Institucionalizar el consenso y la participación para impactar mejor

20 de noviembre, 2020

Institucionalizar el consenso y la participación para impactar mejor

Por Roxana Mazzola (*)

Mucho se habló en los últimos años de que la inversión en infraestructura es un factor clave para el desarrollo social y productivo de un país. No se trata de una idea neutral, mucho menos si tomamos en cuenta que en Argentina la brecha en infraestructura es sumamente extensa, el mismo tamaño que la tarea por llevar a cabo para achicarla.

La política económica implementada por el Gobierno de Mauricio Macri provocó entre 2015 y 2019 una caída en los niveles de inversión, producción, empleo y salarios, al igual que una desinversión en áreas críticas como la infraestructura pública.

Ante ese escenario, al que se le sumó la pandemia por el Covid-19, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) consideró prioritario reconfigurar las prioridades para mejorar el impacto social de la obra pública en el desarrollo humano y productivo del país.

Con ese objetivo, presentó en el proyecto de Ley de Presupuesto 2021, que sancionó el Congreso, un aumento superior al 85% con respecto al de 2020, la duplicación presupuestaria en términos reales de la inversión en infraestructura productiva y de cuidado en comparación con 2019 y un incremento en la inversión equivalente al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), que en 2019 había sido de 1,1%.

Esta decisión busca impactar en tres dimensiones fundamentales: a) el empleo y el modo en que el efecto multiplicador contribuye a la recuperación del mismo; b) la competitividad de la economía, mejorando a mediano y largo plazo las vías de comunicación y la infraestructura vinculada a la producción; c) el equilibrio federal, con la intención de colaborar en la reducción de las asimetrías territoriales del país, recurriendo a indicadores y criterios objetivos, asociados a población y otras variables.

El aumento de la inversión, además, tiene que ser acompañado por una política de apertura de información e integridad en el uso de los recursos públicos, donde al mismo tiempo que se efectúen mejoras de las intervenciones sobre la base de experiencias, también se desplieguen procesos de mejoramiento en la gestión, el conocimiento y el control ciudadano de lo que hacemos.

Por ello, este año se presentó también MapaInversiones, una plataforma desarrollada junto al BID y cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información y la participación ciudadana para garantizar una mayor transparencia en todo el proceso de la obra pública. La confianza pública es central para el accionar del Estado, pero no siempre ha sido una prioridad. Por ello, el ministro, Gabriel Katopodis, estableció un cambio de perspectiva que reemplace una visión cerrada y tradicional por otra innovadora y abierta.

En esa línea, fue creado el Observatorio de la Obra Pública, un espacio de participación institucional impulsado por el MOP y que convoca de forma amplia a universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias, sindicatos y otros actores vinculados al proceso de contratación y ejecución de la obra pública.

Es un ámbito dinámico constituido por una red de referentes prestigiosos con experiencia en el sector y plural: la UBA, UNSAM, UTN, el Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, CIPPEC, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Poder Ciudadano, la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA.

Desde este espacio se llevan adelante recomendaciones de buenas prácticas e iniciativas orientadas a fortalecer el conocimiento y control ciudadano, la integridad, la efectividad y la innovación de los sistemas de contratación, ejecución y monitoreo de la obra pública atendiendo a la reducción de brechas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas (ONU), la generación de trabajo, y en visibilizar los impactos de la obra pública en la niñez y en la igualdad entre los géneros.

Hasta el momento, después de más de 10 reuniones con expertas y expertos, referentes sociales, sindicales, y otros actores de la construcción, el Observatorio recibió aportes para establecer un código ambiental y social, incorporar el criterio de sustentabilidad, optimizar la eficiencia y los costos, acordar un nuevo código de ética, impulsar campañas de sensibilización y capacitaciones aplicadas sobre conflictos de intereses e introducir indicadores de sustentabilidad, brechas de inversión, género, niñez e impacto en el trabajo de la obra pública.

Argentina necesita una nueva agenda de obras de largo plazo con capacidad para atender a la contingencia. Para lograrlo, sin dudas, es fundamental incorporar innovaciones tecnológicas, la participación y el control ciudadano, el diálogo y el conocimiento de distintas instituciones en favor de la equidad, la transparencia y el federalismo.

(*) Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas. Politóloga, Doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA y Magister en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.

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