Por Jorge Colina (*)
Los consejos económicos y sociales son una idea que Juan D. Perón trajo a Argentina desde Europa continental en la década del '40. La visión es la de una sociedad corporativista, organizada alrededor de los representantes empresarios, de los trabajadores y el Estado actuando como árbitro. Subyace la noción de que el gobierno se ejerce desde una cúpula centralizada de manera piramidal al resto de la sociedad.
Para ilustrar que no se trata de una manera abierta y plural de gobierno, en los consejos económicos y sociales no participan los miembros del Congreso, que son los representantes directos del pueblo, elegidos por los ciudadanos. Por el contrario, participan los elegidos por los miembros de la corporación. Así es como allí se congregan las representantes del campo, la industria, el comercio, los servicios y los bancos, y los representantes de los sindicatos bajo el paraguas de una confederación sindical. Por el Estado, participan los ministros de Economía, Producción y Trabajo.
Lejos de demonizar los consejos económicos y sociales, parecería que a los países de Europa continental algún resultado les habría dado en el pasado. Fueron instancias de diálogo en la reconstrucción de la posguerra. A medida que la producción mundial tendió a organizarse en las cadenas globales de valor, las fronteras económicas nacionales se desvanecieron. Naturalmente, perdió sentido estar planificando centralizadamente la producción nacional cuando gran parte de ella se realiza en el extranjero.
Como Argentina desde la época de Perón tuvo severos problemas de inflación crónica, los consejos económicos y sociales fueron para discutir precios y salarios. Lejos de un consejo central que planifica el desarrollo, fueron lugares donde se trataba de ordenar la puja distributiva. Antes de poner en marcha un plan antiinflacionario, en el consejo económico y social se consensuaban los precios de referencia: tasas objetivos de inflación y tipo de cambio, ajustes impositivos y de tarifas públicas, y pautas salariales.
Tan es así que eran tertulias de discusión de precios y salarios, que en la década de los '90, cuando se desterró la inflación en Argentina, los consejos económicos y sociales perdieron momento. Dejaron de funcionar. En 1994 hubo un intento de darles vida con el “Acuerdo
Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social” donde participaron la CGT, UIA, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, ADEBA, ABA, la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio. Pero quedó en la nada. Posiblemente porque no había aumentos de precios y salarios para acordar y estaba la palabra “productividad” que en Argentina no es convocante para la política sindical y empresaria.
Ahora vuelve el Consejo Económico y Social. Su objetivo es el de siempre: buscar la reactivación económica y el aumento del empleo coordinando precios y salarios. Pero este Consejo tiene un aditamento. No es más tripartito. Al Estado, las empresas y los sindicatos se suma un cuarto: los representantes de la economía popular.
No habría motivos para que la economía popular no esté presente en el Consejo Económico y Social. De hecho, sólo la mitad de los ocupados en Argentina tiene un empleo asalariado “en blanco”, es decir, empleo generado por el Estado y las empresas y representado por los sindicalistas sentados en el Consejo.
La otra mitad del mercado laboral son cuentapropistas (no tienen empleador, ni sindicalista) o asalariado “en negro” (tienen empleador, pero en una unidad informal, de bajísima productividad, haciendo una producción de subsistencia y sin sindicalismo, porque si no desaparecería). Esta mitad de los ocupados es la que los representantes de la economía popular dicen venir a representar en el Consejo Económico y Social.
Que la economía popular tenga sillas en el Consejo Económico y Social es el fracaso del Consejo. Si los consejos económicos y sociales que tuvo Argentina hubieran logrado una economía con muchas más empresas, una legislación laboral e impositiva moderna que posibilitara la inclusión económica y social de la mitad que hoy está excluida en el cuentapropismo y la informalidad, la economía popular no existiría.
Existe porque en Argentina hay un mercado laboral dual donde una mitad tiene salarios razonables y protección laboral, y la otra mitad tiene salarios paupérrimos y precarización laboral, debido a que en este segmento las leyes laborales terminaron siendo inaplicables. Por eso, esta gente pugna por sumar a sus míseros ingresos laborales ayudas asistenciales.
En fin, si los tradicionales miembros del Consejo Económico y Social (ministros de las áreas de Economía, Producción y Trabajo, representantes de las empresas y sindicalistas) tienen que amontonarse para hacer lugar en la mesa a la economía popular, es porque los Consejos Económicos y Sociales no sirven para nada.
(*) Economista de Idesa
