Por Héctor Rubini (*)
Al cierre de este artículo, el Congreso del Perú trataba de resolver la acefalía de facto, ante la renuncia de Manuel Arturo Merino a la Presidencia de la Nación. Duró apenas apenas 6 días en el cargo al que llegó por la destitución de Martín Vizcarra. Una decisión del Congreso rechazada por la mayoría de la población que dio lugar a protestas que, hasta el sábado, dejaron un saldo de 2 muertos, 94 heridos y la desaparición de al menos 42 personas.
En un mensaje televisivo ayer al mediodía, Merino expresó su renuncia, luego de que el titular del Congreso, Luis Valdez, le advirtiera el sábado de que le daba 24 horas para que abandone el cargo. Caso contrario, se iniciaba de inmediato la moción de censura para destituirlo y nombrar un reemplazante. El titular del Congreso hasta el pasado lunes, el propio Merino, había asumido la presidencia el martes pasado por la vacancia de las dos vicepresidencias del Ejecutivo (en Perú, debajo de la presidencia existen dos vicepresidentes). Habiendo llegado al Parlamento con apenas 5.000 votos, presidía el Congreso y era el siguiente en la sucesión presidencial.
Vizcarra y Mercedes Aráoz eran los vicepresidentes del expresidente Pedro P. Kuczynsky, electo en 2016. Este debió renunciar en marzo de 2018 por el intento de compra de votos en el Congreso revelado al difundirse los llamados “Keikovideos”. Su situación se agravó un mes después cuando fue procesado (y luego condenado) por el cobro de coimas del grupo brasileño Odebrecht, siendo ministro del presidente Alejandro Toledo. En su lugar asumió el entonces vicepresidente primero, Vizcarra, pasando la vicepresidenta segunda, Aráoz, a ser la viceprimera, quedando vacante la vicepresidencia segunda.
Vizcarra se mostró a favor de acelerar las investigaciones anticorrupción que se extendieron a políticos y legisladores. Esto llevó a un obstruccionismo legislativo, impulsado fundamentalmente por Keiko Fujimori. El conflicto se agravó en septiembre del año pasado cuando el Congreso nombró unilateralmente a integrantes del Tribunal Constitucional, y rechazó el pedido o “moción” de confianza del Ejecutivo, previsto en la Constitución. Vizcarra optó, invocando la Constitución, por disolver el Parlamento agravando la crisis política y convocar a elecciones legislativas extraordinarias para el 26 de enero de este año.
El Congreso rechazó esa decisión, votó por la destitución de Vizcarra y proclamó nueva presidenta a la vice, Aráoz, pero esta renunció al día siguiente. La Comisión Permanente del Congreso impulsó una demanda ante el Tribunal Constitucional para impugnar la disolución del Congreso, y el 14 de enero de este año el Tribunal se expidió en contra (por 4 votos contra 3). El cierre del Congreso fue declarado constitucional, y se celebraron las elecciones extraordinarias el 26 de enero. La nueva composición del Congreso es muy fragmentada. Sin embargo, en mayo de este año aceptó la renuncia de Aráoz por 112 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones (las de los legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular).
Mientras tanto, la relación entre el nuevo Congreso y Vizcarra no mostró mejora alguna y en septiembre se difundieron audios en los que Vizcarra reconocía “problemas” por haber nombrado a varios familiares directos en el Gobierno. Allí aparecía el cantautor Richard Cisneros, contratado de manera no muy transparente por el Ministerio de Cultura en 2018. Esto llevó a una investigación iniciada por la fiscal de Estado el mes pasado por “tráfico de influencias” y obstrucción a la justicia respecto del contrato por el cual Cisneros que habría recibido del Ministerio de Cultura 9 pagos por unos US$ 50.000. Otra fiscal lo citó a declara por presuntas irregularidades en la compra de tests para detección del Covid-19.
En este clima, el Congreso invocó “incapacidad moral” de Vizcarra, y lo destituyó el lunes pasado con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. El nuevo motivo: una supuesta coima de US$ 280.000 cobradas en 2013 y 2014 cuando era gobernador del departamento de Moquegua para contratos de obras públicas. Una excusa poco y nada convincente para la sociedad, cuando sobre 130 miembros del Congreso, 68 se encuentran bajo investigaciones judiciales por denuncias de corrupción de todo tipo. Su remoción fue percibida como una suerte de venganza casi anunciada, pero que se tornó efímera con las muertes y desapariciones de este sábado.
Los datos de la economía no son tan auspiciosos como se observaba algunos años atrás. Según el último World Economic Outlook del FMI, entre 2006 y 2013 el PIB peruano creció a razón de 6,6% por año. Ese crecimiento descendió a 3,1% anual entre 2014 y 2019, y este año se registraría una destrucción de PIB del orden del 13,9%. El desempleo, entre 2014 y 2019, cayó a 6,6% pero en 2020 saltaría al 12,5%.
Aun con una inflación anual inferior al 3% anual desde 2016, el escenario es complicado. El miércoles pasado los mercados financieros reaccionaron desfavorablemente ante la destitución de Vizcarra, observándose un giro a la suba del dólar que cerró el viernes a poco más de 3,64 soles, el nivel más alto de los últimos 18 años. Su sendero definitivo probablemente se defina de esta semana.
Lo mismo vale para el riesgo país de Perú: medio por el EMBI+ de JP Morgan, se mantiene estable en torno de apenas 147 puntos básicos. Pero habrá que ver cómo reaccionarán las calificadoras de riesgo. Difícilmente se mantengan indiferentes ante esta crisis: según el FMI, el Gobierno peruano cerraría 2020 con un stock de deuda pública bruta, medida en dólares, en torno del 39,5% del PIB (12,4 puntos porcentuales más que el año pasado), nivel no tan alto aún, pero con un salto de la deuda neta de 11,2% a 22% del PIB. Un agravamiento de la crisis política ya desatada podría complicar tanto la transición hasta a las elecciones presidenciales del próximo 11 de abril, como la necesaria recuperación económica y con cierta estabilidad para cuando la crisis del Covid-19 empiece a quedar atrás.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
