Este jueves, en la última sesión ordinaria del Senado, se tratará el proyecto sobre la quita de los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad. El oficialismo buscará replicar el respaldo de mayoría del dictamen realizado la semana pasada.
La iniciativa llegó al Senado por parte de la Cámara de Diputados, que la envió de vuelta para que se le haga una segunda revisión. El proyecto fue aprobado por la Cámara Baja tras un arduo debate y en medio de negociaciones con los legisladores de los bloques aliados.
Durante el plenario de comisiones, los senadores del Frente de Todos obtuvieron la mayoría para avanzar con las modificaciones propuestas. Así, el debate de la iniciativa del Poder Ejecutivo pasará al recinto, con una fuerte resistencia de la bancada de Juntos por el Cambio.
Durante la discusión en comisión en el Senado, se objetó el estatus jurídico de la Ciudad. Algunos legisladores consideraron erróneo que se compare al distrito porteño con el resto de las provincias.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, explicó que los cambios aprobados en Diputados, mantienen los montos sancionados y plantean "la actualización en los mismos parámetros en cuanto a la composición de ese índice relacionado al salario y al índice de precios del consumidor de la Ciudad".
Su par de Cambiemos, Martín Lousteau, calificó la norma como "inconstitucional". Ratificó también la demanda que la Ciudad planea interponer ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre los cambios contemplados, incorporaron la apertura de un período de negociaciones de 60 días, antes de establecer el monto a transferir a la Ciudad para el funcionamiento de la policía. Se llevarán a cabo entre las autoridades nacionales y las porteñas junto a la Comisión Federal de Impuestos (CFI). Esta modificación determina que "el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo y el Gobierno porteño en ese plazo de sesenta días".
En el texto original, que fue aprobado en su momento por el Senado, establecía una suma fija de $24.500 millones actualizado trimestralmente. Sin embargo, ahora ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar Nación y Ciudad.
La oposición no quedó conforme con los cambios y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que toda la propuesta implicaba "un castigo político" hacia las autoridades de la CABA. Luego insistió con la intencionalidad política detrás de la decisión del presidente Alberto Fernández e indicó que los $24.000 millones que el Gobierno nacional quiere transferir para la seguridad "no alcanzan y no son los fondos que corresponden" para solventar la policía porteña.
