Por Atilio Molteni Embajador
Joe Biden deberá invertir gran imaginación y equilibrio político para resolver los conflictos internacionales que tienen sensibles repercusiones en la política interna de su país, como el presente y el futuro de las relaciones entre Washington y La Habana. Su enorme experiencia legislativa y su labor como vicepresidente de Barack Obama no le servirán de mucho para desmontar las tensiones y conflictos que está por heredar de Donald Trump.
Hasta el momento, Estados Unidos concentró sus acciones políticas en el tangible objetivo de limitar la influencia del socialismo cubano fuera de sus fronteras nacionales y en reducir la viabilidad de su desastre económico. Para ello, concibió un amplio sistema de sanciones destinadas a neutralizar el papel del gobierno castrista en el desarrollo de los múltiples conflictos bilaterales de la Guerra Fría y de su injerencia en los asuntos de otros países de América Latina y Africa.
La mística revolucionaria de la clase política de Cuba y el constante apoyo de la URSS, China y Venezuela limitaron los alcances del régimen de sanciones, el que fue sistemáticamente criticado por numerosos países.
En 2013, el expresidente Barack Obama inició un gradual proceso de reforma orientado a desmantelar algunas de esas sanciones y a normalizar las relaciones entre ambos países. La Casa Blanca de entonces consideró que era una etapa superada ante el colapso de la URSS. Su enfoque se plasmó, al principio, con negociaciones preliminares y secretas que comenzaron con un intercambio de espías y con un embrionario proyecto de reforma política de mayores alcances.
Obama creía que la vieja política no era aplicable en el Siglo XXI y decidió prestar un poco de atención a las críticas que solía recibir en las periódicas Cumbres de las Américas. Tanto, que luego de una entrevista personal con el presidente Raúl Castro que se concretó en Panamá (en 2015), los gobiernos de ambos países acordaron reformar las características de la relación bilateral. El entonces Jefe de la Casa Blanca supuso que una mejor relación con Cuba podría expandir ventajosamente las relaciones de Washington con Latinoamérica y la nueva tendencia crear un mecanismo apto para generalizar reformas políticas en todo el continente, además de replanteos sociales y económicos en la propia Cuba, donde ya se veía un incipiente desarrollo del sector privado.
Meses antes, el 17 de diciembre del 2014, Obama ya había anunciado una nueva etapa en sus vínculos bilaterales, durante la cual Washington dejó sin efecto la designación de Cuba como un Estado promotor del terrorismo (mayo 2015), se restablecieron las relaciones diplomáticas (julio 2015), se simplificaron las restricciones a los viajes, el envío de remesas, el comercio, las telecomunicaciones y las operaciones bancarias y financieras (durante 2015 y 2016), una corriente que se reflejó en sendas enmiendas a las regulaciones internas, pero al amparo de esa vorágine no se levantó el embargo estadounidense por falta de respaldo legislativo. Paralelamente, las autoridades cubanas modificaron su legislación en beneficio de algunas actividades estadounidenses, dejaron en libertad a prisioneros y otras medidas de carácter humanitario. En poco tiempo fueron suscriptos más de 20 acuerdos bilaterales.
En esa etapa Washington actuó con la convicción de que reconstruir esos vínculos y el hecho de que Estados Unidos dejara de considerarse una amenaza, serían factores positivos para concretar una sociedad económica y políticamente más libre para dejar atrás al socialismo centralizado de carácter marxista-leninista.
Meses más tarde, el 20 de marzo de 2016, Obama viajó a Cuba y dos días después pronunció un significativo discurso, donde hizo referencia a la historia, al aislamiento y a la confrontación que gobernó por espacio de cinco décadas las relaciones entre los dos países. Al reconocer sus diferencias abogó por la reconciliación y el respeto a los derechos humanos, instando a superar el temor a los cambios y expresando su confianza en la capacidad de los cubanos para articular las modificaciones necesarias en bien de su sociedad y de sus vínculos internacionales.
El entones Presidente Raúl Castro había asumido el poder en 2008 en reemplazo de su hermano Fidel y demostró ser un líder capaz, que durante dos períodos de Gobierno trató de transformar la economía utilizando las reglas del mercado y un modelo de socialismo que combinó eficiencia con productividad. Estas iniciativas se plasmaron en un documento aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).
A pesar de tal proceso, cuando Raúl Castro dejó el cargo de presidente, en febrero de 2018, ese proyecto de transformación estaba inconcluso y trabado. Una severa crisis económica provocada en parte por la disminución de la ayuda venezolana y de un factor político que los analistas denominan la “contrarreforma”, debido al choque entre las corrientes plurales y autoritarias en la clase dirigente y en amplios sectores de la sociedad cubana, surgieron las políticas de “contragolpe” a la apertura del país.
Hay quienes estiman posible que el discurso de Obama, en el que éste tuvo en cuenta las inquietudes de al menos parte de la diáspora cubana, haya alcanzado gran recepción popular. El problema es que para los jerarcas del régimen comunista sus objetivos fueron demasiado lejos al dejar de lado sus propios y prioritarios intereses, motivando críticas inmediatas de la prensa oficialista y de su aparato de propaganda.
El asunto no quedó así. Esas corrientes de poder comenzaron a desarticular varios proyectos políticos, culturales y de comunicación basados en la sociedad civil, producto de la incipiente apertura del régimen. Tampoco se llevaron a la práctica medidas que suponían un cambio cultural y político de las conductas cubanas como respuesta al descongelamiento sugerido por Obama. De esta manera el régimen neutralizó la oportunidad de una transición que tenía el patrocinio de la “generación histórica” que nunca había confiado en el “imperialismo yanqui”.
Pero quien enterró el proceso fue Trump. En su campaña afirmó que la represión, la falta de libertad de mercado y religiosa, así como los prisioneros políticos, eran temas que el régimen cubano debía solucionar sí o sí para continuar una relación positiva con Estados Unidos. Tras cartón, en junio de 2017, desempolvó con retórica belicosa un nuevo paquete de sanciones contra La Habana, hecho que puso fin al esfuerzo de normalización de las relaciones.
Las decisiones del entonces nuevo jefe de la Casa Blanca (fueron 130) se basaron en el objetivo de defender los derechos humanos y pulverizar el apoyo cubano al régimen de Venezuela, con el trasfondo real de obtener el cambio de régimen en ambos Estados, lo que endureció la posición de éstos ante Washington.
Claramente, el objetivo principal y electoral de Trump fue seducir a los votantes de la comunidad cubano-estadounidense, un respaldo que le permitió triunfar en la votación del 3 de noviembre de 2020 en el Estado de Florida, quien por las dudas también se utilizó el argumento de las tendencias socialistas del Partido Demócrata. Las antedichas las sanciones ya habían profundizado la recurrente crisis de la economía cubana, que se hizo evidente en el año 2019, la que adquirió dimensiones similares a las que se registraron cuando estalló el colapso de la ex Unión Soviética.
En abril de 2018, Raúl Castro (quien conserva la presidencia del PCC hasta 2021) fue sucedido por Miguel Díaz Canel, representante de una nueva generación de la era posrevolucionaria. En 2019, la isla adoptó una nueva Constitución que reconoce el derecho a la propiedad privada y la promoción de la inversión externa, pero mantuvo el dominio de la economía por el Estado y el papel predominante de PCC y, en julio de este año, formuló un plan de reformas económicas que, en el pasado 10 de diciembre incluyó la eliminación del sistema dual monetario. Los nuevos enfoques son una señal clara de que La Habana busca una alternativa a sus graves problemas económicos, una asignatura pendiente del régimen cubano.
Durante su reciente campaña electoral, Biden expresó que seguirá las políticas de Obama hacia Cuba. Esa idea no es fácil de concretar. Para ello debería resolver todos los factores que se oponen a tal objetivo. Entre ellos su falta de control del Senado; las consecuencias electorales del exilio cubano en el Estado de Florida; la reacción negativa del régimen marxista a las propuestas de Obama, la cooperación cubana con Maduro y otros regímenes autoritarios y la posibilidad de que Rusia y China aprovechen la nueva crisis económica para fortalecer sus intereses regionales.
Por otra parte, el futuro Presidente Biden, que participó como vicepresidente en la búsqueda de una nueva relación con Cuba que en los hechos no obtuvo fruto alguno, en esta etapa tiene las manos atadas por su defensa de los derechos humanos y la democracia. Esa realidad permite vaticinar que la futura Casa Blanca tendrá un diálogo muy cauteloso con La Habana, acompañado por el levantamiento de algunas de las sanciones existentes y con toda seguridad vinculados a la finalidad de que se produzca un cambio efectivo de la realidad cubana.
