equivalente al de primer ministro-, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi (75 años), la suerte quedó echada.

Desde el día del golpe, la resistencia civil no cede en las calles de las principales ciudades de Birmania. En la nueva capital Naipyidó, en la antigua Rangún y en la más antigua Mandalay, las movilizaciones contra la intervención militar continúan pese a una represión cada día más violenta que, a la fecha, produjo 60 muertes, todas ellas correspondientes al bando civil.

Pese a las amenazas, las huelgas contra el gobierno militar no cesan. Médicos, funcionarios, ferroviarios continúan sin trabajar en señal de protesta. Los golpistas responden con amenazas de despidos masivos. Las tropas, a su vez, rodean los barrios y las sedes de las asociaciones y sindicatos que repudian el golpe

En la calle, las movilizaciones recurren a la creatividad para sorprender a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, de pronto, cientos de ciclistas descienden de sus bicicletas que, casualmente, pincharon goma e interrumpen la circulación.

Mientras tanto, con altibajos la presión internacional no alcanza, ni remotamente, la magnitud de la resistencia interior.

En la región, la defensa del sistema democrático birmano no reflejó un compromiso fuerte. Algunos, como Indonesia, intentaron una mediación. Otros como Japón prefieren un silencio que mucho tiene que ver con las atrocidades de la ya lejana ocupación japonesa de Birmania durante la Segunda Guerra Mundial.

Por el contrario, la reacción del Gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos no se hizo esperar. Tras 20 días de gestiones frustradas en la búsqueda de un acuerdo que retrajera los militares a los cuarteles, Estados Unidos optó por sancionar con congelamiento de haberes a dos generales birmanos y a los hijos del jefe de la Junta Militar.

La batalla también quedó planteada en el terreno mediático, en particular, en las redes sociales. Del lado militar, con interrupciones del funcionamiento de Internet para complicar los llamados a movilización. Del lado de las redes, con el cierre de cuentas de las Fuerzas Armadas y sus dirigentes.

Naciones Unidas

Si se trata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la posición de China y de Rusia -“la situación birmana es un asunto de política interior”- paralizó durante más de un mes cualquier declaración. A tal punto que, recién cuarenta días después, el organismo pudo expedirse.

No fue fácil. Un proyecto de declaración elaborado por el Reino Unido de condena al golpe no alcanzó la instancia de votación, tras las negativas rusa y china.

Finalmente, un acuerdo fue alcanzado. Claro que no fue el golpe de Estado quien recibió la condena, sino la represión sobre la sociedad civil. Dicho de otra manera, el golpe no es ilegítimo. Lo es la represión.

Una vez más la “realpolitik” triunfó sobre los principios. Y una vez más, como siempre, fueron los regímenes autoritarios –China, Rusia- quienes soslayaron el estado de derecho. No es extraño. En definitiva, lo hacen en política exterior pero también al interior de sus propios países.

Junto a China y Rusia, India y Vietnam también objetaron el proyecto de declaración británico que hablaba de “Golpe de Estado” y de “represalias internacionales”.

Con todo fue un avance. China y Rusia aprobaron la declaración del Consejo de Seguridad que denuncia la violencia “contra los manifestantes pacíficos, incluidas mujeres, jóvenes y niños” y que reclama “la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente”.

Según algunos expertos, la declaración del Consejo de Seguridad obliga al diálogo. Informalmente, China –habitual aliado de los militares birmanos- niega “apadrinar la Junta”. Acepta tener contactos pero no privilegios. En síntesis, una manera de desactivar responsabilidades sobre una eventual mediación.

¿Cómo se sale del impasse? Para algunos diplomáticos asiáticos solo con diálogo. Para Amnesty International, con sanciones.

De momento, la Junta Militar hace oídos sordos. La represión no cede y Aung San Suu Kyi continúa en detención domiciliaria. No obstante, con la resolución de la ONU la Junta logró el máximo a que podía aspirar. Es decir, no ser cuestionada por el Golpe de Estado, sino por sus consecuencias.

Ahora, no le queda otro remedio que ceder. En particular, tras el voto chino y ruso. A la corta o a la larga, deberá convocar a un diálogo nacional con Aung San Suu Kyi, incluida. Será, casi con certeza, un nuevo intento de condicionar la democracia, tal como ocurrió en el pasado en la propia Birmania, en la vecina Tailandia o en el lejano Chile, por citar solo algunos ejemplos.

Tras la resolución, probablemente resucite el intento de mediación indonesio. ¿Razón? La similitud del proceso. O sea, la salida de un régimen dominado por el Ejército a un régimen civil.

Es más, dos ex presidentes indonesios en vida son mencionados como posibles mediadores. Se trata de la señora Megawati Sukarnoputri y del general retirado Susilo Bambang. Este último con mayores posibilidades dado su carácter de militar.

Protagonistas principales

Aung San Suu Kyi es una mujer de 75 años, doctora en filosofía, hija del héroe nacional Aung San, un intelectual que luchó contra la ocupación británica del país y, con apoyo japonés, creó en 1941 el Ejército Independiente de Birmania.

Aung San padre, a la sombra de los japoneses que ocuparon Birmania tras derrotar a los británicos, fue coronel de dicho Ejército, luego ascendió a mayor general y fue ministro de Defensa cuando los japoneses proclamaron la independencia del país.

En marzo de 1945, tras tratos secretos con los aliados, Aung San lideró una insurrección armada contra la ocupación nipona.

Tras la Segunda Guerra Mundial retornó a la vida civil y fundó la Liga Antifascista por la Libertad de los Pueblos que negoció la independencia con los británicos. En abril de 1947, ganó las elecciones presidenciales pero fue asesinado tres meses después por un comando opositor.

Su hija Aung San Suu Kyi, solo contaba dos años de edad.

Políglota, Aung San Suu Kyi practica el budismo de la escuela Theravada. Los birmanos se refieren a ella como Daw Suu, es decir la “tía Suu”, un apelativo reverencial y de máximo respeto en la tradición del país.

En 1972, Daw Suu contrajo matrimonio con el doctor Michael Aris, británico, con quién tuvo dos hijos.

Su carrera política, propiamente dicha, comienza en 1988 cuando milita y luego lidera el movimiento civil pro democracia. En 1990, al frente de la Liga Nacional por la Democracia, arrasa en las elecciones que debían retornar el poder a los civiles, cuando gana 392 de los 492 escaños en juego.

Pero los militares anulan la elección y toman el Gobieno que retendrán hasta el 2015 y que vuelven ocupar en el presente año, como resultado de una situación calcada tres décadas después.

Desde aquel golpe, Aung San Suu Kyi permaneció bajo estricto arresto domiciliario, mientras sus partidarios fueron masacrados o debieron partir al exilio. Fue tan estricto que ni siquiera se le permitió ver a su esposo tras la última visita de este en 1995.

En rigor, los militares pretendían que fuese ella quien abandonase el país. Pero la Daw Suu nunca se fue. Ni siquiera asistió al funeral de su marido en 1999 por temor a que fuese prohibido su retorno a Birmania. A sus hijos, residentes en el Reino Unidos, por la nacionalidad de su padre, recién pudo verlos en 2011.

En total, fueron 15 años, sobre período de 21, que Aung San Suu Kyi cumplió arresto domiciliario, situación en la que vuelve a estar tras el reciente golpe militar. En 2003, pasó tres meses en detención secreta –desaparecida- antes de retornar a su domicilio.

Del otro lado, el general Ming Aung Hlaing (64 años). Se trata de un militar con formación jurídica, hijo de un ingeniero, nacido en la ciudad de Dawei, próxima a la frontera con Tailandia.

Durante su carrera militar, el general fue acusado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por “limpieza étnica” contra el pueblo Rohinya que habita el estado de Arakan, en el oeste birmano, junto a la frontera con Bangladesh.

Como consecuencia, el gobierno del ex presidente Donald Trump lo sancionó con una prohibición de ingreso al país en 2019 y con un congelamiento de sus activos junto con la criminalización de cualquier transacción entre el general y cualquier residente en Estados Unidos.

El jefe del Tatmadaw –nombre oficial de las Fuerzas Armadas birmanas-, ahora jefe del país, es un hombre próspero en materia de negocios. Corrupción y nepotismo conforman las acusaciones verbales de las que es objeto.

Dos historias sumamente diferentes cuyo entrecruzamiento no produjo el resultado esperado.

La cuestión étnica

Como en la mayor parte de los estados del mundo, Birmania es un estado multiétnico con todas las dificultades que ello acarrea, en particular, la escasa vocación por la unidad nacional, clásica en los estados-nación pero muy difícil de alcanzar en aquellos con diversidad poblacional.

En total, los grupos reconocidos por el gobierno son 135, aunque agrupados en ocho conjuntos principales, vinculados básicamente a su distribución geográfica.

De los 55 millones de habitantes de Birmania, el 68% se declara étnicamente Bamar, también llamados birmanos, en una confusión entre etnia y nación. Es decir, alrededor de 37 millones de personas. Detentan el poder político y militar del país, hablan una lengua sino-tibetana y practican el budismo de la escuela Theravada.

Tras los Bamar, por número de individuos, siguen los Karen del sur y sudeste del país calculados en 6 millones. Cuentan con una agrupación política, la Unión Nacional Karen y con una guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional Karen. Mayoritariamente, son budistas Therevada, pero los hay también animistas y 15% se declara cristiano.

El tercer grupo está constituido por los Shan que habitan el estado homónimo fronterizo con Tailandia. En rigor, se trata de personas Tai, que hablan dicho idioma. Totalizan unos 5 millones de individuos. De mayoría budista Therevada, también los hay animistas

Los Rakhine del oeste del país contabilizan 3,5 millones. Cuentan con un grupo armado, el Ejército Arakan que pretende independizar a la región. Las dos terceras parte de los Rakhine son budistas Therevada, pero el tercio restante es musulmán y se autodenomina Rohingya.

Los sucesivos gobiernos militares fueron particularmente severos en el tratamiento de los Rohingya, a quienes no se los reconoce como ciudadanos birmanos, sino como apátridas.

Perseguidos, son obligados a refugiarse en la vecina Bangladesh.

El tratamiento hacia ellos revela violaciones a los derechos humanos, matanzas, persecuciones y expulsiones. Tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional tomaron intervención respecto de la cuestión Rohingya, pero el Ejército birmano no cesó su hostilidad, secundado por todo un sector de intolerantes monjes budistas.

La cuestión Rohingya no cambió en demasía con el avance paulatino de la democracia, ahora alterada por el golpe de Estado del 1° de febrero del 2021.

La Premio Nobel y máxima dirigente política del país hasta esa fecha, la señora Aung San Suu Kyi, nada hizo para mejorar la suerte de los apátridas. En todo caso, hizo “vista gorda”. Otrora símbolo de la libertad, la Daw Suu perdió apoyo internacional por sus negativas a condenar la persecución de los “apátridas” musulmanes.

Desde la economía, como ocurre en todo los estados del sudeste asiático, la producciónbirmana crece, en este caso ininterrumpidamente desde 1992. Desde entonces hasta la fecha, el incremento del Producto Bruto Interno (PIB) superó el 10% anual durante ocho períodos.

Previo a la pandemia, el PIB aumentó, en 2019, en 6,5%. La deuda no resulta significativa ya que se ubica solo en el 38% del PIB, mientras que el déficit fiscal alcanza un preocupante 3,92%, también en términos de PIB.

En Birmania, queda claro que la razón del Golpe de Estado no es otra que la negativa militar a replegarse a los cuarteles.