Por Héctor Rubini (*)
El viernes, el Presidente presentó el Consejo Económico y Social. La iniciativa parece tener pretensiones de coordinar y conciliar propuestas antagónicas sobre mecanismos y objetivos sectoriales de redistribución de ingresos. Si en la práctica servirá para algo, recién se sabrá dentro de cierto tiempo. Por lo pronto, nace en circunstancias nada fáciles para un Gobierno que horas después debió remover al ministro de Salud, Ginés González García por el escándalo del acceso preferencial de ciertos privilegiados a vacunas contra el Covid-19. Si este episodio ha llegado a su fin o no, es difícil saberlo. Todavía no es claro que la asunción de una nueva ministra del área sea suficiente para acotar el daño reputacional asociado a este episodio. Si influirá o no en el futuro de este nuevo ámbito es algo que, hoy por hoy, nadie lo sabe.
La idea de este Consejo empieza a aparecer en la campaña electoral de 2019. Posteriormente, cuando unos días antes del 10 de diciembre de 2019, el presidente electo Fernández presentó sus futuros ministros, aprovechó para anunciar la creación de este Consejo, por una ley a ser elaborada por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. La idea sugerida era que sea un ente público (una “entidad que tenga su propia autonomía”) y cuyo presidente cuente con acuerdo del Senado.
Su misión sería “discutir cómo encarar el tema salarial y el tema precios”, esto es, cuestiones básicas de distribución de la renta, y estabilidad de precios. En su discurso presidencial, lo llamó “Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino”, y con autoridades propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado. En esa ocasión anunció que lo integrarían “los sectores del trabajo, de la empresa, de los movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica”.
La urgencia por reestructurar los pagos de la deuda externa y la pandemia postergaron los avances hacia el Consejo y las reuniones sectoriales presentadas bajo el nombre de “Acuerdo Económico y Social”. Las reuniones sectoriales iniciadas a fines de septiembre se lanzaron a partir de un decálogo de objetivos genéricos que circuló en los medios a fines de agosto. Ya hacia fines de 2020 diversos participantes y voceros oficiales sugerían que el Consejo se abocará a tratar de compatibilizar o “coordinar” ajustes de precios al consumidor, tarifas públicas, tipo de cambio y salarios.
El anuncio del viernes, y según se lee en su página web oficial, tiene inicialmente cinco misiones o capítulos temáticos: 1) productividad con cohesión social, 2) educación y trabajos del futuro, 3) ecología integral y desarrollo sustentable, 4) comunidad del cuidado y la seguridad alimentaria y 5) democracia innovadora.
Se trata de una suerte de “agenda” de largo plazo, donde igualmente aparecen temas relacionados con la estabilidad del corto. Dentro del área “comunidad del cuidado y la seguridad alimentaria” aparece el tema “formación de precios de alimentos y de productos críticos para la calidad de vida”, y en “productividad con cohesión social se lee el tema “estructura de costos de servicios públicos, inversiones estratégicas y protección al usuario y consumidor”.
Operativamente tendría una efectividad y específica en la medida que logre, como se plantea en su página web, elaborar nuevas normas, revisar y plantear reformas a programas ya en marcha, facilitar la cooperación público-privada en proyectos estratégicos, enriquecer “iniciativas promisorias o acuerdos sectoriales en curso”. Así planteado, emerge como un ámbito canalizador de diálogo intersectorial y generador de aportes para iniciativas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Su efectividad y aporte dependerá de la capacidad de llegar a consensos concretos, lo cual requiere una mecánica de funcionamiento lejos de la dinámica de la polarización, la violencia verbal, y los escándalos improductivos. Si dará o no resultados concretos, está por verse, pero es claro que es un ámbito generador de iniciativas tentativas. No es una “concertación” como la que se experimentó en la segunda mitad de los '80, ni un think tank focalizado en el diseño de políticas económicas como el CONADE como de los años '60 y principios de los '70.
En cuanto a su funcionamiento, a mayor variedad de sectores y de posturas no coincidentes, más trabajoso será arribar a consensos. Esto exige que los debates entre sectores sean zanjados de alguna forma conciliatoria, y previamente explicitar de manera abierta y transparente los beneficios y beneficiarios de cada propuesta de política. Se requiere no sólo transparencia y honestidad en el debate, sino confianza. Esto es, creer en la buena fe de la contraparte, y dicha credibilidad se construye (y destruye) con el transcurso del tiempo, del conocimiento mutuo.
Si algunos optan por no abandonar actitudes y posturas intransigentes y extremas, harán naufragar la utilidad práctica de este ámbito como un referente respetable para formular e implementar políticas económicas concretas. Un riesgo que también se emerge si no se convocan líderes sociales que se consideren legítimos representantes de intereses sectoriales específicos, y que no hubieren participado del lanzamiento inaugural del pasado viernes, ni convocados a alguna mesa sectorial preparatoria. Algo que bien puede llevar también a cierto debate no trivial sobre el diseño del Consejo y la mecánica a seguir: ¿se trata de un ámbito de iniciativas según un diálogo “democrático” organizado, o de un diálogo “corporativo” organizado y en cierta forma restringido?
En suma, si el Consejo va a servir de algo o no, dependerá de su propio funcionamiento y de qué tipo de propuestas ofrezca a la comunidad. Estas deben tener contenido concreto, relevancia para la toma de decisiones, y viabilidad económico-financiera y política. Caso contrario, no será más que un “conversatorio” o “muro de los lamentos” irrelevante para la toma de decisiones. Esto dependerá de su funcionamiento interno, y del comportamiento de sus participantes, tanto dentro como fuera del ámbito de dicho Consejo. Pero también de los vaivenes políticos y de la coherencia y previsibilidad de las políticas económicas en curso.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
