Las problemáticas en la circulación interjurisdiccional se han profundizado en los últimos días, alerta la Unión Industrial Argentina (UIA) y detalla que los cortes en las rutas nacionales 7, 8, 20 y 188 y las provinciales 30 y 55, están dificultando la libre circulación en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan. “A raíz de estos hechos, el transporte y la distribución de mercadería e insumos vinculados a la cadena de producción ingresaron en una zona que pone en riesgo uno de los activos que el sector puso al servicio del país durante la pandemia: abastecer a todos los argentinos”, advirtieron los industriales en un comunicado.
“Industrias esenciales del sector de la salud, empresas productoras de alimentos, higiene personal, colchones, los sectores automotriz, de la construcción, entre otras, están sufriendo paradas de líneas por falta de insumos”, dijeron desde la UIA y alertaron por las consecuencias: “Se están incumpliendo compromisos con las demás regiones del país y contratos asumidos con el comercio exterior de países limítrofes, en un momento en que las exportaciones ya se han visto fuertemente afectadas. Evitar la pérdida de mercados y favorecer el ingreso de divisas por exportaciones es especialmente relevante para Argentina”.
Las nuevas restricciones de circulación surgen en un contexto de suba generalizada de costos operativos y logísticos. Ya antes de este episodio, según el último relevamiento de UIA, el 71% de las empresas relevadas había registrado dificultades logísticas con el transporte interjurisdiccional. “Al mismo tiempo, la industria está invirtiendo desde hace seis meses en protocolos que garanticen la dimensión sanitaria de la producción y la salud de los trabajadores. Este tipo de situaciones atentan contra el esfuerzo que toda la sociedad argentina está llevando adelante”, agregaron desde la entidad fabril. Según el mismo relevamiento, a las dificultades mencionadas se les adicionan aumentos en los costos operativos vinculados al traslado del personal (50% de las empresas de San Luis afirmó hacerse cargo del mismo y equivale al 17% del costo salarial total) y a la implementación de tests preventivos de la Covid-19, que en su mayoría son financiados por las propias empresas.
“Los actuales cortes interprovinciales impactan negativamente sobre el esfuerzo realizado por los industriales para sobrellevar esta difícil situación, generando dudas sobre nuevas inversiones y afectando directamente la continuidad de los puestos de trabajos de persistir dicho conflicto”, agregaron en la misma línea.
Por estos motivos, las cámaras socias de la UIA han expresado su preocupación a los gobiernos provinciales a través de las entidades industriales territoriales correspondientes. También se ha puesto al tanto al Gobierno respecto al impacto que tiene esta situación en la industria y la sociedad. “La continuidad del abastecimiento de productos y del empleo de muchos argentinos requieren del levantamiento de los cortes mencionados, que no hacen otra cosa más que profundizar la incertidumbre en un contexto atravesado por las consecuencias de la pandemia”, concluyeron.
Fadeeac contra San Luis
El jueves, la Federación Argentina de Entidades Empresarios del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) había exprsado "su preocupación por la crisis que se vive en la provincia de San Luis" y reiteró su pedido a las autoridades provinciales "para que detengan el avasallamiento realizado sobre los derechos constitucionales y fijen nuevos protocolos de ingreso y salida de transportes que sean compatibles con la actividad económica".
Además, advirtieron por "los graves problemas de abastecimiento de productos esenciales como alimentos, medicinas y combustibles en varias provincias como consecuencia de las medidas de fuerza realizadas tanto por transportistas como por productores".
Para la federación, que representa más del 80% del transporte de cargas en Argentina, "es indispensable generar condiciones comunes a todo el territorio nacional para que los transportistas puedan seguir operando bajo un único protocolo unificado que es el establecido por el gobierno nacional"-
"La situación a la cual se enfrentan las empresas transportistas cada vez que ingresan a San Luis es insostenible y viola los derechos más elementales de nuestra Constitución Nacional y de las personas. Los abusos se repiten sistemáticamente y las condiciones solicitadas para el ingreso resultan imposibles de cumplir", concluyeron en un comunicado.
