El capitalismo de plataformas se apresta a dar una batalla decisiva en California

28 de octubre, 2020

uber

Por Pablo Maas

El martes 3 de noviembre en California, además de presidente, también se vota la Proposición 22, que decidirá si los trabajadores de plataformas como Uber, Lyft y otras deben ser considerados empleados en relación de dependencia o contratistas independientes. El resultado puede ser decisivo para el futuro de estas empresas, que han invertido enormes sumas en publicidad para ganar la batalla. De hecho, se trata de la campaña electoral por asuntos locales más cara en la historia del “estado dorado”, que hasta comienzos de esta semana había superado los 200 millones de dólares, en su mayor parte aportados por los campeones de la llamada “gig economy”: Uber, Lyft, Instacart, DoorDash y Postmates.

Todas ellas buscan exceptuarse de tratar a sus trabajadores como empleados en relación de dependencia, según lo establecido en una ley del estado de California aprobada el año pasado (Assembly Bill 5 o AB 5) pero combatida desde entonces en los tribunales por las empresas. Lo que estas lograron finalmente fue que la Proposición 22 se escribiera como una excepción a la AB 5 para cualquier empresa que suministrara servicios de transporte o entrega a través de una aplicación. La P22 introduce una suerte de tercera categoría laboral en la legislación, la del trabajador eventual contratado, con algunos derechos, como un piso de ingresos garantizado.

Claro que esto tiene sus trampitas. El ingreso garantizado incluye 120% del salario mínimo y 30 centavos por milla para los conductores de Uber y Lyft, pero esto se aplica sólo al tiempo de trabajo en el que efectivamente se están transportando los pasajeros. Pero se sabe que los choferes pasan la mayor parte de su tiempo esperando ser llamados por los pasajeros. La Universidad de California en Berkeley publicó un estudio que muestra que de esta manera la “garantía” salarial baja a US$ 5,64, bien por debajo de los US$ 13 por hora al que tienen derecho los empleados en California. Uber y Lyft negaron la validez de este estudio y encargaron otro que mostró que los ingresos suben hasta US$ 25 y US$ 27 la hora, lo que a su vez fue refutado por UC Berkeley.

Además del “piso” salarial, la P22 incluye ciertos beneficios que en realidad son sustitutos de derechos garantizados por el empleo tradicional. Se trata de protecciones o derechos más débiles que aquellos que los trabajadores obtendrían como empleados en relación de dependencia. En muchos casos, se aplican solamente si se trabaja más de un cierto número de horas. Por ejemplo, la cobertura de salud se otorga a choferes que estén transportando pasajeros al menos 25 horas por semana (neto) y no se trata de un seguro de salud, sino de un subsidio para comprar un seguro de salud. Tal como está redactada y en caso de ser aprobada, la P22 resultará muy difícil de revertir para las autoridades locales o municipales. Esto explica la fuerte inversión publicitaria a su favor.

Mientras siguen las discusiones, los votantes están siendo bombardeados por TV, radio, servicios de streaming y hasta por WhatsApp. Varias empresas fueron denunciadas ante la justicia por publicitar a favor del sí en sus propias aplicaciones. El voto por el “no” es financiado principalmente por los sindicatos, que han invertido apenas US$ 20 millones en la campaña, el 10% de sus rivales, lo que ha transformado a esta pelea en una lucha de David contra Goliat. Pero al revés de lo que ocurre en esa historia, parece que Goliat lleva las de ganar: hasta el 26 de octubre, las encuestas mostraban que el 46% de los votantes estaban a favor, el 42% en contra, con un 12% de indecisos. Demostrando el impacto del gasto publicitario, las encuestas de mediados de septiembre mostraron que el voto era del 36% a favor y 34% en contra. De cualquier forma, la iniciativa necesita más del 50% para imponerse, de modo que todavía no hay nada definitivo

Si la P22 llega a perder, las empresas han amenazado con fuertes aumentos de precios en sus servicios, muy populares entre los consumidores. Si ese fuera el caso, deberían pagar impuestos y salarios retroactivos que el estudio de la UC Berkeley estimó en US$ 413 millones para el período 2014-2019. Ni Uber, que tiene un valor de mercado de US$ 60.000 millones, ni Lyft (US$ 7.000 millones) han mostrado hasta ahora ganancias en sus balances. Los mayores costos laborales serían perjudiciales para su modelo de negocios, que es precisamente lo que entusiasma a Wall Street. El voto de California, el estado en el que nació la “gig economy” (Uber tiene su sede central en San Francisco) es crucial para el futuro de esta nueva forma de organización del capitalismo del Siglo XXI y promete proyectar una larga sombra mucho más allá del Oeste de los Estados Unidos.

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