Nuevo golpe en Myanmar

17 de febrero, 2021

Nuevo golpe en Myanmar

Por Atilio Molteni

El 1° de febrero tuvo lugar un golpe contra el Gobierno de Myanmar –conocida históricamente como Birmania-, cuando los militares, también llamados “Tatmadaw”, encabezados por su comandante en jefe, Min Aung Hlaing, impusieron el arresto domiciliario a la líder y consejera del Estado, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991.

También detuvieron al presidente Win Myint, a centenares de miembros del Partido de la Liga Nacional por la Democracia (PLND), a defensores de los derechos humanos, periodistas y representantes de la sociedad civil.

Este hecho, que incluyó la declaración del estado de emergencia durante un año, dio lugar a manifestaciones populares pacíficas y una campaña de desobediencia civil contra el Ejército, en la capital Naipydó, en su antecesora Rangún y en otras ciudades y zonas rurales. La respuesta de los militares consistió en arrestos y límites a la libertad de expresión, pero a dos semanas del golpe fueron intensificando la represión.

Cabe recordar que Myanmar forma parte del sudeste asiático y limita con India, China, Bangladesh, Tailandia y Laos y su población es de unos 55 millones de habitantes: 80% son budistas y el resto representan a distintas minorías étnicas y religiosas.

Esta imprevista crisis fue la primera prueba relacionada con la política exterior de Joe Biden, sumándose a los varios problemas externos que enfrenta la nueva Administración estadounidense.

Myanmar es una muestra cabal de las relaciones globales, en un caso en el cual compiten el objetivo del nuevo presidente defendiendo la democracia y los derechos humanos, junto a la necesidad de adoptar un enfoque realista de los límites del poder, en un momento en que el Gobierno está limitado por la herencia de Donald Trump y por sus propias crisis internas.

El 11 de febrero, el presidente Biden decidió actuar en relación con lo sucedido. Tratando de proteger al Gobierno civil impuso nuevas sanciones a los líderes del Ejército y a tres entidades asociadas con el aparato militar, restricciones a las exportaciones comerciales, y congeló cerca de US$ 1.000 millones de sus fondos gubernamentales en Estados Unidos, haciendo lo posible por no lesionar al pueblo birmano. Si bien estas sanciones no tendrán un efecto determinante, establecen una línea roja en las relaciones bilaterales y reiteran el enfoque aplicado en otros casos.

También anunció que continuaría trabajando con sus aliados regionales y mundiales para el restablecimiento de la democracia y las normas del derecho, pero, entre ellos, tanto India como Tailandia -siendo países limítrofes- difícilmente las acompañen.

Estados Unidos interviene en esta crisis, aun cuando carece de una relación importante bilateral con Myanmar, porque es un Estado sensible en el marco asiático y donde China es el país de mayor influencia. Además de los nombrados anteriormente también tienen intereses políticos y económicos Japón, Corea del Sur, Singapur y varios miembros de la UE.

Para Beijing, Myanmar ofrece una ruta directa hacia la Bahía de Bengala y el Océano Indico, evitando el Estrecho de Malaca. Existe el proyecto de un corredor terrestre con inversiones que superarían los US$ 2.1000 millones, pero como en otras iniciativas de la “Franja y de la Ruta”, presenta serias dificultades financieras y, en este caso en particular, por los enfrentamientos étnicos y por la preocupación de sus militares que temen una mayor influencia china.

Este golpe está relacionado con las elecciones generales que tuvieron lugar el 8 de noviembre de 2020, en las cuales ganó el PLND, obteniendo 83 % de las bancas del Parlamento, mientras que el Partido para la Unión Solidaria y el Desarrollo, que apoya a los militares, sólo obtuvo 7%. Este resultado habría sido interpretado por el “Tatmadaw” como un avance sobre el control que ejercen sobre el país. Esta circunstancia motivó una acusación de fraude, sin que existan evidencias de irregularidades significativas en dicho proceso electoral.

Se especula que otro factor en la crisis estaría relacionado con el interés del General Hlaing de ser electo presidente por el Parlamento, al concluir su actual mandato militar a fines de este año, por lo que se deduce que existen razones internas más que ideológicas o geopolíticas, para explicar la situación actual.

Birmania integró el Imperio Británico hasta 1948. Londres es responsable de que su colonialismo y sus propios intereses originaran muchos de los desequilibrios que la afectan, como ha sucedido en otras partes del mundo. Al no ser un Estado unificado y centralizado, quedó organizado arbitrariamente como un territorio habitado por más de 100 grupos étnicos, sin una identidad nacional ni un pasado común.

Varios de estos grupos étnicos se rebelaron contra el nuevo Gobierno, y fueron combatidos por el ejército, integrado en su mayoría por miembros de la etnia birmana, quienes aseguraron al pueblo que podrían mantener la integridad del país frente a una guerra civil que tenía lugar en sus confines territoriales, en la cual también participaron grupos comunistas insurgentes.

A consecuencia de su poder, desde 1962, pudieron organizar los sucesivos Gobiernos, que tuvieron un carácter socialista durante cincuenta años, cuyo principal objetivo consistió en el enriquecimiento de la clase militar que originó una deficiente organización administrativa. El dramático levantamiento popular de 1988 y la revolución de los monjes budistas de 2007, que dieron lugar a represiones que causaron centenares de víctimas, pusieron en marcha un proceso gradual por el cual modificaron la forma de controlar el Gobierno, conservando gran parte de su poder.

También evolucionaron hacia un nuevo esquema político debido a la mala situación económica, la preocupación por la influencia china y, fundamentalmente, por el convencimiento de que la situación existente lo convirtió en el país más atrasado y pobre del Asia.

En la práctica, significó la implementación de una organización híbrida con la participación de políticos, en la cual se aseguraron los ministerios más importantes y la cuarta parte de los miembros del Parlamento, para poder continuar con su poder y sus privilegios.

En 2011, un exgeneral (Thein Sein) fue electo presidente. Al asumir este cargo dio comienzo a una campaña de reformas políticas y económicas, ordenó la libertad de los disidentes encarcelados y permitió que Aung San Suu Kyi (que había fundado el PLND), concluyera con su largo arresto domiciliario y se reintegrara a la acción política. También inició negociaciones de paz con una docena de grupos rebeldes.

Los cambios permitieron a las potencias occidentales el levantamiento de diversas sanciones, y las visitas de la secretaria de Estado Hillary Clinton y, poco después, del presidente Barack Obama, quienes buscaron terminar con el aislamiento de este país en la región del Indo-Pacífico y orientarlo hacia un régimen democrático.

El proceso de transición se afirmó en 2015, cuando Aung San Suu Kyi y su partido ganaron las elecciones generales. Al constituirse el nuevo Gobierno, el Parlamento creó para ella el cargo de consejera de Estado, ya que la Constitución le impidió asumir la presidencia.

Su gestión gubernamental y económica fue relativamente exitosa y mejoró las condiciones de vida de la población, aunque debió enfrentarse a las opiniones de los militares y a la debilidad de las instituciones, a lo cual se sumó un levantamiento de los musulmanes Rohingya, en el Estado de Rankine, que dio lugar a una feroz represión y violación de los derechos humanos por parte del Ejército. Más de 740.000 sobrevivientes tuvieron que huir a Bangladesh, donde todavía se encuentran, circunstancias que fueron confirmadas por una misión de observación de la ONU.

Aung San Suu Kyi, a pesar de sus antecedentes contrarios a la dictadura militar, no condenó esa acción extrema. Por el contrario, en diciembre de 2019 testificó en su favor y la justificó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, donde está en marcha un proceso en el cual se analiza la existencia de un genocidio y crímenes contra la humanidad. Esta actitud le originó severas críticas internacionales, pues era considerada como la figura central contra la opresión, pero ello no afectó su popularidad en sus partidarios birmanos.

Los analistas occidentales piensan que se atribuyó a la mencionada dirigente una imagen y condiciones que no responden a la realidad, quedando demostrado que comparte muchos de los criterios y prejuicios nacionalistas y étnicos que predominan entre los birmanos.

El G 7, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) y el Consejo de Seguridad de esta Organización, condenaron al golpe militar y exhortaron al regreso a la democracia, al diálogo y a la reconciliación. En principio, el tratamiento de estos problemas en ámbitos multilaterales, alertan a la opinión pública internacional de la existencia de situaciones que afectan la paz y la convivencia. Sin embargo, en este caso concreto Beijing ha demostrado reiteradamente su interés de limitar el alcance de las decisiones que se pudieran llegar a adoptar debido a sus intereses en este país.

Asimismo, los observadores opinan que los militares birmanos pueden seguir el ejemplo de sus contrapartes en Tailandia, quienes después de su golpe de Gobierno en 2014, modificaron la constitución de una manera más favorable a sus intereses. Pero a la vez señalan que el “Tatmadaw” debe enfrentar un nuevo activismo popular, que se vale de los medios sociales de expresión y que se ha beneficiado durante los últimos cuatro años de ventajas derivadas de un mejor gobierno.

Por otro lado, los problemas crónicos de Myanmar persisten, como es el caso de los enfrentamientos étnicos y las malas condiciones económicas de la población, agravadas por la pandemia, en una región del mundo en la cual la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China va a continuar.