El Indec informó el jueves pasado que el IPC de diciembre fue 4% mensual, tal como lo habían estimado los economistas, y fue la variación más alta del año pasado. Así, 2020 cerró con una inflación de 36,1%, a pesar de la fuerte caída de la actividad económica tras la implementación de la cuarentena, además de los controles de precios, tarifas congeladas, salarios sin subas reales y dólar oficial avanzando lentamente con cepo cambiario.
“La pregunta del millón es si (el incremento de los últimos meses) se trata de un shock transitorio, como el observado en septiembre de 2018, en menor medida en marzo de 2019 y nuevamente en la post PASO (de 2019), o si estamos en un escalón más alto que llegó para quedarse”, señala Martín Tetaz en su newsletter, publicado hoy y al cual tuvo acceso El Economista.
“En lo monetario, desde la oferta, todo depende de si el Gobierno vuelve a cerrar la economía en el próximo brote y tiene que emitir para pagar el paquete 'Covid 2', pero también del comportamiento del gasto no asociado a la pandemia, que fluctúa en función de las jubilaciones, las paritarias y los subsidios energéticos y al transporte”, indica Tetaz.
El economista señala que con la nueva fórmula de jubilaciones, finalmente desligada de la inflación, y con gremios “condescendientes” con el Gobierno, sólo quedan las tarifas como foco propagador y que todo indica que el Gobierno usará lo que ajuste de jubilados y salarios para pagar mayores subsidios a Cammesa y a las compañías de transporte para seguir usando en 2021 a los precios regulados como ancla inflacionaria.
“Desde la demanda de dinero hay un problema, porque las tasas (tanto la Badlar de plazos fijos grandes, como la de adelantos a empresas) están 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación núcleo del último trimestre y también por detrás de la tasa de aumento del dólar mayorista oficial, que fue del 46,7% en diciembre”, agrega.
Entonces, según Tetaz, el Gobierno deberá desacelerar las depreciaciones oficiales del peso y usar el dólar comercial como ancla, aprovechando que se estabilizaron las reservas y fue comprador neto de divisas en diciembre, o bien optar por elevar las tasas para desincentivar el arbitraje.
“En un año electoral, lo más probable es lo primero, pero tiene una ventaja estadística para usar también la segunda herramienta porque, según mis cálculos, sólo por arrastre estadístico, aunque el nivel de actividad se estanque en los niveles de noviembre de 2020, la economía crecería 4,8% en 2021, volando 12,1% en el segundo trimestre, justo antes de las elecciones, gracias a la comparación con el peor trimestre del ASPO”, indica.
Tetaz afirma que, fuera de lo monetario, “el ala heterodoxa del Gobierno, que ayuda a Cristina Fernández a formar sus opiniones, todavía cree que puede moderar la inflación usando cuotas y retenciones para desacoplar los precios internos de los que se fijan en Chicago o en los otros mercados globales en los que se negocian, por ejemplo, las carnes”.
“Esta estrategia está destinada al fracaso por varias razones, pero principalmente porque los precios de los productores explican sólo el 26% de los valores que pagan los consumidores (IPOD Came) y porque los desincentivos a la oferta se pagan con menor producción en el mediano y el largo plazo, como quedó demostrado entre 2007 y 2011”, sostiene.
No obstante, el economista estima que el Gobierno usará esa herramienta “porque puede forzar a los frigoríficos exportadores en el corto plazo y porque le permite construir un relato que lo exime de la responsabilidad por la inflación y lo muestra activo 'combatiéndola'”.
