Por Matías Surt (*)
El Poder Ejecutivo presentó la semana pasada el proyecto de ley mediante el cual se establece el Presupuesto Nacional para el ejercicio 2021. Más allá de las cuestiones puramente presupuestarias que hacen al financiamiento de todas las áreas, programas y responsabilidades que tiene el sector público, el Presupuesto establece los lineamientos macroeconómicos que configuran el escenario para los próximos años y la visión oficial del Ministerio de Economía sobre la evolución macroeconómica.
El año próximo, según los supuestos del proyecto, la economía local tendría una recuperación del 5,5% (luego de contraerse algo más de 12% en la estimación oficial), con una inflación hacia fin de año del 29%, un dólar oficial de $102,4 en diciembre y un déficit fiscal de unos 6 puntos del producto para todo el sector público no financiero. El financiamiento de este desbalance presupuestario provendría 60% de emisión monetaria y 40% de endeudamiento en el mercado interno.
Más allá de que la consistencia de todos estos números, es decir, la coherencia o el “cierre” de todos juntos de manera equilibrada, resulta muy dudosa, me parece interesante enfocar el análisis en la visión general del Gobierno sobre el proceso económico, de un modo conceptual más que en los números específicos que tomarían las variables.
Tanto en el mensaje del proyecto, como en la exposición por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Cámara de Diputados, el equipo económico hace referencia a un “modelo de desarrollo” mediante el cual piensan el desenvolvimiento de la economía a futuro, que se caracteriza por una serie de factores con determinado ordenamiento causal.
La primera condición del “modelo oficial” es la inclusión social, el segundo objetivo es la promoción de una economía dinámica (es decir, crecimiento económico) y la tercera característica -a la que se le suman una cuarta y quinta- es la estabilidad macroeconómica. Es decir que se presenta un proceso ordenado de una forma que podríamos resumir como “lograr inclusión social, para luego crecer y finalmente estabilizar la economía”.
Desde mi perspectiva estas tres condiciones del modelo están ordenadas exactamente de manera inversa a lo que requiere la coyuntura económica argentina. La condición primaria para pensar en cualquier otra es la estabilidad macroeconómica. Una vez conseguida ?o mientras se encamina el proceso económico hacia uno estable- puede pensarse en la recuperación del dinamismo o crecimiento perdido y, finalmente, el resultado de una economía estable y en crecimiento, necesariamente implica una mejora de las condiciones del mercado laboral y los ingreso de la población, mejorando los indicadores sociales. Este último eslabón de la cadena, que algunos podría invalidar como “teoría del derrame”, desde luego que puede ser complementado o acelerado desde el Estado con políticas sociales. Es una cuestión de preferencias. Lo que es innegable es que, para incluir, para redistribuir, primero hay que crecer, primero hay que generar.
Ese orden invertido de los objetivos no es meramente una cuestión formal, sino que implica cuestiones prácticas en el diseño de la política económica que lleva a estrategias equivocadas o que, al menos, pueden hacer incrementar los enormes riesgos que hoy ya enfrenta la economía argentina, en lugar de disiparlos.
En consecuencia, con este enfoque, el principal objetivo de la política fiscal según el Presupuesto será el impulso a la demanda agregada para asegurar la recuperación económica. En la misma línea, la política monetaria tendría como principal rol garantizar el acceso al crédito en condiciones ventajosas para la producción doméstica, luego de ser el asistente principal del Tesoro vía emisión monetaria.
La macroeconomía argentina perdió la estabilidad allá por el año 2007, cuando la tasa de inflación se ubicó cómodamente en las dos cifras y aún a fuerza de congelamientos e intervenciones (al sistema de precios y al estadístico) no hizo más que subir. Dos años más tarde se cayó en el déficit fiscal persistente y creciente, financiado con emisión monetaria. El año 2011 marcó el fin del crecimiento económico y el PIB per cápita cae persistentemente desde entonces, rematado con el fenomenal hundimiento de la economía en 2020. Finalmente, el “proceso de inclusión” se interrumpió en el año 2013 cuando la pobreza se estancó, primero, y comenzó a subir, con idas y vueltas, después.
El propio recorrido cronológico nos está indicando el camino: tenemos que empezar por el principio y recuperar la estabilidad para dar la previsibilidad necesaria que requiere un proceso de crecimiento sostenido. Forzar una recuperación de la actividad económica, sin antes asegurar los equilibrios indispensables de la macro, es generar un proceso con alta probabilidad de interrupción en cualquier momento y terminar en una nueva recesión y frustración, con peores consecuencias sociales. Más aún con la magnitud de los desequilibrios generados en los últimos meses.
El diseño del Presupuesto está perdiendo el rol que debería cumplir en esta compleja coyuntura: el de ser el faro de guía de las expectativas privadas para intentar anclarlas hacia un escenario de ordenamiento macroeconómico y menor nominalidad. En este sentido, tanto la política fiscal como monetaria deberían ser lo más conservadoras posibles, mostrando el compromiso del equipo económico en lograr la estabilidad como punto de partida.
Sin estabilidad no volverá el crecimiento que el país perdió hace ya una década. Y sin crecimiento no hay prosperidad a la cuál incluir a nadie, no hay riqueza para distribuir. Si no damos vuelta el presupuesto, si no invertimos los factores del modelo, la probabilidad de experimentar otra crisis será mayor, corriendo el riesgo de que lo único que quede para redistribuir sea más pobreza.
(*) Economista de Invecq Consulting
