Tras la pausa de fin de año, se espera que próximamente el Gobierno retome las conversaciones con los representantes el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de las negociaciones para acordar un nuevo programa crediticio con el organismo, en el que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscar cerrar en los próximos meses un programa de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés).
“Las negociaciones para un nuevo acuerdo con el FMI se centran en dos ejes: la reducción del déficit fiscal y la acumulación de reservas. Nuestro principal acreedor demanda políticas y metas explícitas para ambos con el fin de garantizarse que recuperará los US$ 44.000 millones (del crédito que le otorgó al país a mediados de 2018) más intereses que prestó”, afirmó Analytica en un informe publicado ayer.
De acuerdo con la consultora, el mayor desafío para el país estará en el frente externo. “Puesto en otras palabras, cómo acumular dólares en el Banco Central no sólo para pagarle al FMI, sino a los acreedores privados reestructurados y también generar divisas suficientes para pagar importaciones, deuda del sector privado y la siempre presente dolarización de carteras”, indicó.
En ese sentido, señaló que el dato relevante es que durante los próximos siete años Argentina requerirá US$ 75.000 millones sólo para cubrir vencimientos de deuda pública. Según el Indec, en el tercer trimestre de 2020 el stock de deuda externa se ubicó, a valor de mercado, en US$ 217.000 millones. Los compromisos del sector público y privado con el exterior representan 59% del PIB, es decir, 9 puntos porcentuales por encima de la proporción registrada durante el mismo período de 2019.
Este incremento se debe exclusivamente a la caída del PIB medido en dólares (-16%), dado que en términos absolutos los pasivos se mantuvieron en el mismo nivel, según precisó el informe. El principal deudor es el sector público, con 65% del total, seguido por el sector privado no financiero, con 32%, y por el sector privado financiero, con 3%.
A la hora de afrontar los pagos en divisas (más del 90% de la deuda externa), todos deben recurrir al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). “Y ahí radica uno de los problemas centrales de la macro argentina”, resalta el trabajo, que señala que a pesar del cepo cambiario y el derrumbe del nivel de actividad, el MULC fue deficitario a diciembre en aproximadamente US$ 5.000 millones.
Por esa razón, siguiendo el análisis, en 2020 las reservas internacionales cayeron en US$ 5.450 millones. En la última década, el resultado del sector privado en el mercado de cambios fue deficitario en siete años por cerca de US$ 99.100 millones y, al igual que en 2020, fue financiado por el sector público vendiendo reservas o endeudándose en dólares.
“El problema es que en adelante ninguna de esas opciones es viable. El desafío de Alberto Fernández y los próximos gobiernos es garantizar las condiciones para que las familias y las empresas generen más dólares de los que utilizan”, destacó Analytica.
Tras la reestructuración de la deuda externa con los bonistas, que se realizó en septiembre de 2020, el Gobierno redujo significativamente los pagos de vencimiento para los próximos años, pero dichos pagos quedaron acumulados desde 2024, por lo que a partir de ahí el escenario se vuelve mucho más complejo. Es por este motivo que el Gobierno y el FMI, de acuerdo con Analytica, saben que deben empezar a acumular reservas lo antes posible.
Para lograr un saldo positivo de la cuenta corriente cambiaria, “el Gobierno no sólo depende de mejorar el saldo comercial, sino también de controlar la nominalidad de la economía”, afirmó. “Una inflación por encima del 40%, y tasas de interés reales negativas incentivan la dolarización, en detrimento de la cuenta corriente y del refinanciamiento voluntario de los vencimientos de deuda”, agregó.
Mientras los agregados monetarios sigan desalineados respecto de la demanda de pesos, la presión sobre los dólares financieros se mantendrá, lo que a su vez afecta las expectativas de devaluación, lo que genera el adelantamiento de importaciones, la postergación de liquidación de exportaciones y la cancelación anticipada de deuda en moneda extranjera, destacó la consultora.
“El Gobierno no debe perder el objetivo de reducir la brecha cambiaria, estabilizar la macro y aplicar un plan creíble y sostenible para reducir la inflación. Pero es claro que se necesita mucho más para evitar llegar a 2024 nuevamente a las puertas de un default. Hay que cambiar de raíz los incentivos que generan un mercado de cambios estructuralmente deficitario”, afirmó.
