Por Jorge Colina (*)
El llamado “impuesto a las grandes fortunas” es técnicamente deficiente y ni siquiera apunta a solucionar la crisis económica y social.
El Estado Nacional tiene un severo problema de déficit fiscal. El 2020 cerrará con un déficit fiscal de 8% del PIB, de los cuales 4% del PIB es déficit fiscal no-Covid, o sea, exceso de gasto público no directamente dirigido a atender la pandemia. No tiene ninguna vía de financiamiento en el mercado de capitales, por lo que sólo queda financiarse con emisión monetaria. Esto trae mucha inestabilidad en el dólar, una inflación creciente y caída de la inversión pública y privada. Con esto, se alejan las posibilidades de recuperación económica y del empleo. Lo que agrava el déficit fiscal y, esto, la crisis económica.
En suma, el Estado Nacional tiene una macroeconomía desquiciada que obviamente limita a que las provincias y municipios puedan hacer sus propios deberes para salir de la crisis.
Diputados y senadores responsables se juntarían para discutir con alta solvencia técnica las estrategias para empezar a ordenar el Estado Nacional. Así, recuperar el crédito público para no tener que apelar tan masivamente a la emisión monetaria, que es la fuente de la inestabilidad y el deterioro macroeconómico.
Los diputados y senadores argentinos, en cambio, se juntan para proponer un aporte extraordinario sobre las personas con activos superiores a $200 millones, por única vez, que ni siquiera va a ir al Estado Nacional, que es el que está fundido.
El 20% de lo recaudado será para comprar productos médicos. La lógica de colocar esta finalidad primera es porque es la más “vendible” dado el temor que tiene inculcada parte de la población con el coronavirus. La verdad que no hace ningún sentido, dada la característica del problema argentino. El que está fundido es el Estado Nacional, pero este dinero va a ir a las provincias, porque son las que usan los productos médicos ya que ellas son las manejan el sistema de salud pública en Argentina.
Otro 20% es para darles subsidios a las pymes, pero no para promover la recuperación de la producción sino para sostener el pago de las remuneraciones de los trabajadores. En la mente de los legisladores parece que no cabe la idea de que la mejor forma de sostener el salario de los trabajadores es produciendo, no subsidiando.
Otro 20% es un regalo al Progresar, un programa asistencial que brinda un estipendio a jóvenes entre 18 y 24 años que declaran estar estudiando. El lector pensará, bueno, al menos esto va a educación universitaria. No necesariamente. El joven ?que ya debería haber terminado la secundaria porque para eso le pagaron la Asignación Universal por Hijo (AUH)? puede declarar estar todavía en la primaria o secundaria, o bien, un curso de capacitación del cual nadie certifica ni su calidad ni su utilidad.
Otro 15% es para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el cual tiene por objetivo mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares. Si estos recursos efectivamente son asignados a soluciones habitacionales, entonces, también deberían ir a las provincias y municipios que, al igual que el sistema de salud, son los responsables por las acciones de vivienda y urbanismo. Lo más probable es que esto termine en manos de las organizaciones piqueteras que trabajan en los barrios populares y son allegadas a funcionarios del Gobierno Nacional.
El desaguisado más inentendible son los restantes 25% que irán a YPF para que produzca gas. La exploración y producción de gas no se puede financiar con un aporte extraordinario. Requiere de sofisticados esquemas de riesgo compartido entre el Estado e inversores privados nacionales y extranjeros, especializados, con contratos de largo plazo para que sea sostenible. Pretender producir gas con un aporte extraordinario es como querer producir gas organizando rifas en beneficio de YPF.
Con esta ley, el desquicio macroeconómico seguirá e incluso empeorará. Los damnificados por el aporte compulsivo se van a ver desalentados a invertir. No porque sean insolidarios. Sino por la desesperanza que causa tanta falta de responsabilidad de los que definen las políticas públicas.
El aporte obligatorio a las grandes fortunas terminará aportando más crisis.
(*) Idesa
