Biden: más expansión fiscal

21 de enero, 2021

Biden: más expansión fiscal

Por Héctor Rubini (*)

La estrategia fiscal del equipo de Joe Biden se conoció hace varios días y no sufriría cambios, al menos inicialmente. El aumento previsto en el gasto público del “America Rescue Plan” es de U$S 1,9 billones, y sus ejes básicos son: a) reapertura de colegios y ayuda para servicios de cuidado de niños (U$S 195.000 millones), b) testeos, y distribución de vacunas contra el Covid-19 (U$S 160.000 millones), c) ayuda para pymes golpeadas por las crisis (U$S 440.000 millones), d) aumento de los beneficios por desempleo de U$S 300 a U$S 400 semanales previstos hasta marzo, y extensión de su vigencia hasta septiembre, e) suba del salario mínimo de U$S 7,25 a U$S 15, y f) aumentar en U$S 1.400 el cheque mensual incluido en la ayuda de U$S 600 a los afectados por el Covid-19.

El plan complementa la expansión aprobada en diciembre de 2020 por la ley llamada “Consolidation Appropriations Act of 2021 (CCA21)”. Esta ley incluía una ayuda a los gobiernos de los estados y municipales por U$S 100.000 millones. El programa de Biden agrega otros U$S 350.000 millones, más otros U$S 20.000 millones para comunidades tribales y U$S 20.000 millones para mejoras en los sistemas de tránsito.

A futuro se espera otro programa de más gasto, unos U$S 700.000 millones, para impulsar la industria manufacturera y crear 5 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector. La medida se complementaría con alguna forma de “compre nacional”, que no se alejaría, al menos en su retórica, del “Buy America” de Donad Trump.

El programa debe ser aprobado por ley en el Congreso, de modo que su debate y eventual promulgación es una de las primeras pruebas que enfrentarán los demócratas. El objetivo es ambicioso: no sólo salir de la crisis económica y sanitaria actual, sino dar fuerte impulso a la actividad para crecer a no menos de 5% en 2021. Los operadores financieros son optimistas. Al menos para el corto-mediano plazo prevalece cierta fe en la efectividad de los programas de estímulo y en que la economía estadounidense mostrara una sólida recuperación de su demanda y de su oferta agregada.

La nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se presentó anteayer a la audiencia del Senado para confirmar su nombramiento. Sobre este programa enfrentó algunas objeciones y preocupaciones de legisladores republicanos por su financiamiento. La nueva funcionaria sostuvo que eso es en todo caso secundario frente a la gravedad de la crisis. Sobre dichas observaciones sostuvo que “sin más acción, nos arriesgamos ahora a una recesión más dolorosa y más larga, y después a una situación económica aterradora para el largo plazo”.

Parte del financiamiento vendría del lado de una reforma tributaria, que probablemente sea materia de arduo debate en el Congreso. La nueva administración desea que la alícuota del impuesto a los beneficios de grandes empresas pase de 21% al 28% anterior. El Gobierno de Donald Trump la redujo de 35% a 21% en 2017. Algunos estudios indican que ya desde 2018 varias grandes corporaciones han terminado pagando, en realidad, una tasa efectiva en torno de 11%, haciendo uso del complejo (pero generoso) régimen de deducciones impositivas vigente.

Otra fuente de ingresos sería el aumento de la alícuota máxima del impuesto a la renta de las personas físicas. La reforma de 2017 la redujo de 39% a 37%. La nueva administración intentaría llevarla al 39,6%.

Sea cual sea la suerte de las reformas impositivas, es claro que el paquete se puede financiar mediante una nueva megaemisión de deuda. El Tesoro no enfrenta un mercado reacio, sino todo lo contrario. Con expectativas de que en el mediano plazo la economía crezca más rápido que el desbalance fiscal y el stock de deuda, el financiamiento por parte de los principales inversores institucionales estaría asegurado. Algo que, según Yellen, es el camino más apropiado en una coyuntura con tasas de interés en niveles históricamente bajos.

La contracara es un sistema financiero (bancario y no bancario) rebosante de liquidez. La visión de la nueva funcionaria es que el costo más alto a pagar sería el resultante de quedarse cortos como ocurrió en 2009 después de la crisis subprime, y que lo fundamental en estas circunstancias es no volver a repetir el mismo error. En su presentación ante el Senado dejó en claro que la prioridad de la nueva administración es auxiliar a las pymes y estimular la inversión de largo plazo, no la regulación del sistema financiero como propugnan algunos grupos afines al Partido Demócrata. En sus propias palabras: “Our focus should be on Main Street not Wall Street”. Habrá que ver por cuánto tiempo.

(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)