Por Armando Torres Periodista y consultor
Un nuevo impuesto debe ser el último recurso para agregar fondos al Estado. Puede acudirse a esa propuesta sólo cuando se agotan las iniciativas para crear condiciones para la inversión y la capacidad de persuasión de las autoridades.
El avance del oficialismo en la Cámara de Diputados para la creación de un impuesto grosero, al que se denominó "aporte solidario de las grandes fortunas", evidencia su incapacidad para crear condiciones para la inversión y así aumentar la tributación y generar nuevos empleos, único círculo virtuoso que provocará la recuperación y el crecimiento.
El Gobierno no ha tenido tampoco la capacidad o voluntad para convocar a un verdadero aporte solidario de las grandes fortunas que podía haber sido resultado de una negociación por un bono conjugado con compromisos de inversión y otras expectativas de un camino hacia la prosperidad.
Aferrado al prejuicio bíblico de Mateo (19,23-20) de que “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos", el oficialismo avanza hacia un impuesto que podrá determinar a muchos argentinos a no invertir nunca más en su propio país. Y muchos extranjeros estarán observando el movimiento, con la idea de que podrían ser los próximos.
Los ricos no necesitan que alguien los defienda en la prensa; tienen suficientes recursos como para contratar los mejores estudios legales y contables.
Lo que aquí se defiende es la racionalidad, que incluye una mirada hacia atrás; hacia 2002, por ejemplo, cuando Argentina, en el Gobierno de Eduardo Duhalde, empezó a apagar el incendio creando condiciones para la inversión. Entonces no recibió financiamiento externo y ninguna empresa extranjera quiso tomar riesgos inmediatos en el país. Fueron las empresas nacionales, empresas de los ricos y pymes, y empresarios agropecuarios, quienes cargaron en sus espaldas la responsabilidad de la inversión que permitió emerger y crecer de forma sostenida cinco años.
El paso inicial de los diputados al darle media sanción al "aporte solidario", que no es aporte ni solidario, pasará a ser, seguramente, una de las páginas más demagógicas de la historia del Congreso Nacional. Alguien lo comparó con “el aplauso del default”.
Pero lo más probable es que detrás de un enunciado supuestamente noble -hacerse de un plumazo de $300.000 millones para destinarlos a la emergencia sanitaria, a las pymes, a programas para el desarrollo de los barrios populares, al programa integral de becas Progresar y de proyectos de exploración y desarrollo de gas natural- haya una enorme cuota de resentimiento, cuando no la intención de crear "cajas" políticas que, en general, se administran con opacidad, ligereza y descaro.
